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» Diario Cordoba
Fecha: 09/07/2025 00:05
En plena crisis por el ‘caso Koldo’, la Comisión Europea ha dado este martes un toque de atención a España por la falta de avances en la lucha contra la corrupción en su informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que recoge la Ley de Amnistía y toma nota de la imputación del Fiscal General del Estado, sin entrar a valorarlas. La percepción de la corrupción en España ha aumentado significativamente en los últimos cinco años. Así lo recoge el informe que apunta a que según un Eurobarómetro de 2025, el 89% de los encuestados consideró que la corrupción está “muy extendida”, muy por encima de la media europea que está en un 69%. Además un 51% de los encuestados consideran que les afecta personalmente. Bruselas apunta a que “aún no se ha empezado a trabajar en la estrategia nacional anticorrupción”, que estaba prevista por ley para septiembre de 2024. La Comisión destaca que “según las partes interesadas, a pesar de la inclusión de prioridades anticorrupción en los planes y estrategias sectoriales, la ausencia de una estrategia unificada corre el riesgo de conducir a la fragmentación y a una supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción”. Entre sus recomendaciones, la Comisión pide “redoblar los esfuerzos” para agilizar y acelerar “las investigaciones y los enjuiciamientos”, particularmente en casos de corrupción “de alto nivel”. En este sentido, apunta a la necesidad de finalizar la reforma del Código de Procedimiento Penal. Conflictos de intereses En su informe, la Comisión apunta también a que aunque se han hecho esfuerzos para abordar los casos de sobornos extranjeros, “sigue habiendo lagunas en el marco legislativo”. También considera que el nivel de aplicación sigue siendo bajo. Bruselas reconoce que ha habido avances en el refuerzo de las normas que regulan los conflictos de intereses de las personas que desempeñan funciones “de alto nivel”. Sin embargo, “no se han dado nuevos pasos para mejorar las normas sobre conflictos de intereses de los empleados públicos de las distintas administraciones”. Además la Comisión pide a España reforzar la legislación sobre los lobbies. De hecho, apunta que aunque “los requisitos de divulgación para los parlamentarios se cumplen en su mayoría, sólo unos pocos publican información sobre reuniones con grupos de interés”. En su informe, la Comisión identifica la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras, y los contratos de servicios públicos como sectores de alto riesgo para la corrupción. Son precisamente estos ámbitos los que están bajo sospecha en el ‘caso Koldo’. Fiscal general Por otro lado, la Comisión considera un “progreso” la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que desvincula el mandato del fiscal general del del gobierno que lo nombró. De hecho, esta era una de las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario había hecho en el pasado. Además, destaca cómo “el anteproyecto de ley pretende mejorar la transparencia de las relaciones del Gobierno y el Fiscal General, estableciendo que las comunicaciones entre este último y el Gobierno serán públicas y por escrito”. Al mismo tiempo, Bruselas recoge en cualquier caso la preocupación de algunas asociaciones de que esta reforma “supone un riesgo para la independencia de la justicia al reforzar los poderes del Fiscal General y rebajar las garantías profesionales de los fiscales”, aunque no entra a valorar. Respecto a la imputación de Álvaro García Ortiz, la Comisión se limita a constatar que “el Fiscal General está sujeto a procedimientos judiciales en curso”. Añade que ha sido imputado “por la presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal”, y que ha presentado un recurso. Amnistía A pesar de que hace unas semanas se filtrara la posición de la Comisión de cara a la vista en el Tribunal de Justicia de la UE por la Amnistía, Bruselas no entra a valorar la ley en su informe sobre el Estado de Derecho. Incluye una referencia en un apartado dedicado a “otros asuntos relacionados con los “controles y equilibrios”. La Comisión se limita a tomar nota de la decisión del Tribunal Constitucional que declara la ley compatible con el texto, y las peticiones de decisión prejudicial que la Justicia europea examinará el próximo 15 de julio. “La Comisión ha estado evaluando la pertinencia de la ley de amnistía desde la perspectiva del Derecho de la UE”, dice el informe, sin entrar en el resultado, todavía objetivo del proceso judicial. CGPJ El ejecutivo comunitario da además casi por cerrada la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que requirió la mediación del Ejecutivo comunitario, con la toma de posesión de sus miembros. El informe destaca además que sea por primera vez