13/07/2025 15:10
13/07/2025 15:09
13/07/2025 15:08
13/07/2025 15:07
13/07/2025 15:07
13/07/2025 14:55
13/07/2025 14:55
13/07/2025 14:55
13/07/2025 14:54
13/07/2025 14:52
Parana » Informe Digital
Fecha: 13/07/2025 08:03
Con escasos consensos políticos con la oposición, el gobierno de Javier Milei parece decidido a concentrar sus esfuerzos en el ámbito judicial, con metas que resultan audaces. La principal apuesta es lograr que la última sesión del Senado, en la que sufrió reveses significativos, sea declarada ilegal por la Justicia. En Balcarce 50 han formulado un diagnóstico sobre la jornada parlamentaria de este jueves, donde la oposición logró sancionar un proyecto de movilidad jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. “Fue ilegal”, expresaron sin rodeos a periodistas de PERFIL. No habían transcurrido 24 horas del revés y ya habían comenzado a diseñar una estrategia judicial para confrontar con otro poder del Estado que tiene antecedentes desfavorables para las aspiraciones del Gobierno. Fuentes del ámbito libertario confirmaron que en los próximos días realizarán una presentación en el fuero contencioso administrativo federal. El argumento principal para sostener que la sesión estuvo fuera de la ley es que violó el artículo 19 de la Cámara alta, el cual establece el procedimiento de convocatoria a la actividad. No obstante, en los últimos años ha habido una serie de fallos adversos en ese mismo fuero respecto a controversias planteadas por diversos diputados. En el Senado también hay otro dato a considerar: durante la pandemia, en la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner, su entonces directora de Asuntos Legales, Graciana Peñafort, presentó un recurso de certeza de constitucionalidad ante la Corte, buscando validar la legalidad de la utilización de métodos remotos para sancionar leyes. El máximo tribunal determinó que esas cuestiones reglamentarias eran facultades soberanas del Senado. En la Casa Rosada no tienen este antecedente en el panorama. Detrás de este análisis judicial, el Gobierno cuenta con varios responsables que mantienen una estrecha relación con Santiago Caputo, el asesor presidencial. Para esta misión, le reportan Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, María Ibarzábal, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, y Santiago Castro Videla, titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado. En la Procuración esperan una señal desde la Casa Rosada, pero hay una peculiaridad: la impugnación se elabora en el Ejecutivo, no desde la presidencia del Senado, es decir, de Victoria Villarruel, quien condujo casi toda la sesión. Su presencia anticipa que las posibilidades de judicialización pueden estar limitadas. Villarruel es la titular del Senado, pero no es senadora; es la representante del Ejecutivo en esa cámara. ¿Cómo podrá influir esa presencia cuando el Ejecutivo que ella integra desea impugnar la sesión? Esto podría debilitar los intentos de impugnación de la Casa Rosada, y quizás por esto el Presidente volvió a criticarla públicamente. Algo que reconocen en La Libertad Avanza es que las órdenes sobre qué hacer y qué no se gestan directamente en Balcarce 50, no en el Ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona. Este funcionario, célebre por defender a Guillermo Coppola en la década de los noventa, inició su labor en la cartera judicial con una notable visibilidad. Con el tiempo, ha sido opacado por Amerio, quien mantiene la mejor conexión con los vértices del triángulo de hierro que controla el Estado. En este contexto, el Gobierno indica que la relación con el Poder Judicial es positiva, especialmente después de la condena, ratificada por la Corte Suprema, de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En sus últimas intervenciones, el Presidente ha reflejado esta percepción, aunque el mensaje contrasta con el sentir de otros altos funcionarios que admiten no esperaban que la Corte confirmara la prisión de la expresidenta. Sin embargo, la relación no es lineal y ha habido sobresaltos, especialmente para el mismo equipo que dirige Caputo y que ahora busca impugnar la última sesión ante la Justicia. El caso más reciente fue el fallido intento de cubrir las dos vacantes de la Corte; el plan para nombrar a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo recibió un rotundo rechazo. Fue una negociación ardua en la que LLA siempre mostró confianza en que todo resultaría exitoso. Pero no fue así. En otros fueros hay antecedentes desfavorables. La Cámara Nacional del Trabajo, que desde diciembre de 2023 bloqueó el capítulo laboral de la Ley Bases, dictó la inconstitucionalidad de que el trabajo docente sea considerado esencial y respaldó a sindicatos, como el de la Anses, que afirmaron que los despidos resultaron de “persecución política”. Además, este año se han producido dos fallos categóricos en contra de las medidas de la gestión Milei. Uno fue contra el decreto 340/2025, que amplió las actividades esenciales, limitando en la práctica el derecho a la huelga, y el otro fue contra el decreto 425/2025, que eliminó el día del trabajador estatal.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por