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La Paz » Politica con vos
Fecha: 08/07/2025 10:09
Especialistas advierten que la vuelta del Renar implica desmantelar la política de control de armas y replicar el modelo estadounidense. “Esto es borrar de un plumazo toda la política pública de control de armas en Argentina”. La frase, contundente, resume el diagnóstico de especialistas y organizaciones dedicadas al desarme civil sobre el reciente decreto del gobierno de Javier Milei que disolvió la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y reinstaló el viejo Registro Nacional de Armas (Renar) bajo la órbita directa del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Para expertos, se trata de la medida “más grave” en la serie de decisiones que viene adoptando el gobierno en pos de liberalizar el acceso a las armas. Y advierten: “Volvemos a 1973”. Retroceso a un modelo pasivo La decisión forma parte de un proceso de flexibilización que comenzó en diciembre pasado, cuando el Ejecutivo redujo de 21 a 18 años la edad mínima para comprar y portar armas. Continuó en mayo con la creación del trámite digital de “tenencia express”, y se profundizó hace unas semanas al habilitar a civiles la compra de armas semiautomáticas, como las que protagonizan masacres recurrentes en Estados Unidos. Ahora, con el Decreto 445/25, se elimina directamente la Anmac y se regresa al Renar, aunque ya no como organismo autárquico sino subordinado al Poder Ejecutivo. Para Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red Argentina para el Desarme, la decisión es la más grave de todas. “Significa vaciar la posibilidad de que el Estado controle las armas. Es la eliminación de cualquier facultad estatal de promover una política eficaz de desarme. Con esto volvemos a 1973, cuando el Estado renunció a prevenir la violencia con armas de fuego”, sostuvo en diálogo con Página/12. Lo que se pierde La Red Argentina para el Desarme fue una de las primeras organizaciones en repudiar la medida, señalando precisamente que el Renar, creado en 1973, era un “registro pasivo, sin capacidad legal para implementar políticas activas de prevención y control”. Fue recién en 2015, con la Ley N° 27.192, que se creó la Anmac, una agencia moderna con visión humanista para restringir la proliferación de armas de fuego y prevenir la violencia armada. Sin embargo, el decreto de Milei deroga artículos claves de esa ley, como el Artículo N° 5, que otorgaba a la Anmac 17 funciones esenciales: desde registrar, autorizar y controlar la fabricación de armas, destruirlas en el marco de programas de desarme, administrar el Banco Nacional de Materiales Controlados, dictar cursos y campañas de concientización, hasta relevar datos estadísticos sobre la circulación y uso de armas en el país. Todo ello quedó “borrado de un plumazo”, según Alfie. Argumento de recorte y desregulación La justificación oficial llegó por boca de Federico Sturzenegger, quien defendió la medida bajo el argumento de la desregulación y el ahorro estatal. “Los organismos descentralizados son caros porque requieren estructura administrativa propia y generan incentivos a la proliferación de trámites pagos. Transformar la Anmac en un desconcentrado baja el costo del Estado sin afectar funciones sustantivas”, escribió en X. Sin embargo, aún nadie explicó cómo el Renar absorberá las funciones específicas y técnicas que cumplía la Anmac. Riesgos de una sociedad armada Organismos como Amnistía Internacional advierten que este cambio es parte de “una serie de políticas alarmantes y regresivas” en materia de armas. Y alertan: “Más armas, más violencia. Una sociedad armada no es una sociedad más segura”. Desde la Red Argentina para el Desarme también advierten que la liberalización de armas eleva el riesgo de femicidios, suicidios, violencia social y facilita el acceso del crimen organizado a armamento, incluso superior al de las propias fuerzas de seguridad. La referencia constante es el modelo estadounidense, donde según Amnistía mueren en promedio 109 personas por día por violencia armada, y donde es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años. Organizaciones y especialistas coinciden en que el Congreso debería intervenir para frenar el decreto y evitar que la Argentina replique ese escenario. “Estamos comprándonos un problema que la Argentina no tenía”, remató Alfie. Mientras tanto, el gobierno sigue avanzando con su plan de desregulación a toda costa. Y el futuro del control de armas en el país pende de un hilo. (Página 12)
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