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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 08/07/2025 04:53
(ADN).- En el mercado energético aseguran que la administración de Javier Milei se apresta a otorgar una nueva prorroga anticipada a las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue, que vencen el 11 de agosto. La gestión libertaria extendería los contratos vigentes hasta fin de noviembre, en pos de llagar a un entendimiento final con Río Negro y Neuquén para publicar los nuevos pliegos de licitación. La medida también maquillaría el retraso que, por diferencias internas y escollos administrativos, arrastra el proceso licitatorio destinado a reprivatizar la operación y mantenimiento de las usinas. Desde los primeros meses de 2024, las actuales concesiones de las centrales de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila llevan acumuladas cuatro prórrogas en medio de varios cambios y contramarchas en la elaboración de los pliegos. Uno de los temas centrales es la negociación con las provincias que piden integrar las nuevas concesiones, un canon por el uso del agua y tarifa diferencial de electricidad. Privatizadas durante la etapa menemista, las actuales concesiones de las represas se encuentran en manos de dos grupos extranjeros y dos locales. En el caso de El Chocón, el 59% de las acciones están en poder del grupo italiano ENEL, el accionista principal de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante es del grupo estadounidense AES. Cerros Colorados pertenece a la firma local Aconcagua Energía; y la operación de Piedra del Águila está a cargo del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany. Para llevar adelante la licitación, técnicos del área energética crearon cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas con el fin de facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación a las nuevas concesionarias. En cuanto a los pliegos, los borradores contemplan que las nuevas concesiones tendrán una duración de 30 años y que, para poder participar en las licitaciones, las empresas y grupos interesados deberán acreditar una cantidad de activos superior a los u$s 300 millones y un patrimonio no inferior a u$s 150 millones.
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