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Concordia » 7paginas
Fecha: 04/07/2025 11:32
A través de un comunicado conjunto enviado a la redacción de 7Paginas, los directivos señalaron que, desde que Murúa asumió la coordinación, se implementaron cambios arbitrarios que vulneraron el funcionamiento histórico y normativo del sistema de comedores escolares, particularmente el retiro de tarjetas Sidecreer a las escuelas —utilizadas para gestionar los fondos alimentarios— para entregárselas a personas sin cargo formal, denominadas “tarjeteros”. “Esta práctica no solo carece de respaldo legal, sino que además desplazó a los equipos directivos de sus responsabilidades legítimas, sin que mediara resolución administrativa ni motivo alguno”, advierten en el escrito. Sin control ni transparencia Entre las consecuencias más graves que denuncian se encuentran: Pérdida de control sobre los fondos públicos asignados a cada establecimiento. Prohibición a los directivos de ingresar a las cocinas escolares. Imposición de proveedores y cambios en los menús sin consulta ni criterio pedagógico o nutricional. Los directivos citan la Resolución N.º 267/2025 del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, la cual ordena una información sumaria por irregularidades detectadas en 37 escuelas de Concordia y no reconoce la figura del “tarjetero” como válida, ni autoriza el desplazamiento de directivos sin causa. Además, sostienen que la gestión de Murúa profundizó los problemas preexistentes en vez de solucionarlos, introduciendo presuntos sobreprecios, cambios compulsivos de proveedores y falta de rendiciones claras, lo que derivó en una denuncia penal que investiga un desvío de más de 100 millones de pesos. Fuero gremial como barrera Otro punto crítico planteado es el manejo del personal de cocina con fueros gremiales, quienes —según el comunicado— habrían utilizado su protección legal para obstaculizar reorganizaciones necesarias. Los directivos afirman que se generaron tensiones y una pérdida de autoridad para garantizar el correcto funcionamiento del servicio alimentario. “Los directores no tenemos herramientas para intervenir cuando hay incumplimientos o falta de colaboración. Esto no solo afecta la gestión, sino que impacta directamente en el bienestar de los estudiantes”, remarcaron. Pedido de justicia y restitución de funciones Finalmente, los docentes firmantes exigen que se garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos, se investigue a fondo lo ocurrido y se restituya la administración descentralizada de los comedores a las escuelas, tal como lo establece el Convenio Marco firmado entre el entonces Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo General de Educación en 2022. “Reivindicamos el principio de que con hambre no se puede pensar, y exigimos que se respete nuestra idoneidad profesional y el marco normativo vigente”, concluyeron. Firmantes: Celeste E. Echandia – Directora UENI N.º 3 “Primeros pasos” Mariana Bodean – Rectora Escuela Secundaria N.º 23 “República Oriental del Uruguay” Marina Soto – Rectora Escuela Secundaria N.º 8 “Don Augusto Niez” Roxana G. Risso – Directora Escuela N.º 60 “Gral. Manuel de Olazábal” Selva M. Sánchez – Rectora Escuela Secundaria N.º 22 “Mariano Moreno” Eduardo Ibarrola – Rector Escuela Secundaria N.º 4 “Damián Pedro Garat” (Villa Adela) La causa judicial sigue su curso, y el caso pone nuevamente bajo la lupa la gestión de políticas sociales claves en contextos de alta vulnerabilidad.
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