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» Diario Cordoba
Fecha: 07/07/2025 18:15
La trayectoria política de José Antonio Nieto (Córdoba, 1970) tiene su primer gran hito en 2011 cuando fue elegido como alcalde de su ciudad, cargo que ocupó durante un mandato y que le ha dejado un sello municipalista en su discurso. Posteriormente, dio el salto a la política nacional como diputado en las Cortes y como secretario de Estado de Seguridad en el equipo de Juan Ignacio Zoido que tuvo que hacer frente a desafíos como el referéndum de Cataluña. Tras la salida de Mariano Rajoy volvió a la política autonómica de la mano de Juanma Moreno, primero como portavoz en el Parlamento y desde julio de 2022 como consejero de Justicia, donde le ha tocado afrontar uno de los momentos más convulsos de la Justicia en España en mucho tiempo. PREGUNTA. La pasada semana hemos vivido una situación sin precedentes con la huelga de jueces. ¿Comparte el Gobierno andaluz esta protesta? ¿Considera que hay una intromisión en el poder judicial? RESPUESTA. Esta reforma se hace en el peor momento posible y sin los requisitos básicos necesarios. Hay una serie de pasos que el Ministerio sabe que tiene que dar, que tendría que haber dado, que no solo no se han dado, sino que en algunos casos se han dado en la dirección contraria. Es una doble reforma. La primera es un cambio radical en el sistema de acceso a la carrera judicial, en el que se introducen aspectos que generan bastante inquietud por su falta de consistencia. Se quiere establecer un cambio radical en un sistema de oposición que nadie había cuestionado hasta ahora. Eso merecía un diálogo previo con el Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones de jueces y de fiscales y con distintos colectivos que no se ha hecho. Y la otra reforma es un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer un giro muy importante en la cultura judicial de España. Es pasar la responsabilidad de la instrucción de los asuntos penales a los fiscales en un momento en el que se acaba de hacer público el auto de procesamiento del Fiscal General del Estado ¿Es el momento idóneo para un cambio de este tipo? Pues creo que no. Y sinceramente creo que sin entrar en consideraciones del contenido de la ley el Ministerio ha confundido el proceso y ha elegido muy mal el momento. Y en este caso yo entiendo esa reacción de los jueces y de los fiscales y le pido sentido común al Ministerio, que lo retire, que lo tramite bien, que intente que este sea un cambio legal e integrador de estado en el que los partidos con más posibilidades de gobernar este país tengan un consenso mínimo en la materia y que las principales asociaciones de jueces y de fiscales también se sientan parte de la reforma. P. ¿Pero al margen de que sea o no el momento, no cree que era necesario una reforma del acceso a la carrera judicial o de la ley de enjuiciamiento criminal? R. Poner en cuestión el sistema de acceso a la carrera judicial no es necesario. ¿Se puede mejorar? Pues probablemente se pueda. Se nos intenta poner el caramelo de la ley con las becas a los opositores a jueces. Bueno, pero es que para para darle una beca a un opositor no hace falta una reforma de la ley. Con la ley de ahora mismo se tienen que exponer un número muy importante de temas, más de 300 ante un tribunal muy cualificado y en persona en el Tribunal Supremo. Esa es una tradición española que hasta ahora ha funcionado bien. ¿Hace falta algo más? Bueno, pues analicémoslo, pongamos pruebas encima de la mesa de que hay un sistema mejor. Eso no lo ha hecho el Ministerio. Estamos hablando de las oposiciones para jueces y para fiscales. Se ha hecho mal en la forma, y eso afecta al fondo y el fondo no se ha explicado. El problema es que lo que genera esta ley: una profunda incertidumbre sobre un tema que requiere absoluta certidumbre, que es cómo acceden a la carrera judicial jueces y fiscales. ¿Habrá otra prueba? ¿Qué prueba? ¿Cómo va a ser?. Se está intentando hacer con mucho oscurantismo, con muy poca información y con muy poco diálogo. Estamos hablando de una materia muy importante, y la garantía que tenemos que transmitirle a los ciudadanos de que ese poder judicial es independiente, solvente, y está ejecutado por personas que acceden de una forma objetiva a la carrera judicial. José Antonio Nieto Ballesteros, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Parlamento de Andalucía. / jorge jiménez R. El pasado 1 de julio se cumplió uno de los plazos de otra reforma: la Ley de eficiencia del servicio público de Justicia. