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» Comercio y Justicia
Fecha: 09/07/2025 03:23
Tras la oficialización del cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante el Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial, organismo sindicado por el Gobierno de Javier Milei como fuente de corrupción y del colapso de las cuentas públicas nacionales, y con el objetivo de provocar el ahorro de 87 millones de dólares anuales, comenzaron a conocerse las implicancias que acarrea el anuncio oficial. Esta medida implica la disolución de un organismo con 93 años de historia, encargado de la planificación, construcción y mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, de las cuales más de 11% pasan por la provincia de Córdoba. Junto con la DNV, también se eliminaron la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, reestructurando sus funciones bajo la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. En concreto, el último capítulo de la motosierra mileísta implica para Córdoba, una de las provincias más extensas y estratégicas en términos viales, efectos devastadores en términos de empleo, infraestructura y conectividad. Puestos de trabajo en Córdoba La disolución de Vialidad Nacional pone en riesgo miles de empleos a nivel nacional, y Córdoba no es la excepción. Según estimaciones gremiales, la DNV empleaba a nivel nacional entre 4.000 y 5.460 trabajadores, de los cuales un porcentaje significativo operaba en los 24 distritos regionales, incluyendo el Distrito 5° de Córdoba. En la provincia, se estiman entre 500 y 700 trabajadores afectados, entre ingenieros, técnicos, operarios y administrativos, quienes enfrentan incertidumbre laboral tras el cierre del organismo. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) alertaron que la medida podría implicar el despido de hasta el 60% del personal, lo que en Córdoba podría traducirse en unas 300 a 420 familias sin sustento económico directo. Graciela Aleñá, secretaria general de STVyARA, denunció que “esto no es una simple reorganización administrativa, sino un desmantelamiento de la capacidad operativa del Estado”, advirtiendo que los trabajadores cordobeses, fundamentales para el mantenimiento de las rutas, quedarían “en la calle”. El impacto laboral no solo afecta a los empleados directos de la DNV, sino también a las economías locales de las comunidades donde operaban los centros viales, como Villa María, Río Cuarto y Jesús María, que dependen de estos empleos para dinamizar sus regiones. Centros operativos en la provincia Córdoba, como una de las provincias con mayor cantidad de rutas nacionales, albergaba múltiples centros operativos de Vialidad Nacional, incluyendo oficinas técnicas, talleres y depósitos de maquinaria distribuidos estratégicamente en el Distrito 5°. Estos centros, ubicados en ciudades clave como Córdoba Capital, Villa María, Río Cuarto, San Francisco y Deán Funes, eran responsables del mantenimiento de los 4.540 km de rutas nacionales que atraviesan la provincia, de los cuales 780 km son autovías y autopistas, según datos del geoportal Mapas Córdoba y la Dirección Provincial de Vialidad (marzo de 2025). Con el cierre de la DNV, estas instalaciones quedarían desmanteladas o transferidas a la órbita del Ministerio de Economía, que delegará funciones a privados o a la provincia, lo que genera incertidumbre sobre su continuidad operativa. El traspaso de responsabilidades a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, junto con la licitación de 9.120 km de rutas nacionales a nivel país, plantea un escenario de privatización que podría dejar sin cobertura a tramos rurales o menos rentables de la red cordobesa. En particular, rutas como la RN 38 (Valle de Punilla), RN 19 (San Francisco-Córdoba) y RN 158 (Río Cuarto-Villa María) dependían hasta hace poco tiempo de los centros operativos de la DNV para tareas de mantenimiento rutinario, señalización y despeje invernal, aunque la Provincia ya viene asumiendo esas tareas en distintas rutas nacionales, como las mencionadas más la ruta 20, la A005 y otras. La red vial cordobesa en riesgo Córdoba es atravesada por 16 rutas nacionales, incluyendo arterias clave como la RN 9 (autopista Córdoba-Rosario, con 16.000 vehículos diarios), RN 36 (Córdoba-Río Cuarto) y RN 20 (autopista Córdoba-Carlos Paz). Estas rutas, que suman 4.540 km (780 km de autovías y 3.760 km de rutas convencionales), son vitales para la conectividad interna, el transporte de carga agroindustrial y el turismo, especialmente en el Valle de Punilla y Sierras Chicas. Un relevamiento de Vialidad Nacional de mayo de 2025 indicó que el 52,5% de los 19.171 km de rutas nacionales relevados a nivel país estaba en estado “regular” o “malo”, y Córdoba no es ajena a esta problemática. Rutas como la RN 158 y tramos de la RN 7 presentan deterioro, lo que aumenta el riesgo de accidentes en una provincia donde el 29% de los siniestros viales fatales de 2024 ocurrieron en rutas nacionales. El cierre de la DNV y la transferencia de funciones a privados o a la provincia genera al menos una venta de incertidumbre, tanto sobre el correcto mantenimiento de las rutas cuanto a los costos que podrá implicar en el futuro el uso de las arterias viales. Según el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, la disolución de Vialidad Nacional es “un castigo al desarrollo federal”, un sentimiento que resuena en Córdoba, donde las rutas nacionales son esenciales para conectar regiones productivas con puertos y mercados. La falta de mantenimiento estatal, sumada a la incertidumbre sobre la capacidad de la provincia para absorber estas responsabilidades sin contar con fondos transferidos para ello, podría generar “rutas de la muerte”, como advirtió Aleñá, afectando especialmente a tramos secundarios como la RN 148 o la RN 60. Reacciones y críticas en Córdoba La medida generó un fuerte rechazo en Córdoba y el país. Gremios como FEPEVINA y ATE Nacional, junto con legisladores de la oposición como Vanesa Silley (Unión por la Patria), convocaron a protestas frente a la sede central de Vialidad Nacional en Buenos Aires. Myriam Bregman, diputada nacional, calificó la decisión como “criminal”, argumentando que pone en riesgo la seguridad vial y el empleo. En la provincia, el impacto se siente con fuerza debido a la dependencia de las rutas nacionales para el transporte de granos, maquinaria y turismo, sectores clave de la economía cordobesa. Por su parte, el Gobierno nacional defiende la medida como un ahorro de casi 90 millones de dólares anuales y una forma de combatir la corrupción, vinculando el cierre con la condena a Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública. Sin embargo, en Córdoba, donde la red vial es un motor económico, la privatización de 9.120 km de rutas nacionales plantea dudas sobre la continuidad del mantenimiento y la accesibilidad, especialmente en zonas rurales. Un futuro incierto para la conectividad El cierre de Vialidad Nacional marca un punto de inflexión para Córdoba, que pierde un organismo estratégico para la gestión de sus 4.540 km de rutas nacionales. La provincia, con su extensa red vial y su rol central en la producción y el comercio, enfrenta un escenario de incertidumbre laboral para cientos de trabajadores, el abandono potencial de centros operativos y el deterioro de rutas clave. Mientras el Gobierno apuesta por la privatización para optimizar recursos, las voces locales advierten que esta decisión podría fracturar la conectividad y el desarrollo federal, posicionando a Córdoba como una de las provincias más perjudicadas por esta reestructuración.
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