16/07/2025 08:43
16/07/2025 08:43
16/07/2025 08:42
16/07/2025 08:42
16/07/2025 08:42
16/07/2025 08:41
16/07/2025 08:40
16/07/2025 08:39
16/07/2025 08:38
16/07/2025 08:38
Parana » Informe Digital
Fecha: 15/07/2025 17:32
En agosto, los ingresos de los beneficiarios del sistema previsional experimentarán un incremento del 1,62%. Este ajuste se aplicará a jubilaciones, pensiones contributivas y otras prestaciones sociales. La suba responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, publicado este lunes por el Indec, y forma parte del esquema de actualización mensual implementado por el Gobierno. Aún se espera la confirmación de ANSES, pero el haber mínimo jubilatorio ascendería de $309.294,79 a $314.305 en valores brutos. Este aumento se suma a los ajustes mensuales que se han aplicado desde abril de 2024, cuando se implementó la nueva fórmula de movilidad basada en la evolución de la inflación. Si el Ejecutivo lo decide, como ha sido la práctica habitual, a este monto se añadirá un bono de $70.000, lo que elevaría el total a $384.305. Este suplemento sigue siendo una medida transitoria, sin un mecanismo automático de actualización y su continuidad se ratifica mes a mes mediante decreto. Desde marzo de 2024, su valor se ha mantenido congelado, lo que disminuye progresivamente su capacidad de compensar la inflación a medida que pasan los meses. Este monto funcionará como piso garantizado para jubilados y pensionados del régimen contributivo. Aquellos que, tras el aumento, perciban un haber inferior a este umbral recibirán un complemento equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar dicho monto. En cuanto al haber máximo, este pasará de $2.081.261,17 a $2.114.978. En ambos casos, los nuevos montos se reflejarán en los pagos del mes próximo. Respecto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es una prestación no contributiva equivalente al 80% de la jubilación mínima, su valor aumentará de $247.435,83 a $251.444. Si se incluye el bono de $70.000, el total ascenderá a $321.444. El impacto del ajuste mensual también alcanzará a otros beneficios sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por hijo para trabajadores formales también verán un aumento. En el caso de la AUH, los nuevos montos serán de $112.919,95 para menores de 18 años y de $367.687,47 para hijos con discapacidad. Estos valores se abonan en un 80% mensualmente, mientras que el 20% restante se liquida anualmente, siempre que se cumplan los requisitos de salud y educación. A pesar de que el Senado aprobó un incremento extra del 7,2% y un bono de $110.000 para jubilados y pensionados, el presidente Javier Milei adelantó su intención de vetarlo, por lo que los cálculos se hicieron sin considerar dicho proyecto. Este porcentaje es necesario para que el aumento extraordinario del 12,5% concedido por decreto en abril de 2024 alcance el 20,6%, cifra que corresponde a la inflación de enero de ese año. Sin embargo, aun ante el rechazo del Ejecutivo, el Congreso puede insistir en el aumento tras el veto, quedando abierta la posibilidad de llevar el asunto a instancias judiciales. Desde la Casa Rosada justifican el veto argumentando que no sacrificarán el superávit fiscal. El aumento del bono a $110.000, y su posterior ajuste por inflación, representaría un costo fiscal aproximado del 0,26% del PBI, dado que la Oficina del Presupuesto del Congreso había estimado que el impacto fiscal sería del 0,23% si se establecía en $105 mil y del 0,30% si se fijaba en $115 mil. Finalmente, la oposición llegó a un consenso en torno a una cifra intermedia. De acuerdo con un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES tendrá un costo de 0,20% del PBI para 2025 y del 0,42% para 2026, acumulando un total de 0,7% del PBI. Además, se aprobó la extensión por dos años de la moratoria previsional, un mecanismo que permite a quienes no cuentan con 30 años de aportes completar los períodos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Este sistema había quedado sin vigencia en marzo, tras la decisión del Gobierno de no renovarlo. Desde la oposición advierten que, sin esta herramienta, siete de cada diez personas se verían imposibilitadas de jubilarse.
Ver noticia original