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» Santo Tome al dia
Fecha: 05/07/2025 11:51
Julio es un mes especial para el campo: comienzan las muestras rurales en todo el país, con epicentro en la Exposición de Palermo, espacios donde los productores y las organizaciones hacen visible su trabajo y también sus reclamos. Este año, además, coincide con el vencimiento del decreto que reduce temporalmente las alícuotas de los Derechos de Exportación (DEX) para cultivos como soja y maíz entre otros. La finalización de esa medida, implementada por el gobierno nacional en enero, reactivó las críticas de los sectores productivos y volvió a poner el foco en este tributo. “Las retenciones son un síntoma claro de un sistema institucional centralista y agotado, que necesita un cambio profundo que favorezca la acumulación de capital, la integración productiva y la mejora de la calidad de vida de la población”, señala el último número de Ideas en la Mira, el informe mensual sectorial elaborado por el Centro DEMOS. De los datos se desprende que aun eliminando las retenciones, la crisis del sector agropecuario no es producto de una situación coyuntural sino que, por el contrario, se trata de una crisis estructural relacionada con las condiciones económicas fundamentales del sector, en el marco de una determinada estrategia de desarrollo de largo plazo y los efectos de la política económica vigente en un sentido amplio. El documento, firmado por Ignacio Trucco, doctor en economía e investigador del CONICET y coordinador del equipo económico productivo de DEMOS, ofrece un análisis detallado sobre el origen de estos derechos de exportación y el régimen cambiario en Argentina. Entre los datos que presenta, destaca el impacto concreto de los derechos de exportación sobre los ingresos generados por la producción de bienes primarios. A modo de ejemplo, el informe destaca que las retenciones a la soja, el maíz y el trigo generaron en 2022 una transferencia total cercana a los 11 mil millones de dólares. Esta transferencia puede dividirse en dos componentes, la fiscal que es recaudada por el Estado, y la transferencia a los consumidores por el efecto sobre los precios internos. Del total de la transferencia, el 80% corresponde al componente fiscal y el 20% al componente ligado al desacople de los precios internos de los internacionales. Frente a ello el informe explica que “el componente fiscal de las retenciones es ampliamente superior al comercial, y su principal función hoy es compensar un sistema tributario atípico e ineficiente que premia a los altos ingresos e indirectamente al consumo de lujo, mientras que castiga la producción y la exportación, la fuente de divisas que la economía nacional utiliza para funcionar”. A su vez, el estudio señala que las retenciones agravan las desigualdades regionales, penalizan las zonas de menor productividad fuera del núcleo central y desplazan impuestos provinciales como el inmobiliario rural. Además, señala que el Banco Central, bajo una lógica centralista, ha favorecido ciclos de apreciación cambiaria que alimentan la especulación financiera y deterioran el entramado productivo. “Estos ciclos transfieren ingresos al sistema financiero y a los sectores de mayores ingresos, mientras destruyen capacidades industriales y agropecuarias en todo el país”, afirmó el autor. El trabajo concluye con una propuesta institucional: avanzar hacia una reforma estructural del sistema económico nacional con eje en el federalismo. “Las instituciones económicas deben ser permeadas por la realidad territorial de la Argentina profunda. No se puede seguir gobernando la economía desde una lógica unitaria que subordina a las provincias productivas”, plantea el autor del informe. En este sentido, del informe se puede deducir que, en un sistema tributario normalizado, con una estructura de impuestos comparable a la de la mayor parte del resto de los países del mundo, el gobierno podría devolver el 100% de las retenciones recomponiendo el 80% de la transferencia, sin perder capacidad fiscal y conservando la transferencia correspondiente a los precios internos.
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