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Parana » Informe Digital
Fecha: 04/07/2025 13:33
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, reafirmó «su compromiso con la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente». Además, definió como «autoridades de ocupación» a «los órganos y funcionarios de Moscú» que han «ocupado temporalmente» la «República Autónoma de Crimea, la ciudad de Sebastopol y ciertas zonas de las provincias ucranianas de Khersón, Zaporizhzia, Donetsk y Luhansk». Guterres también informó que el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, «transmitió una nota verbal a la Federación de Rusia solicitando su cooperación para llevar a cabo una misión en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente… pero hasta la fecha no se ha encontrado una manera de acceder». El período investigado por ambos altos funcionarios de Naciones Unidas abarcó desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2024. La ONU denunció que «se ha vuelto casi imposible vivir en esos territorios ocupados sin disponer de la ciudadanía rusa», evidenciando dificultades para «acceder a asistencia médica, cobrar un salario, comprar y vender propiedades, pagar la electricidad y contratar un seguro de automóvil. Los residentes que deseaban conservar su ciudadanía actual y no habían prestado juramento de ciudadanía rusa fueron declarados extranjeros con residencia permanente». Desde el 1 de enero de 2025, «los extranjeros y apátridas no podían cobrar una pensión», privándolos «de pagos y garantías sociales, incluida la atención médica gratuita». El derecho internacional humanitario prohíbe que la potencia ocupante traslade a parte de su propia población civil al territorio que ocupa, así como forzar «a las personas protegidas a servir en sus fuerzas armadas, prohibiendo toda presión o propaganda tendiente a conseguir alistamientos voluntarios». En este contexto, «el Ministerio de Educación ruso estableció una asignatura obligatoria en octavo curso (13 a 14 años) titulada “Fundamentos de la seguridad y defensa de la patria”, que incluye «adiestramiento militar». Simultáneamente, «las autoridades de ocupación rusa ofrecen incentivos económicos adicionales a los residentes de los territorios de Ucrania ocupados temporalmente. Además de un pago único de 400.000 rublos (aproximadamente 3.500 dólares) a todos los ciudadanos rusos y extranjeros que cumplan ciertos requisitos y firmen un contrato con las fuerzas armadas rusas, se ofrecían 400.000 rublos adicionales en el caso de los residentes de Sebastopol y 500.000 rublos más (aproximadamente 4.400 dólares) por alistarse en las fuerzas armadas rusas». A pesar de que la prohibición de la tortura es absoluta en el derecho internacional humanitario, la ONU ha documentado 37 casos de civiles liberados que fueron torturados en cautiverio mediante palizas, golpes, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, amenazas de violencia y humillaciones. Además, otros 96 casos (85 hombres y 11 mujeres) «proporcionaron relatos detallados y coherentes», que incluían «asfixia, posturas forzadas prolongadas, ejercicio excesivo forzado, privación del sueño, simulacros de ejecución, amenazas de violencia y humillación». «El acceso a observadores independientes a menudo no se aplica o resulta ineficaz en los casos bajo el control de distintas entidades estatales, como el Servicio Federal de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y el Comité de Investigación. Los prisioneros de guerra contaron que, en algunos casos en que inspectores visitaron lugares de internamiento, la tortura cesó temporalmente y las condiciones mejoraron, lo que sugiere que los funcionarios a cargo de los centros podían detener la tortura cuando lo consideraban necesario». Las autoridades rusas han «procesado a personas por ejercer su legítimo derecho a las libertades de religión, expresión y opinión» en los territorios ucranianos ocupados temporalmente al exhibir símbolos ucranianos, criticar a las fuerzas armadas rusas o expresar opiniones disconformes… Continuaron imponiendo multas a residentes por publicar en redes sociales contenidos relacionados con Ucrania, como imágenes del escudo o canciones ucranianas». En Crimea, «224 personas (135 mujeres y 89 hombres) fueron inculpadas por desacreditar a las fuerzas armadas rusas. Algunos de los motivos por los que se sancionó a los residentes en Crimea fueron referirse a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia como un ataque, un acto de agresión o una guerra, en lugar de una «operación militar especial», y pedir el fin de la