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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/07/2025 19:30
EL CALAFATE.– Los productores de Santa Cruz se han unido a otras acciones judiciales de sus pares patagónicos en un intento por frenar la resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que ha flexibilizado la barrera sanitaria y, según ellos, pone en riesgo el estatus de libre de aftosa sin vacunación que la Patagonia ha mantenido durante más de dos décadas. La resolución 460 permite el ingreso de cortes cárnicos con hueso plano, como el asado, desde zonas que vacunan contra la enfermedad. La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) presentó una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, solicitando la nulidad de la resolución 460/2025 y pidiendo que se dicte una medida cautelar urgente para suspender los efectos que, según los productores, vulneran derechos constitucionales, presentan vicios de nulidad y afectan de manera “grave e irreparable” el estatus sanitario de la Patagonia. Para los productores, la decisión del Senasa ha abierto un supuesto riesgo sanitario y la posibilidad de pérdida del estatus diferencial. Cuestionan que esta medida se haya adoptado sin un acuerdo previo con el sector. La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro fue la primera en presentar un amparo judicial contra la resolución que, por primera vez desde 2002, permite el ingreso controlado de costilla, asado y esternón a la región patagónica, siempre que se cumplan estrictas condiciones sanitarias y de trazabilidad. Aunque el Gobierno aclaró que no se modificará el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación ni se habilitará el ingreso de cortes con hueso largo, la medida ha generado un fuerte rechazo entre los productores patagónicos, quienes afirmaron que han sido excluidos del proceso de decisión y que esta situación pone en riesgo otros mercados. Cabe recordar que Chile reaccionó cerrando su mercado a los reproductores en pie y carne de la Patagonia. En Santa Cruz, Enrique Jamieson, presidente de FIAS, con el patrocinio del abogado Ricardo Aníbal Julián, presentó ante el juzgado federal de Río Gallegos el amparo judicial alegando la “vulneración manifiesta de derechos y garantías constitucionales, la existencia de vicios de nulidad absoluta y la afectación grave e irreparable del estatus sanitario de la región patagónica.” Reproductores exportados a ChileSenasa La Federación, que agrupa a todas las sociedades rurales de la provincia, está legitimada para esta acción en defensa de los intereses colectivos de los productores ganaderos de Santa Cruz, quienes han dedicado años a mantener el estatus sanitario reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), señalaron. El conflicto se inició el 17 de marzo de 2025, cuando el Senasa emitió la resolución N° 180/2025, estableciendo por primera vez condiciones para el ingreso de material reproductivo, carnes y productos cárnicos desde zonas libres con vacunación hacia zonas libres sin vacunación. Esta medida generó objeciones de las provincias patagónicas y su aplicación fue postergada. Sin embargo, la resolución 460/2025, objeto del amparo, relajó sustancialmente la barrera sanitaria, permitiendo el ingreso de carne con hueso plano bovino y otros productos desde zonas con vacunación a la Patagonia. FIAS apuntó contra la Secretaría de Agricultura que conduce Sergio Iraeta, además del SenasaCaptura de Pantalla El amparo presentado por FIAS sostiene que la Secretaría de Agricultura y el Senasa cometieron una falta al afirmar que Chile y la Unión Europea no tenían objeciones a la flexibilización de la barrera sanitaria en la región. Mientras que el país trasandino comunicó la suspensión general de importaciones de animales y productos de origen animal desde Argentina, la Comisión Europea indicó la posibilidad de una auditoría de seguimiento para verificar la continuidad de las garantías zoosanitarias de Argentina. FIAS argumentó en su presentación judicial que estas comunicaciones “contradicen categórica e inequívocamente lo afirmado en la resolución impugnada, configurando el vicio de falsa motivación”. Además de la falsedad en los fundamentos, FIAS denunció “vicios procedimentales manifiestos.” Respecto a este punto, aseguraron que el Senasa omitió el procedimiento de consulta pública establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, privando a los sectores afectados de participar en la toma de decisiones. Asimismo, no se realizó una evaluación de impacto ambiental previa, incumpliendo la Ley General del Ambiente. El amparo también se basa en la vulneración de derechos constitucionales, como el derecho de propiedad, dado que el estatus sanitario de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación es un “derecho adquirido con valor patrimonial concreto y mensurable”, argumentando además la violación al debido proceso administrativo y la afectación al derecho a un ambiente sano, al introducir un riesgo sanitario potencial en un ecosistema protegido.
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