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» Diario Cordoba
Fecha: 12/07/2025 16:33
Una década después de la paralización irreversible de las obras adquiere una cierta viabilidad la reconversión de la utilidad del edificio proyectado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Lucena. Esta entidad renunció a continuar con la obra en septiembre del año 2021, con un estado de ejecución del 20% de una infraestructura ubicada entre las calles Zagrilla, Montilla y Carcabuey. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afronta actualmente un «proceso de cesión», señalan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, con la finalidad última de implantar en el inmueble un uso social. Una entidad pública Las mismas fuentes, sin aportar más detalles por el momento, precisan que la entidad beneficiaria asumiría el compromiso de concluir la obra de materialización del equipamiento erigido en la zona este del municipio. A diferencia de otras opciones, invariablemente diluidas y sin nítidos sustentos, desde el organismo gubernamental admiten que «esta sí puede fructificar». Previamente, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, manifestó que, según la información recibida, existen «conversaciones bastante avanzadas» y admitía el carácter público de esta última alternativa que sí ve con perspectivas «definitivas». Desde el Ayuntamiento exponen la pretensión de que «se resuelva lo antes posible» el futuro de una edificación inicialmente concebida para aglutinar las diferentes oficinas de la Seguridad Social en la localidad y, en estos momentos, distribuidas entre la calle San Pedro y el Paseo de Rojas. Desde el año 2012 La primera adjudicación de la intervención data del año 2012 y la última idea vinculada a este recinto, únicamente completado en su estructura, contemplaba la ubicación de la Comisaría de la Policía Nacional, una propuesta lanzada por la formación política Ciudadanos, con el respaldo del sindicato Jupol, y rechazada tanto por el gobierno municipal como por la propia subdelegada del Gobierno, Ana López. En aquel mes de octubre de 2024, Ana López revelaba, sobre el destino del edificio, que «estamos en negociaciones, aunque muy en pañales», aludiendo a «una posible empresa que pudiese quedarse con las obras y finalizarlas». En esos momentos, distintas fuentes confirmaban el interés de una empresa nacional del sector de la cobertura integral de los trabajadores. Durante 2021, en primera instancia la Subdelegación del Gobierno anunció la próxima licitación de las obras para la terminación del equipamiento. Cinco meses después de esta comunicación, en un sentido opuesto, el ministerio competente emitió una resolución con la cancelación de la construcción del inmueble. Un año antes, el Ejecutivo central aprobó un gasto plurianual, hasta el año 2023, de 4,7 millones de euros para la finalización de la intervención, después de culminar la redacción del nuevo plan de obra.
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