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Concepcion del Uruguay » La Pirámide
Fecha: 14/07/2025 17:51
El exDirector de Aduanas y candidato a diputado nacional, Guillermo Michel, denunció en X (ex Twitter) el presunto aumento encubierto de la tarifa eléctrica para la industria entrerriana «no por ley, solo por Decreto», según aseguró. El entrerriano publicó que «por medio del Decreto 1137 del 29 de mayo de 2025 se derogó la bonificación del cuatro por ciento (4 %) sobre el importe básico facturado, antes de la aplicación de recargos y/o penalidades establecidas por excesos de consumo, impuestos, tasas y contribuciones. Esta bonificación beneficiaba desde el año 2004 (Decreto 7268/04 MGJEOySP y su modificatorio Decreto 4720/11 GOB-) a los usuarios T2 y T3 industriales». Y agregó: «El fundamento dado en el Decreto, que en realidad implica un aumento en la tarifa eléctrica para dichos usuarios, se sustenta en que “las políticas públicas de subsidios en materia de energía y en relación a las grandes actividades económicas productivas deben ser direccionadas a la ejecución de obras eléctricas”. Por ello, mediante el Decreto 1137/25 se buscó la “reafectación o reorganización de los recursos económicos que se destinaban a dicho programa, a obras eléctricas focalizadas bajo los programas o planes de obras que lleve adelante la Secretaría de Energía de la Provincia”». «Sin embargo, nuevamente las áreas técnicas del gobierno provincial omiten estudiar el marco normativo en profundidad ya que se “olvidan” que los recursos económicos que se destinaban a dicho programa (subsidio productivo) tienen como base normativa el artículo 63° de la Ley N° 8916 (Marco regulatorio Provincial), texto según artículo 1° de la Ley 10.153, el cual dispone que “El Fondo Compensador de Tarifas será administrado por la Secretaría de Energía, y se utilizará para otorgar subsidios tarifarios explícitos, compensar tarifas a usuarios finales del sistema de electrificación rural, o subsidios directos de compensación de tarifa…”», agregó. Y enfatizó: «Un decreto del poder ejecutivo provincial no puede modificar el destino específico de un fondo creado por ley. Lo llamativo es que intervinieron dos ministerios y dos secretarías y ninguna área jurídica de dichos organismos advirtió esto. Si el gobierno quiere modificar ese destino tiene que enviar una ley al congreso provincial».
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