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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 12/07/2025 12:19
Luego de que el titular del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela, diera a conocer el proyecto de traslado de un Juzgado de Ejecución de Penas a la Unidad Penal N°9, empleados judiciales cuestionaron la medida. Piden una solución. Viernes, 11 de Julio de 2025, 20:22 Redacción EL ARGENTINO “El Juzgado de Ejecución de Penas tiene la función de estar permanentemente en contacto con los juzgados penales y con la unidad penal, son los que asisten y llevan el control de todos los cumplimientos de sentencias del fuero penal. Generalmente, quienes asisten a un Juzgado de Ejecución de Penas son los reclusos, que están en la Unidad Penal Nº 9. Entonces, lo que estamos intentando hacer es llevar el juzgado ahí, en vez de estar pagando un alquiler de 3 millones de pesos”, expresó, días pasados, Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer). “Nos dieron un pedazo de tierra, hicimos un proyecto y está tramitando lo que es la factibilidad. Lo que sí tenemos muy presente es un planteo de los empleados del juzgado a los que no les resulta conveniente trasladarse, porque ellos no solamente atienden a los penados de la Unidad Penal Nº 9, también a los de las otras unidades penales”, había aclarado. Ahora, tras reunirse con Portela y con el resto de integrantes del Stjer, quienes se refirieron a esta situación fueron los empleados nucleados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). La principal demanda de los trabajadores, según comunicaron a EL ARGENTINO, es que “no hay un ahorro de recursos, sino un traslado de costos a los empleados, que ahora deberán trasladarse 40 kilómetros diarios para ir y venir del trabajo, solventando de su propio bolsillo nafta y arreglos automotores en medio de la peor crisis salarial de los empleados judiciales en diez años”. En este sentido, plantearon la diferencia que existe con Paraná, donde este proceso tuvo lugar: en Gualeguaychú “no hay transporte público disponible, hecho que complica la existencia de numerosas familias que van a la unidad penal o de internos que están con salidas”. La seguridad es otro de los factores puestos de relieve en las negociaciones llevada a cabo entre las autoridades del Stjer y la AJER. “No solo por el tema del traslado en una ruta que se encuentra en pésimo estado, lo que ya le ha costado la vida a un trabajador de la CARU, sino en relación a que la UP 9 no es una unidad de máxima seguridad, como es el caso de Paraná”. En este sentido, argumentaron que los empleados judiciales son custodiados por la Policía, no por el Servicio Penitenciario, por lo que “se trasladarían costos también a la Policía”. “El equipo técnico que trabaja en el Juzgado realiza pericias solicitadas por la Fiscalía de manera presencial a la mitad de las denunciantes de abuso sexual y violencia de género durante la investigación penal, por lo que el traslado de sus oficinas a El Potrero plantea un serio problema de accesibilidad a la justicia para estas personas, a las que, aun estando en el centro de la ciudad, se les hace difícil llegar”, indicaron. “Los internos de la UP 9 pertenecen a nueve juzgados diferentes, y el Juzgado de Ejecución de Penas que se pretende trasladar a 20 kilómetros de la ciudad sólo atiende a un 30 por ciento de los internos alojados allí. Actualmente, los trabajadores del juzgado, si bien asistimos a un edificio, realizamos nuestro trabajo de manera remota con internos en toda la provincia”, remarcaron a EL ARGETNINO. Y propusieron “una solución que tenga que ver con la modernización de los procesos y el empleo remoto, y no con la costosa construcción de un nuevo edificio en El Potrero y el traslado de los costos y el riesgo a los trabajadores”.
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