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué cambios han producido en los juzgados de Andalucía? P. El primer plazo fue el 3 de abril. Ese día se obligaba a que la tramitación de un número importante de procedimientos judiciales tuviesen unos requisitos previos de procedibilidad, que es como le llama la ley. Es decir, para que usted pueda poner una demanda contra otra persona reclamando una cantidad, por ejemplo, tiene que acreditar que lo ha intentado antes a través de la mediación o de un sistema adecuado de solución de controversia, y eso se tiene que aportar en el expediente y si no no se transmite la demanda. Bueno, pues los abogados, los procuradores, los letrados, los jueces no han recibido ninguna instrucción. El Ministerio no lo ha hecho, el Consejo General de Poder Judicial tampoco lo ha hecho, y hemos tenido que solventar una situación que ha llevado a disparar de una forma muy preocupante el número de asuntos que se presentaban antes de ese plazo. El 1 de julio suponía un cambio radical. 70 partidos judiciales de Andalucía tenían que pasar de estar organizados con juzgados unipersonales, lo que ahora conocemos como juzgados mixtos ahora se convierten en un órgano colegiado, un tribunal de instancia en el que los jueces tienen que ponerse de acuerdo a la hora de ordenar los criterios sobre los que van a resolver los asuntos, tienen que hacer un reparto mucho más equitativo. Ahí hay algunos aspectos que son positivos que nosotros hemos apoyado. Lo que creo es que en este caso otra vez ha hecho falta diálogo previo, consenso. El Gobierno ha sacado la ley, no la ha consultado con las comunidades autónomas que tenemos competencia, no nos ha dado la posibilidad de proponer cambios. El trámite parlamentario todavía ha estropeado más el texto que llegó a las cámaras, porque los acuerdos con las formaciones más radicales y con algunas organizaciones políticas independentistas han desvirtuado aspectos que estábamos esperando y teníamos interés en que se pusieran en marcha,. La Ley de Eficiencia viene sin memoria económica. Cero euros de aportación del Estado. 57 millones de euros es la estimación que hemos hecho del coste que nos ha supuesto su puesta en marcha P. ¿Y está el tema económico? R. Hay un aspecto añadido: esta ley viene sin memoria económica. Cero euros de aportación del Estado. 57 millones de euros es la estimación que hemos hecho del coste de la puesta en marcha de la justicia. El Ministerio dice que es a coste cero pero no es a coste cero la implementación que tenemos que desarrollar. Solamente en la negociación colectiva con los sindicatos para la fase uno, el incremento del coste han sido 3,7 millones de euros. Otros dos millones de euros los hemos tenido que gastar de manera inmediata en la transformación del tramitador digital. P. ¿Pero se ha llegado a cumplir la ley? ¿Están los 70 adaptados a tiempo? R. Esos 70 partidos judiciales han adaptado con un enorme esfuerzo de los funcionarios de justicia, de los letrados, de los jueces y bueno, todo el mundo. En los próximos días analizaremos si se ha producido algún problema en algún partido judicial, de momento la valoración es positiva y bueno, vamos a confiar en que la transformación finalice de manera correcta en en los próximos meses y que hacer ninguna vuelta atrás en ningún sitio. P. ¿Y antes de fin de año estarán adaptadas las capitales? R. El 1 de octubre se tienen que transformar tres partidos judiciales donde tenemos órganos mixtos, y luego la fase tres, que acaba el 31 de diciembre, donde están las grandes capitales y los partidos judiciales con más volumen deasunto. P. ¿Se va reclamar de alguna forma el dinero? ¿Hay alguna medida que se pueda plantear o simplemente es una reclamación de carácter político? R. Lo hemos reclamado insistentemente. En la última conferencia sectorial nos obligó a algo que no queríamos, que fue ausentarnos de la conferencia sectorial porque el Ministerio se negaba a que habláramos y a que votáramos. Nosotros no pedíamos la ley. Es del Ministerio, no ha contado con nosotros, no ha contado con la oposición. No pedíamos que el Ministerio afrontara y asumiera el 100% del coste, pedíamos que asumiera una parte del coste, al menos la mitad. Y la respuesta ha sido absolutamente ninguna, absolutamente en contra. P. Antes de que estas tres reformas legales sacudieran el sector judicial andaluz, el gran