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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 08/07/2025 18:52
El Consejo General de Educación (CGE) dio marcha atrás con la decisión de recortar el servicio de transporte de alumnos en tres escuelas del ámbito rural del departamento La Paz, que el viernes 4 se habían enterado de la mala nueva: el lunes 21, cuando se reinicie la actividad escolar, verían mermado el número de colectivos disponibles para que los estudiantes puedan llegar a las aulas. Ahora, y luego de las quejas de las comunidades educativas, que en ese marco de ajuste veían imposibilitada la posibilidad de que los adolescentes pudieran acceder al derecho a la educación, el CGE indicó al Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) que disponga la continuidad del servicio de transporte en tres establecimientos: se trata de la Escuela Agrotécnica Nº 15 Manuel Pacífico Antequeda, de Colonia San Carlos, en Alcaraz 1º; la Escuela Agrotécnica Nº 151 El Quebracho -ubicada a 14 kilómetros de Santa Elena-; y la Escuela Secundaria Nº 13 Federación, Libertad y Fuerza, de Yeso Oeste. Aunque la revisión no está cerrada. El Consejo de Educación en conjunto con el Inaubepro continúan la revisión de la medida dispuesta sobre finales de la última semana, y que generó reclamos no sólo en comunidades educativas del departamento La Paz, sino también en Tala, Nogoyá y Villaguay. El recorte había sido indicado desde el Ministerio de Hacienda en base a la fuerte política de restricción del gasto que aplica el Gobierno. El tema generó preocupación en la Legislatura. El diputado Juan José Bahíllo (PJ) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para contar “con información precisa y actualizada sobre la situación del transporte escolar rural en la provincia de Entre Ríos, ante la creciente preocupación manifestada por transportistas, familias y comunidades educativas”. “Este servicio constituye una herramienta esencial para garantizar el derecho a la educación de más de 11.200 estudiantes que residen en zonas rurales y deben trasladarse a diario para asistir a clases en más de 180 establecimientos educativos”, dijo el legislador. “Sin embargo, se han hecho públicas múltiples denuncias por parte de transportistas y actores comunitarios, que alertan sobre: Recortes de recorridos vigentes. Atrasos significativos en los pagos a prestadores. Endeudamiento y dificultades para mantener en funcionamiento los vehículos. Condiciones contractuales que no reflejan los costos reales del servicio. Se han registrado casos especialmente críticos, como el de Rosario del Tala, donde el servicio a más de 200 estudiantes estaría en riesgo de ser suspendido, incluyendo recorridos que permiten la asistencia a instituciones que atienden a alumnos con discapacidad severa, cuyo acceso a la educación depende exclusivamente de este transporte”, observó. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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