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Parana » APF
Fecha: 08/07/2025 12:30
En respuesta a consultas de la ONU, las autoridades salvadoreñas desmintieron argumentos pasados estadounidenses y señalaron que solamente han facilitado el uso de su infraestructura penitenciaria. martes 08 de julio de 2025 | 12:18hs. El Gobierno de El Salvador ha admitido a investigadores de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que es la Administración de Donald Trump quien mantiene el control sobre los más de 200 hombres venezolanos que fueron deportados en marzo a la megacárcel de máxima seguridad salvadoreña conocida como el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo). “La jurisdicción y responsabilidad legal sobre estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes, en virtud de los acuerdos internacionales suscritos y de conformidad con los principios de soberanía y cooperación internacional en materia penal”, explica la respuesta de las autoridades salvadoreñas a la ONU que fue presentada el lunes por los abogados que representan a más de 100 de los deportados en una demanda contra el Gobierno de Trump. Desde que las deportaciones se ejecutaron a mediados de marzo en contra de una orden judicial de último momento, la Administración ha sostenido que está atada de manos para retornar a los hombres. Según su explicación, están fuera de la jurisdicción de las cortes estadounidenses y, por lo tanto, ya no tienen acceso a sus derechos de debido proceso u otras garantías constitucionales. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo lo mismo en su momento en una publicación en X en la que se burlaba del juez James Boasberg, quien ordenó que los aviones que llevaban a los migrantes venezolanos deportados se diera la vuelta. “Upsy, demasiado tarde”, escribió Bukele en respuesta a un post sobre la orden judicial. En ese momento, se conoció el acuerdo entre Trump y Bukele en el que Estados Unidos pagaría 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes. El acuerdo también ha sido controversial porque Trump invocó una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para expulsar rápidamente a hombres a los que acusó de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13. A partir de entonces se han presentado una serie de demandas en contra de estas deportaciones, incluyendo, notablemente, las del caso de Kilmar Abrego García, quien sí fue devuelto a territorio estadounidense a principios de junio, mientras su caso sigue abierto en las cortes. Además, varios organismos internacionales, incluyendo la ONU, iniciaron sus propias investigaciones sobre las expulsiones al país centroamericano, que han sido calificadas como una “desaparición forzada masiva”. Es ante la investigación del grupo de trabajo de la ONU de desapariciones forzadas que El Salvador se ha limpiado las manos y contradicho los argumentos de las autoridades estadounidenses. “Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, a través del cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema de justicia y procuración de justicia de ese otro Estado”, explica la respuesta. “En este sentido, las acciones atribuibles al Estado salvadoreño se circunscriben a su soberanía y jurisdicción territorial, por lo que no se le puede responsabilizar de la inobservancia del principio de no devolución respecto de las personas mencionadas”, concluye. Los abogados de los migrantes han señalado esta prueba como evidencia de que las peticiones de habeas corpus presentadas en Estados Unidos con relación a este caso deben ser respondidas por las autoridades estadounidenses, que hasta ahora han alegado que no pueden hacer nada. ”El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todo el mundo entendía: es Estados Unidos quien controla lo que ocurre con los venezolanos que languidecen en el Cecot“, declaró el abogado de la American Civil Liberties Union Lee Gelernt a AP. Ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional se han pronunciado hasta ahora al respecto, publicó El País. (APFDigital)
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