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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/07/2025 05:19
[ Los tres hermanos Etchevehere -Luis Miguel, exministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri; Arturo Sebastián, excandidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza y hasta esta semana titular de Anses en Paraná; y Juan Diego, presidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos- se negaron a prestar declaración indagatoria ante el juez del Juzgado Federal Nº 1, Daniel Edgardo Alonso, quien tramita una denuncia presentada por su hermana, Dolores Etchevehere, por violencia económica y estafa. Esta denuncia también involucra a la madre de los cuatro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial. En un primer momento, Dolores Etchevehere optó por un camino más impactante y presentó la denuncia en los Tribunales porteños de Comodoro Py. Sin embargo, el caso fue rechazado en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente en marzo de 2021, trasladando las actuaciones al Juzgado Federal de Paraná. Esa causa en los tribunales federales no agota los planteos de Dolores Etchevehere en contra de sus hermanos y su madre. El Juzgado Federal de Paraná ya tramita una causa contra su familia a partir de un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Además, existe una causa por estafa en la Justicia entrerriana, en la que los Etchevehere han sido procesados; esta medida, confirmada por la Cámara de Casación Penal, se originó en el año 2013. La denuncia de la menor de los Etchevehere, que fue tomada por el fallecido fiscal federal Federico Delgado, apunta a los miembros directos de su familia, quienes, según su testimonio, “urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas con el objetivo de despojarla de sus derechos hereditarios, mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica”. En particular, señaló a Luis Miguel Etchevehere, quien, según ella, cometió tales hechos abusando del cargo que ocupó como ministro de Agroindustria de la Nación, aprovechando los beneficios y la capacidad de influir sobre personas, organismos y medios de comunicación que su posición privilegiada le otorgaba y aún le otorga. Agregó que desde el fallecimiento de su padre, Luis Félix Etchevehere, en 2009, no ha recibido dinero ni bienes, describiendo la maniobra como un ahogo financiero en su contra. En los tribunales federales, Dolores Etchevehere declaró que se encuentra en un estado de indefensión, afirmando que sus familiares doblegaron su voluntad para que, el 31 de agosto de 2018, firmara un acuerdo privado de adjudicación y partición de la herencia, el cual calificó como “absurdo, leonino, abusivo”. Este acuerdo privado es el argumento que utilizan su madre y sus hermanos para rechazar todas y cada una de las imputaciones de Dolores: aseguran que ella ya recibió su parte de la herencia, pero que tuvo un manejo poco provechoso de ese dinero, incluso alegando que lo malgastó. “Le compró la casa en un country al extenista Javier Frana”, afirman en su familia. Ante el juez Alonso, Luis Miguel Etchevehere fue convocado a indagatoria. Sin embargo, atendiendo a la petición del magistrado, el dirigente rural manifestó que “habiendo sido asesorado y asistido previamente a esta audiencia por sus abogados defensores, no prestará declaración pero en el futuro solicitarán audiencia para prestar declaración indagatoria ampliatoria”. Con similar postura y siguiendo la recomendación de sus defensores, Guillermo Brunner y Rubén Pagliotto, Arturo Sebastián Etchevehere señaló que “habiendo sido asesorado y asistido previamente a esta audiencia por sus abogados defensores, no prestará declaración por consejo de sus abogados, pero en el futuro solicitará audiencia para prestar declaración indagatoria ampliatoria”. Por su parte, Juan Diego Etchevehere expresó que “no prestará declaración por recomendación de sus abogados para poder leer la causa y revisar las pruebas obrantes”. El motivo por el que el caso fue inicialmente derivado a los tribunales federales de Comodoro Py radica en que uno de los denunciados, su hermano mayor, Luis Miguel Etchevehere, ejerció como ministro del gabinete del expresidente Mauricio Macri entre 2017 y 2019, y Dolores alega que utilizó esa posición para perjudicarla. En su presentación judicial, Dolores se refirió a “la existencia de una maquinaria mafiosa que opera extorsionando y ejerciendo toda clase de violencia, en mi caso, principalmente económica y psicológica, encabezada por mi hermano Luis Miguel Etchevehere, quien se valió del poder político, económico e influencias durante su permanencia en Buenos Aires desde 2017, periodo en el que yo también residía en la misma ciudad. Utilizó las facultades jurídicas del cargo de Presidente de la Sociedad Rural y de Ministro de Agroindustria de la Nación, con el objetivo de despojarme de todos mis bienes, producto del acervo hereditario de mi padre, a través de la extorsión, aprovechándose de mi condición de mujer sola.” Declaraciones de Dolores En su presentación judicial, Dolores también mencionó un encuentro que tuvo en Paraná con el Procurador General Jorge Amílcar García, y el tono de la conversación que mantuvieron. “Asimismo, la denunciante expresó en autos que acudió a las oficinas del Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, debido a las irregularidades que estaban ocurriendo en torno a la sucesión de su padre y a los negocios relacionados con sus hermanos. Indicó que él estaba al tanto de las instancias previas al acuerdo marco y que tenía una relación personal e íntima con sus hermanos, así como con sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini. Contó que, durante dicho encuentro, García tenía un expediente que golpeaba con su palma derecha mientras le decía ‘tranquila chiquita, tranquila’; ese expediente contenía muchas de las pruebas que evidencian el accionar de los hermanos Etchevehere y Leonor Barbero Marcial tras el fallecimiento de Luis Félix Etchevehere, señalando que el hecho de que la causa no avanzara era un claro favor de la justicia hacia (Luis Miguel) Etchevehere en virtud de su cargo de ministro”, se cita en la resolución de Rafecas. Además, relató que tuvo un encuentro en Buenos Aires -en el Jumbo de Bullrich y Cerviño- con el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el actual fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. “Una vez allí, Dolores Etchevehere se encontró con Báez, pero también con Julio César Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de Entre Ríos. Este último, entre otras cosas, le hizo saber que conocía a su hermano de niño, ya que habían ido al colegio juntos. Según la denunciante, el fiscal viajó de Entre Ríos a Buenos Aires para desactivar la denuncia de la Procelac”. Tras afirmar su incompetencia para seguir con la causa, Rafecas señaló: “De la prueba producida surgen importantes indicios que sugieren el accionar conjunto de Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, en perjuicio de la denunciante, que han motivado el pedido de indagatoria formulado por el Sr. Agente Fiscal Dr. Delgado”. Luego añadió: “Sin perjuicio de lo expuesto, es importante destacar que uno de los individuos denunciados por el Dr. Delgado como responsable de los hechos denunciados, Luis Miguel Etchevehere, ejerció la cartera de Agroindustria de la Nación desde el 21 de noviembre de 2017 hasta el final del mandato del ex Presidente Mauricio Macri, en diciembre. Esta circunstancia desplaza por sí misma la competencia de los tribunales ordinarios a la justicia federal”. Así, el magistrado determinó que “es claramente evidenciado que el Magistrado competente para continuar con estas actuaciones es aquel con jurisdicción territorial en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, ya que continuar el trámite por parte de este Tribunal podría afectar el derecho del Juez natural, consagrado por el artículo 18 de la Constitución”. En sintonía, dictaminó que “corresponde declarar la incompetencia de este Tribunal para seguir entendiendo las presentes actuaciones, y remitirlas al Sr. Juez Federal de Paraná, con competencia penal, a fin de que prosiga con la sustanciación de la causa, logrando así la efectiva aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, así como la protección de los derechos constitucionales del juez natural y defensa en juicio”.
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