guerra, criticar las actividades rusas o al presidente, o aludir al sufrimiento de los civiles o a la ocupación de Crimea en publicaciones en redes sociales y comentarios en reacción al contenido de otros usuarios o en declaraciones orales formuladas en lugares públicos». «Rusia inició procedimientos contra el periódico tártaro “Qirim” en Crimea, lo cual significa Crimea. Tras dos condenas por desacreditar a las fuerzas armadas rusas, un tribunal establecido por Rusia en Simferópol multó al periódico con el equivalente a 2.197 dólares por difundir información no fiable con impacto social, luego de que se hiciera referencia al informe del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Crimea en 2023». Los ataques al derecho a la privacidad, así como a los abogados y representantes de la sociedad civil, han hecho «casi imposible encontrar representación legal independiente y competente en estos territorios ucranianos ocupados temporalmente por Rusia. Los abogados han rehusado aceptar casos de personas sospechosas de criticar la ocupación de Rusia o de ayudar a las fuerzas armadas ucranianas por temor a convertirse ellos mismos en blancos de presiones, intimidaciones, acoso y represalias». Peor aún, «los abogados rusos con sede en Rusia también se han negado a aceptar casos de los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, por precaución hacia su seguridad o para no dar la impresión de que apoyan la ocupación de territorios ucranianos por parte de Rusia. La intimidación a abogados por el ejercicio legítimo de su actividad profesional no solo socava la integridad de la profesión jurídica, sino también el derecho a un juicio imparcial». Mientras tanto, las autoridades de ocupación de Rusia, «en ciertas zonas de las provincias de Khersón, Zaporizhzia, Donetsk y Luhansk, continuaron confiscando propiedades residenciales “no utilizadas”, en virtud de leyes aprobadas en 2023 y 2024. El Departamento de Vivienda de Mariupol, ocupado temporalmente por Rusia, publicó una lista de 345 apartamentos del distrito de Ordzhonikidze que figuraban como aparentemente “abandonados”. Para reivindicar la titularidad de los bienes, los propietarios deben presentar pasaporte ruso, impidiendo a los ucranianos sin ciudadanía rusa realizar estas gestiones». «Las autoridades de ocupación rusas han expresado públicamente su intención de aprovechar esos bienes “no utilizados” para alojar a los especialistas procedentes de Rusia, incluidos funcionarios y agentes del orden, personal militar y personas de diferentes partes de la Federación de Rusia, como Chechenia. Un tribunal de Sebastopol despojó de su propiedad a un residente local con ciudadanía ucraniana por no tener ciudadanía rusa». En total, en 2024, el Consejo de Estado de la República de Crimea confiscó bienes inmuebles pertenecientes a 560 personas físicas y jurídicas en Crimea y 135 personas jurídicas de la ciudad de Sebastopol, además de 2.600 propiedades confiscadas anteriormente. El alcalde de la ciudad, designado por las autoridades de ocupación, anunció que 549 militares rusos habían recibido parcelas. En el resto de Crimea, a finales de 2024, se habían reasignado 4.400 parcelas, y después de mayo de 2024, la reasignación de parcelas aumentó un 248%». «Rusia exige que los ciudadanos ucranianos ingresen al territorio que controla, incluidos los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, ya sea por un paso fronterizo en la provincia de Pskov o desde el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú, donde son sometidos a interrogatorios e inspecciones, incluso de sus teléfonos. Varias personas declararon a la ONU que no viajarían a los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, por temor a ser detenidas si tienen o dan la impresión de tener opiniones pro-ucranianas o vínculos con personas al servicio de Ucrania». Desde 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido pedidos de captura contra el presidente Vladímir Putin y otros funcionarios, acusados de crímenes de guerra, deportación y traslado ilegal de unos 15.000 niños de Ucrania a Rusia. Ahora, el Secretario General de la ONU pide a Rusia «información completa sobre esos niños, incluidos los que se encuentran bajo el cuidado de instituciones o familias rusas, que se abstenga de realizar cualquier cambio en su estatus personal, como la nacionalidad, y que facilite su reunificación familiar. António Guterres exhortó a Rusia a eliminar el procedimiento simplificado que permite a los tutores solicitar la ciudadanía rusa en nombre de niños ucranianos».
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