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» Comercio y Justicia
Fecha: 15/07/2025 09:30
Argumentando que el estado no debe “financiar, promover ni imponer” la identidad de género de las personas, diputados del PRO y de LLA presentaron un proyecto de ley que prohíbe el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales o quirúrgicos de quienes quieran adecuar su apariencia con su identidad autopercibida. Así, elimina la posibilidad que tienen hasta hoy los mayores de 18 años, amparados por la Ley de Identidad de Género. La iniciativa contempla también excluir las prácticas de los programas de obras sociales y el Plan Médico Obligatorio (PMO). Sostiene que el estado (todos sus órganos, dependencias, entidades descentralizadas y empresas con participación estatal) deberán “abstenerse de promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad.” El texto aclara que no niega la libertad individual ni el derecho de todo individuo a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género, pero pide “un marco que respete los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del estado y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”. Planteó además que con la sanción de la Ley 26.743 “se utilizó al Estado” para “intervenir, financiar, promover e imponer” determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas que “no gozan de consenso social ni científico” y no debían ser objeto de financiamiento público “compulsivo.” “El estado no debe intervenir condicionando a terceros para que financien la decisión personal de aquellos que deciden sobre su identidad y su proyecto de vida. Tampoco puede suplantar la patria potestad cuando un menor quiere cambiar de género. Los padres deben dar su autorización y consultar con los profesionales correspondientes si el deseo de su hijo/a es real o está motivado por campañas impuestas por ciertos sectores de la sociedad”, cerró. Hace cinco meses, el Gobierno nacional anunció cambios en la Ley de Identidad de Género. Postuló: “La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”. “Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental”, sumó, y recordó que países pioneros del cambio de género infantil, como el Reino Unido, Suecia y Estados Unidos están dando marcha atrás. En febrero se publicó en el Boletín Oficial el DNU 62/25, que modificó el artículo 11 de la norma. Los considerandos plantearon que las prácticas a las que se expone a los menores en virtud de la legislación pueden poner en riesgo “su integridad física y mental” con “efectos irreversibles”. A mediados del año pasado, la agrupación Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada, conocida como MANADA ARGENTINA, publicó un relevamiento en el que consignó que el 90% de los casos de “cambio de género” en el país son de niñas que dicen sentirse varones repentinamente. El grupo está activo desde 2022, por la iniciativa de mamás que no encontraban una explicación razonable para lo que les ocurre a sus hijas en las tendencias de pensamiento imperantes. Parte de la premisa de que la elección sexual es inobjetable y debe vivirse en libertad, pero fustiga tanto la sexualización como el adoctrinamiento de niños y adolescentes. A horas del anuncio de Adorni, MANADA ARGENTINA recordó que la medida va en sintonía con lo que reclamó, pidió más reformas a fin de “subsanar todos los problemas graves que originaron algunos puntos de la Ley de Identidad de Género” y enumeró sus propuestas. Para los mayores, sugirió que antes de cualquier tratamiento se hagan exhaustivos estudios psicológicos y clínicos para determinar si están en condiciones de decidir. En ese marco, pidió que se evalúe la maduración de los individuos y si padecen algún tipo de trastorno (TDAH, TEA, TLP, autismo, anorexia, bulimia y otros) o patología clínica que podría agravarse. Propuso además que los pacientes sean informados de la totalidad de las contraindicaciones. Asimismo, pidió que los médicos se hagan responsable de las explicaciones y que el consentimiento informado para prácticas invasivas e irreversibles sea supervisado por las autoridades sanitarias. Recordó que los tratamientos disponibles son experimentales y que no hay estadísticas suficientes ni confiables que indiquen que mejoras en la salud integral. En ese marco, pidió que no se los incluya en el PMO para ninguna edad.
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