reto que se había marcado la Consejería era su plan de infraestructuras judiciales a 6 años. ¿Se han dado los pasos que se esperaban en este primer año? R. Estoy gratamente sorprendido porque se está consiguiendo. Esto es lo más parecido que yo he visto a lo de los panes y los peces. El mismo equipo con la misma gente, con los mismos recursos están haciendo un trabajo encomiable, que yo quiero destacar y que quiero agradecer públicamente. En la pasada legislatura se hicieron tres cosas reseñables: se resolvieron a través del alquiler problemas muy serios en Almuñécar y en Barbate, que eran dos partidos judiciales en unas condiciones muy precarias y que necesitaban una mejora importante. Se compró el complejo de Palma Altas, que era un reto a futuro importantísimo porque es la ciudad de la justicia más importante que tendrá Andalucía- Y se puso en marcha y se hizo más o menos la mitad de la ciudad de la sede judicial de Lucena. En esta etapa hemos puesto en marcha el edificio A de la Ciudad de la Justicia de Sevilla que equivale a una gran sede judicial de cualquier otro partido judicial de Andalucía. Estamos a punto de poner en funcionamiento el segundo edificio, el B. Y estamos ya con el desarrollo bastante avanzado de toda la gestión y toda la integración del resto de edificios para la transformación en sede judicial. Hemos activado un modelo nuevo de trabajo que no existía antes, que es la colaboración pública con ayuntamientos que son responsables y quieren mejorar el servicio de su municipio y además tienen una buena gestión económico. Estamos así en Roquetas, en Carmona, en Torrox, en Alcalá de Guadaira, en San Roque, espero que lo podamos firmar, en Vera y me faltan Torremolinos y Ayamonte que lo estamos haciendo con las diputaciones. Hemos anunciado la licitación de la Ciudad de la Justicia de Algeciras y estamos estudiando la Ciudad de la Justicia de Huelva para que sea la siguiente. El plan de infraestructuras judiciales es una realidad, más que le pese a algunos. Cualquier persona objetiva que analice ese plan sabe que en 2030 estará ya resuelto o en trámite de resolverse todos los problemas de infraestructuras judiciales que nos hemos encontrado en Andalucía y que no eran pocos y que nos obligaban a una inversión de más de 1.500 millones de euros. En 2030 estará ya resuelto o en trámite de resolverse todos los problemas de infraestructuras judiciales que nos hemos encontrado en Andalucía P. Uno de los grandes retos era tener once ciudades de la Justicia. Ya está asumido que ninguno de los proyectos nuevos va a tiempo para inaugurarse en esta legislatura. ¿Pero hasta dónde se va a poder llegar? ¿Que al menos todas estén licitadas? R. Tenemos tres construidas. La única que no requiere más actuaciones es Córdoba. En Almería vamos a hacer una actuación importante porque se hizo la Ciudad de la Justicia, pero se mantuvo la Audiencia provincial en un edificio aparte que se va a reformar íntegramente y que va a tener una actuación importante de eficiencia energética. Vamos a hacer una inversión muy potente. En Málaga se construyó la Ciudad la justicia, pero se hizo pequeña, desde que nació fue pequeña y lo que estamos trabajando es en el desarrollo de la ampliación de la ciudad de la justicia de Málaga para que ese partido judicial tan importante, el segundo más grande de Andalucía, tenga el espacio necesario para poder trabajar en las mejores condiciones posibles. En Sevilla tenemos el edificio A, el B se se va a ocupar antes de que acabe este año y ya vamos a tener allí los juzgados de primera instancia y probablemente a principio del año que viene antes de que acabe esta legislatura, se lanzará ya la licitación de la obra de la adaptación de los otros cinco edificios. Antes de que acabe este año empezamos la obra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz la primera fase es la consolidación de los edificios históricos para que el edificio nuevo que hay que construir no genere ningún daño, consolidación y rehabilitación de esos edificios mientras se pone en marcha la construcción de la nueva torre donde irán la mayoría de los órganos judiciales de Cádiz. Y luego Huelva, que también el objetivo es que antes de que acabe esta legislatura esté publicado el estudio de viabilidad y nos gustaría que pudiésemos lanzar. Vamos con los plazos ya ahí un poco justos, Pero nos gustaría intentar lanzar la licitación antes de que acabara esta legislatura y si no, dejarlo todos los trámites que