una mujer, Isabel Perelló, quien esté al cargo del organismo. “La prolongada falta de renovación del CGPJ tuvo un impacto negativo en el trabajo del sistema judicial en su conjunto”, reconoce la Comisión en su informe. El acuerdo alcanzado “ha mejorado significativamente la situación.” Bruselas reclama en cualquier caso seguir avanzando para completar el proceso. Independencia El informe recoge también las quejas de los jueces por la falta de remuneración, las últimas reformas judiciales, y las críticas de políticos y miembros del gobierno. “Según las normas europeas, si bien criticar las decisiones judiciales es un aspecto normal del discurso democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que menoscaben la independencia o la confianza de los ciudadanos en el poder judicial, advierte la Comisión. El informe apunta en este sentido a la pobre percepción de la independencia judicial en España entre ciudadanos y empresas. Esa percepción sólo es buena o muy buena para un 39% entre la población, y un 40% entre las compañías. Aunque supone un ligero incremento respecto al año anterior, en realidad España está entre los países de la cola en este ámbito. Reacción del Gobierno Tras conocerse este informe, desde el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez consideran que la Comisión "avala las reformas de la Justicia impulsadas por el Gobierno y considera que son un avance para la independencia y la calidad del sistema público de Justicia". En concreto, desde Justicia apuntan a que la Comisión reconoce que el proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, al reformar el acceso a las carreras y llevar a cabo un proceso de estabilización de juezas y fiscales sustitutas, "ampliará los recursos del servicio público de Justicia". Así como que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal suponen un "refuerzo notable de la autonomía de la Fiscalía, que era otra de las recomendaciones históricas de la Comisión". De manera, en el Departamento que encabeza Félix Bolaños se interpreta que la Bruselas valora "positivamente los avances realizados en estos proyectos de ley orgánica y las medidas adicionales adoptadas para reforzar la independencia de la fiscalía en materia presupuestaria, de formación y de régimen de incompatibilidades". De igual modo que la renovación del CGPJ y los primeros nombramientos realizados suponen "un progreso significativo en el principal reto que tenía nuestro país en materia de Justicia". Para Justicia, estas conclusiones de la Comisión Europea "ratifican" el camino apuntado por el Ejecutivo porque "no hay ni una línea de las reformas que afecte ni al Estado de Derecho ni a la independencia judicial. Es algo, además, congruente con las recientes declaraciones del presidente del TJUE que dijo que las reformas no afectaban a la independencia judicial y con el hecho de que el propio informe reconoce que este año ha mejorado la percepción de la independencia judicial entre los ciudadanos". En definitiva, defienden desde el Ministerio, "Europa no solo respalda las reformas de la Justicia sino que echa por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la Justicia en décadas". Por último, el Departamento de Félix Bolaños se destaca que el informe se haga eco del hecho de que los jueces hayan hecho una "huelga" a pesar de que el CGPJ les recordó que el derecho no está regulado. "Sánchez es un peligro" Frente al optimismo del Gobierno, desde el Partido Popular entienden que el informe es "demoledor" contra el Ejecutivo y que sus reformas constatan una "persecución de jueces y periodistas". Así como la "nula independencia judicial", las "dudas de legalidad de la Amnistía" y el hecho de que el "fiscal General procesado". Así valoró la secretaria general del Partido Popular Europeo y exministra, Dolors Montserrat, en un mensaje en X que concluye con que "Sánchez es un peligro". Desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo consideran que la Comisión Europea "propina un severo revés a Sánchez por la falta de avances en la lucha contra la corrupción". "La imputación del fiscal general, las críticas del poder judicial a la injerencia política y la aplicación de la Ley de Amnistía, actualmente bajo examen del TJUE, evidencian una crisis de confianza en la separación de poderes". Y enmarcan esta opinión en que "Sánchez ha hundido la imagen internacional de España". Así las cosas, Feijóo sentenció que este informe supone "otro récord de Sánchez" porque es "el informe del Estado de Derecho más duro con España hasta la fecha", una vez que "Europa advierte sobre la corrupción, la amnistía, los ataques a los jueces, las reformas de la Ley Bolaños y el control sobre RTVE". "Haremos las leyes necesarias contra esta decadencia", concluye.
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