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Parana » ER 24
Fecha: 04/07/2025 07:14
INFORME ESPECIAL: LOS MILLONES DE DOLARES DE SOBREPRECIOS DE BORDET Y ROMERO EN SEGUROS Entre 2017 y 2023, la Policía de Entre Ríos aseguró sus aeronaves (dos helicópteros Bell 427 y 429, matrículas LQ-BII y LQ-CZZ) a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). Cada año se renovó la póliza en forma directa entre la Jefatura de Policía e IAPSER, sin licitación pública, mediante decretos del Poder Ejecutivo provincial. Estas contrataciones se encuadraron en el régimen de “contratación directa por vía de excepción” previsto en la Ley N° 5140 de Administración Financiera y las normas provinciales de contrataciones. En efecto, la normativa local (Ley N° 5058/1971 y Decreto 2376/2000) obliga a los organismos públicos entrerrianos a contratar sus seguros con el IAPSER, habilitando la contratación directa con la aseguradora estatal sin concurso de precios. Cada decreto anual aprobó la renovación por un período de 12 meses (generalmente desde el 28 de septiembre de un año hasta la misma fecha del año siguiente) e imputó el gasto en dólares estadounidenses, convertido a pesos al tipo de cambio oficial del día de pago. Los costos de la prima fueron incrementándose año a año: por ejemplo, la póliza 2017–2018 tuvo un costo cercano a U$S 360.230 (pagado al contado); la de 2018–2019 ascendió a U$S 386.153; en 2019–2020 y 2020–2021 rondó los U$S 390 mil; luego en 2021–2022 subió a U$S 510.277; y finalmente la última renovación 2023–2024 alcanzó los U$S 556.965,56. Cada decreto fue refrendado por la Ministra de Gobierno (Rosario Romero) y dispuso que la Tesorería General efectúe el pago, con rendición posterior ante el Tribunal de Cuentas. Es decir, formalmente hubo control administrativo, pero no se realizaron licitaciones ni compulsa de ofertas dado el marco de contratación directa. Sobreprecios y falta de competencia Diversas fuentes señalaron posibles sobreprecios en estas pólizas aeronáuticas al compararlas con valores de mercado. En noviembre de 2023 –tres semanas antes del cambio de gobierno– Gustavo Bordet aprobó por decreto la última renovación anual por un monto total de U$S 556.965,56, equivalente entonces a más de 500 millones de pesos. Medios provinciales destacaron que ese costo es cinco veces superior al de pólizas similares contratadas por otra jurisdicción: “en la misma fecha, el gobierno de Corrientes aseguró su flota de cuatro aeronaves con la firma Sancor Seguros por 100.000 dólares”, mientras Entre Ríos pagó más de medio millón por solo dos helicópterosr. Este dato –publicado por Noticia Uno– sugiere un sobreprecio del 400% en la contratación entrerriana respecto de un valor de mercado competitivo. La ausencia de licitación (y por tanto de competencia entre aseguradoras) aparece como una de las causas de estos sobrecostos. Al ser IAPSER el asegurador “obligatorio” por ley provincial, no hubo comparación de ofertas de aseguradoras privadas que pudieran reducir el precio. En Corrientes, en cambio, la cobertura se contrató vía concurso con una empresa del mercado, logrando un premio mucho menor por más bienes asegurados. De igual modo, se cita el antecedente de San Juan: durante años ese estado provincial contrató en forma directa con IAPSER seguros de riesgos del trabajo (ART) pagando 42 millones de pesos mensuales, hasta que en 2016/2017 una nueva gestión llamó a licitación y obtuvo el mismo servicio por 15 millones mensuales, casi tres veces más barato. En ese caso, IAPSER incluso participó en la licitación ofreciendo una prima sustancialmente menor a la que cobraba en la contratación directa previa, lo que evidenció que la falta de competencia había encarecido enormemente el costo para el Estado. En Entre Ríos, si bien no se judicializó el tema de los seguros aeronáuticos, la prensa de investigación expuso la posible sobrevaloración. Noticia Uno calculó que la Policía entrerriana terminó pagando “cinco veces más” que el valor de mercado por asegurar sus helicópteros. Autoridades salientes argumentaron que se trataba de pólizas en dólares con cobertura amplia (casco de aeronave, tripulación, etc.) y que el aumento respondía a reajustes internacionales de costos. Sin embargo, la comparación con Corrientes –que también aseguró helicópteros y aviones, y por todo un año– dejó en evidencia una brecha difícil de justificar. La diferencia sugiere que los premios abonados a IAPSER pudieron haber incluido márgenes excesivos o gastos no transparentes. Cabe señalar que, al ser IAPSER una empresa estatal entrerriana, las eventuales utilidades o sobreprecios quedan en la propia compañía provincial, lo cual ha sido tradicionalmente defendido por las autoridades como “retorno al patrimonio público”. No obstante, ese argumento pierde fuerza si la prima es desproporcionadamente alta: en la práctica implica un mayor gasto público inicial que podría haberse evitado con una contratación más económica. Marco normativo aplicable El régimen legal que rige estas contrataciones es específico de Entre Ríos. La Ley N° 5058, sancionada en 1971, estableció la obligatoriedad de contratar con el Instituto del Seguro los seguros de “la Administración Provincial Central, Municipalidades, Entes Descentralizados y Autárquicos” de la provincia. Es decir, se definió a IAPSER como aseguradora exclusiva del Estado entrerriano para cualquier ramo (patrimonial, personal, automotor, etc.). Esta obligatoriedad fue ratificada y ampliada por el Decreto N° 2376/00 (año 2000), que