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Parana » Informe Digital
Fecha: 14/07/2025 18:32
El expediente de expropiación de YPF atraviesa un momento crucial con la decisión que debe emitir este lunes la jueza Loretta Preska en Nueva York. La magistrada comunicó que dará a conocer si acepta el reclamo de Argentina para suspender la orden que la obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes mientras se tramita la apelación. La semana pasada, el Gobierno argentino formalizó la apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En medio de tensiones políticas y negociaciones internas, el equipo legal trató de ganar tiempo y evitar la cesión de las acciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En Washington, la expectativa política se entrelaza con la preocupación por el posible impacto que un eventual embargo sobre activos públicos podría tener. Este lunes era la fecha límite original para que el país depositara las acciones en custodia en un banco de Nueva York, cumpliendo así con la sentencia dictada por Preska en junio. La magistrada de Nueva York notificó por escrito a Argentina y a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, que hoy definirá sobre la solicitud del Gobierno y, en consecuencia, las posibles sanciones al país por incumplimiento, mientras se mantiene la apelación. Preska también otorgó a las partes “tres días adicionales” para acudir a la Corte de Apelaciones, lo que Argentina hizo el jueves pasado, anticipándose a lo que prevén como un fallo adverso de la jueza. “El lunes era la fecha límite para que el país depositara los documentos de YPF en custodia en un banco de Nueva York, y Preska no definirá si cancela o revierte la orden que emitió el 30 de junio. Sin embargo, sí decidirá si suspende o no la entrega de las acciones mientras Argentina apela”, puntualizó Sebastián Maril, de Latam Advisors. Asimismo, agregó: “Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras Argentina apela”, explicó el analista que sigue en detalle los juicios contra el país en el exterior. El Gobierno busca evitar la materialización de la entrega de las acciones de YPF, lo cual, según los abogados del Estado, implicaría una pérdida definitiva del control sobre la compañía. La defensa destacó que la ley argentina de expropiación de 2012 exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para cualquier cesión de la participación estatal en la petrolera. Para el oficialismo, permitir el traspaso forzoso vulneraría la soberanía nacional y sentaría un precedente jurídico peligroso. El Ministerio de Economía advirtió sobre el impacto que podría tener en las finanzas públicas la pérdida de un activo estratégico en medio de las negociaciones por la deuda y el ajuste fiscal. El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se mantienen informados sobre las novedades del expediente. En las últimas semanas, Caputo y su equipo revisaron los términos de la apelación y coordinaron con la Procuración del Tesoro para fortalecer la estrategia judicial. Desde el ámbito legal, la defensa argentina sostiene que la orden de Preska infringe la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y representa un ejercicio indebido de jurisdicción extraterritorial. Los abogados subrayaron que obligar al Estado a entregar las acciones implicaría forzarlo a incumplir sus propias leyes o a modificar la normativa vigente. El Gobierno también alertó que la transferencia accionaria provocaría un “daño irreparable”, dado que los fondos litigantes planean vender los títulos inmediatamente después de recibirlos. Según la estrategia oficial, esto imposibilitaría revertir la situación aunque la apelación prosperara en la instancia superior. Expectativa del mercado En el mercado local, la causa ha sido seguida de cerca por su impacto potencial en el valor de YPF, la percepción del riesgo país y el acceso a financiamiento externo. La expectativa sobre el resultado de este lunes marcó la agenda de consultoras, bancos y fondos en días recientes, que evalúan escenarios de resolución para el conflicto. La administración nacional se prepara para defender la apelación en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Incluso, ha anticipado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si la situación lo requiere. Para los estrategas legales del oficialismo, extender los plazos es clave para preservar un margen de negociación. La sesión del lunes en Nueva York se anticipa como un paso técnico pero decisivo. La concesión del “stay” representaría un alivio parcial para el Gobierno, al frenar la cesión de las acciones hasta que el tribunal de alzada resuelva la apelación. En cambio, un rechazo dejaría al país expuesto a medidas de embargo o ejecución inminente. El proceso judicial no involucra directamente a YPF como demandada en esta instancia. La propia Preska retiró a la compañía como parte principal del juicio, centrando las presuntas responsabilidades en el Estado nacional. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, enfatizó que su rol es exclusivamente técnico y que la conducción de la defensa corresponde al Gobierno. Marín declaró que YPF no tiene participación en el expediente ni en las negociaciones judiciales en Nueva York y explicó que la empresa no forma parte de la estrategia procesal ni del equipo legal que elabora las presentaciones. En las discusiones previas, los acreedores del fallo, liderados por Burford y Eton Park, exigieron la entrega inmediata de las acciones. Argumentaron que la demora en la ejecución perjudica sus derechos como titulares de la sentencia, cuyo monto asciende a más de US$17.000 millones, incluidos intereses. El origen de la controversia El origen de la controversia se remonta a la expropiación de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF. Aunque se firmó un acuerdo con la empresa española, otros accionistas minoritarios no recibieron el mismo tratamiento, lo que desató la demanda internacional. El juicio se tramitó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Preska dictó sentencia contra Argentina en septiembre de 2023. Esa condena reconoció la validez del reclamo de los fondos que habían adquirido los derechos de litigar del grupo Petersen, anterior accionista de YPF. Desde entonces, el Gobierno argentino ha buscado, sin éxito, anular o reducir la obligación de pago, mientras crece la presión de los acreedores para ejecutar activos públicos. La apelación al Segundo Circuito tiene como objetivo revertir la condena o al menos frenar su implementación inmediata.
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