son muchos resueltos. José Antonio Nieto Ballesteros, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Parlamento de Andalucía. / Jorge jiménez P. Es decir, ¿al cierre de la legislatura todas al menos licitadas? R. Me falta Marbella y Jerez. Estamos a punto de licitar los estudios de implantación que es el equivalente al anteproyecto, que es el arranque del proyecto y que suponen el pistoletazo de salida de los otros dos grandes equipamientos en materia judicial que necesita Andalucía. P. En aquella presentación del plan hubo dos elementos de en cuanto a la financiación, uno era el de conseguir que empresas privadas participaran especialmente en los grandes proyectos con un marco de colaboración público-privada y, por otro lado, captar fondos europeos para todo este plan. ¿Se ha conseguido o en esos dos ámbitos no se está consiguiendo avanzar. R. El problema de las empresas privadas es que para que puedan entrar en los proyectos tenemos que hacer una tramitación complejísima que estamos terminando, la más avanzada es Jaén. Ahora mismo estamos pendientes de un último informe de un organismo, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales que depende del Ministerio de Justicia. En cuanto a ese informe se produzca, lo único que queda ya es la consolidación del expediente por la oficina de evaluación financiera de la de la Junta de Andalucía y la licitación. Pero está tardando más de lo que creíamos. Era un proyecto que en principio nos decía que debería estar en un mes, mes y medio y va por 5 meses ya lo que llevamos esperándolo. En cuanto esté lanzaremos la licitación y Jaén tendrá en marcha ya la construcción de su ciudad de la justicia. Unos meses después confío en que tengamos también resuelto y lanzado el de la torre de nueva construcción en la ciudad de la justicia de Cádiz, que va con un poquito de más retraso, pero todavía tenemos margen para intentar meterlo en esta legislatura y la iniciativa privada está muy muy interesada en estos proyectos, lo que pasa que la tramitación es compleja. P. ¿Y se han logrado aplicar fondos europeos? R. Nunca habíamos incorporado fondos europeos a la ejecución de infraestructuras judiciales. Vamos a hacerlo en la rehabilitación de inmuebles de valor histórico en zonas rurales, porque eso nos permite que podamos usar FEDER y destinarlo a que en las zonas rurales las personas que viven en esos espacios también tengan una justicia de primer nivel, de primera calidad en un espacio idóneo para poder hacerlo y en fondos FEDER nos está permitiendo hacer rehabilitaciones de edificio siempre que consigamos unos niveles de eficiencia energética o de adecuado. P. ¿En el ámbito judicial también siente la Junta que hay un agravio a Andalucía en la gestión del Gobierno? R. Hasta hace dos años te diría que había una falta de aportación de recursos y de ambición en el Ministerio de Justicia que hacía que en toda España ese servicio estuviese infradotado y tuviésemos una carencia evidente por la falta de compromiso de del Gobierno de España. El Ministerio de Justicia no se puede convertir en una comunidad más en la que yo voy a lo mío y me olvido del resto. Tiene que ser la que aglutine, ordene, vertebre todo el servicio en el conjunto de España. Yo tenía bastante ilusión con la llegada del ministro Felix Bolaños a Justicia, porque me parecía que era una persona que podía aportar. Pero lejos de ser así, ya me empezó a no gustar mucho cuando se convirtió en el ministro anti Montesquieu. Era ministro de presidencia, o sea, de del ejecutivo, de relaciones con las cortes, del legislativo, y de justicia, el poder judicial. Luego impulsó la ley de eficiencia con algunas cesiones muy costosas a partidos radicales y a partidos independentistas y ha abandonado la necesidad de buscar un consenso con el otro gran partido de gobierno que era el Partido Popular. Luego, el otro gran choque ha sido cuando se aprueba la ley y el ministro se saca de la manga esto de coste cero. Cualquier persona seria sabe que ninguna transformación es a coste cero, ninguna. yo, pues te tengo que decir que que estoy bastante decepcionado. Hemos optado ya por decir que haga lo que haga el Ministerio, nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro, vamos a hablar con con nuestros jueces, con nuestros fiscales, con nuestros letrados, con nuestros funcionarios y vamos a sacarlo adelante. Nos queda mucho por hacer y nos queda mucho por invertir y los funcionarios de justicia nos pedían que atendiéramos algunas reivindicaciones laborales a los que teníamos que sacar algunos recursos, pero nos lo hemos tenido que gastar en la dichosa reforma de la ley porque nos han dejado solos. Si yo tengo que meter 57 millones de euros en la transformación de la ley, pues me estoy dejando alguna sede judicial por ahí o me estoy dejando alguna mejora salarial por ahí y, desgraciadamente, tenemos que intentar ver cómo podemos recuperar también esos compromisos que teníamos. P. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, los juzgados de instrucción… Todos en medio de la refriega política, ¿el daño ya es irreversible? R. El sistema judicial tiene interiorizado el error y por eso permite el recurso, porque como es consciente de que un humano se puede equivocar y un juez es un humano, pues la garantía que da el sistema es que la parte que ha sufrido un fallo en contra pueda recurrir a otro nivel y que en ese nivel le puedan dar la razón. Y ocurre con un porcentaje razonable de recursos con éxito que se producen en en España. Criticar o que no te guste una sentencia es algo legítimo, eso no va en contra de nada. Particularmente, hay algunas resoluciones del Tribunal Constitucional que no me gusta gustan nada. Sobre todo no me gusta que sistemáticamente se esté produciendo el mismo resultado en en las deliberaciones y en las votaciones de los acuerdos. Eso quiere decir que ahí hay algo más allá de lo jurídico, porque eso no ha ocurrido antes en ningún momento de la trayectoria del Tribunal Constitucional. Por supuesto, acatamos las resoluciones y y ya está. Pero lo que no vamos a hacer es decir que los jueces practican lawfare, que son parte de una intriga política o que nos persigue. Que es lo que criticamos que sí está haciendo el Partido Socialista y que ha superado una línea muy preocupante. Eso no había pasado nunca en España, pero es que no pasa en ningún otro país de la Unión Europea. Pero en los países serios, avanzados de de la Unión Europea o de cualquier otro estado democrático solvente, esa protección a la independencia judicial está garantizada. Yo puedo discrepar de una resolución, pero tengo que respetar a la institución que la emite. Y en esa línea es la que creo que tenemos que trabajar. El Tribunal Constitucional ha entrado en una fase que nos preocupa. Sí, pero lo respetamos. Y respetamos y exigimos respeto a las resoluciones del Tribunal Constitucional, más allá de que no nos gustan y que en fin, creemos que en algunos casos son mejorables. El Tribunal Constitucional ha entrado en una fase que nos preocupa, pero lo respetamos y exigimos respeto a sus resoluciones P. Pero el PP a nivel nacional no respeta precisamente al Tribunal Constitucional y ejemplos ha habido con los ERE o la amnistía. R. Más allá de la manera en la que se haya expresado, lo que no hay es una criminalización del órgano. El Tribunal Constitucional no puede ser un órgano de apelación del Tribunal Supremo. Eso es un hecho. No no puede convertirse en eso, porque si se convierte en eso y eso es lo que pasó en la sentencia del ERE estamos pervirtiendo el sistema. Y luego hay otra otra cosa que nos preocupa, que es que una reforma constitucional se tiene que hacer por los cauces que la propia Constitución establece, no por una interpretación interesada de la Constitución. No es algo tan simple como decir que todo lo que no prohíba la la Constitución está permitido. Eso ocurre con las normas penales, pero no con las normas constitucionales. Eso no puede plantearse en esos términos, porque la Constitución lo que hace no es prohibir, la Constitución lo que establece es un código en el que se se fijan cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos. No es que se prohíban, es que se reconocen una serie de derechos y se establecen una serie de obligaciones. Y lo que no está ahí recogido no se puede implementar, no hay un derecho reconocido en la Constitución a la amnistía. No existe y si no existe no se puede interpretar o no se puede aplicar como constitucional algo que no que no existe, no está. De hecho se prohíben los indultos generales, que es lo mismo que una amnistía. Y desde luego se prohíbe indultar o amnistiar delitos que tienen que ver con la maldad, que tiene que ver con la corrupción, como en este caso también se amnistía. En fin, dicho eso, con todo el respeto, para nosotros sigue siendo una institución fundamental del Tribunal Constitucional.
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