reafirmó las disposiciones de la Ley 5058. En consecuencia, desde hace décadas la práctica en Entre Ríos ha sido adjudicar en forma directa al IAPSER las coberturas de bienes públicos, invocando dicha normativa especial por sobre las reglas generales de contratación. Paralelamente, la Ley N° 5140 de Administración Financiera y de los Bienes y Contrataciones (TOC por Decreto 404/1995 MEOSP) prevé en su artículo 27º inc. c) excepciones al procedimiento licitatorio, entre ellas cuando la contratación se realiza con organismos estatales. Los decretos del Poder Ejecutivo que autorizaron los seguros aeronáuticos citaron expresamente esta base legal: se menciona que la gestión “encuadra en lo dispuesto por la Ley N° 5058 y sus modificatorias, el Decreto N° 2376/00 SGG, … así como en las previsiones de la Ley N° 5140 … artículos 26º inciso h) y 27º inciso c) apartado b) punto 1 … y artículos 132º inc. b) y 133º del Decreto N° 795/96” (reglamentario). Esos pasajes confirman que la operación se realizó al amparo de la excepción legal que permite contratar directamente con IAPSER. En síntesis, la legislación provincial fue la clave: amparado en la Ley 5058, el gobierno entrerriano no tenía la obligación jurídica de licitar los seguros con aseguradoras privadas, pudiendo contratarlos directamente con su propia empresa. No obstante, este esquema ha sido cuestionado recientemente. A fines de 2023 se debatió un proyecto de ley para derogar la obligatoriedad de la Ley 5058, con el fin de habilitar la competencia de otras compañías en la cobertura de los bienes públicos. La iniciativa buscaba que el Estado pudiera comparar propuestas y costos, argumentando que la apertura del mercado podría redundar en ahorros significativos (como sucedió en San Juan). Hasta 2023, sin embargo, la Ley 5058 siguió vigente. Vale mencionar que el IAPSER, por su naturaleza de entidad estatal, también está exceptuado de ciertos impuestos (ganancias) y regulaciones, lo que teóricamente debería permitirle ofrecer precios competitivos; pero en la práctica, sus cotizaciones no siempre resultaron más bajas que las del sector privado cuando hubo comparación. Autoridades del IAPSER y presunto nepotismo Durante los años analizados, las autoridades del IAPSER estuvieron fuertemente ligadas al poder político provincial, incluyendo familiares de altos funcionarios. Entre 2016 y 2020 el presidente del Directorio fue Juan Domingo Orabona, un dirigente cercano al justicialismo entrerriano, designado al inicio de la gestión de Gustavo Bordet. Orabona ejerció cerca de 5 años y a mediados de 2020 renunció al cargo (fue convocado por el gobierno nacional a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande). En su lugar asumió como nuevo presidente Tomás Proske a partir de julio de 2020, quien condujo la aseguradora hasta el final del mandato de Bordet en 2023. Junto a Proske se desempeñaron como vocales del Directorio dos personas con evidente conexión familiar y política: Horacio Bahl y Camilo Stratta. Según reconocen las propias fuentes oficiales, “Camilo Stratta y Horacio Bahl, ambos hermanos de los últimos compañeros de fórmula del gobernador Bordet”, integraban el Directorio del IAPSER. Es decir, Horacio Bahl es hermano del ex vicegobernador Adán Bahl (vice de Bordet 2015–2019, luego intendente de Paraná) y Camilo Stratta es hermano de la vicegobernadora Laura Stratta (vice 2019–2023). La presencia de los hermanos de Bahl y Stratta en puestos clave del IAPSER ha sido señalada como un caso de nepotismo en la administración de Bordet. No solo ocupaban cargos de decisión, sino que percibían sueldos elevados: en 2021 ganaban aproximadamente $245.000–$258.000 mensuales de bolsillo cada uno (montos que superaban los $400.000 brutos). Cabe aclarar que ambos cuentan con trayectoria profesional (Horacio Bahl es contador y fue funcionario legislativo; Camilo Stratta es abogado) pero su nombramiento coincidió temporalmente con el ascenso político de sus hermanos, lo que despertó críticas. Otro nombre vinculado fue el del Gerente General histórico de IAPSER, Martín Fernández. Fernández (de Gualeguaychú) ocupó la gerencia general desde 2012 y continuó en el cargo durante gran parte de la gestión Bordet. Aunque no es pariente de autoridades, en 2015 fue objeto de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de un reportaje de la revista Análisis, que reveló un importante incremento patrimonial mientras dirigía el IAPSER. Pese a ello, Bordet lo mantuvo en funciones –fue ratificado en el cargo pocos días después de iniciada la investigación penal– hasta su jubilación o reemplazo (hacia 2019, cuando asumió un nuevo Gerente General, CPN Luciano Rey). Este episodio abonó la percepción de falta de control interno y posibles favoritismos dentro del Instituto. En cuanto a vínculos societarios o políticos con contratistas o brokers externos, no surgieron pruebas directas de que Horacio Bahl o Camilo Stratta tuvieran participación en empresas aseguradoras privadas ni en las operaciones cuestionadas. Su influencia proviene más bien de su vínculo familiar con los gobernantes (lo cual facilitó su acceso a esos cargos). Sin embargo, el IAPSER en sí ha tenido relaciones controvertidas con terceros: por ejemplo, en San Juan operaba como representante de IAPSER el ex diputado Moisés Lara, hombre cercano al gobernador Gioja, quien simultáneamente era productor de seguros (agente) –lo cual contravenía las normas– y recibió beneficios como un préstamo del IAPSER para un inmueble luego alquilado al propio instituto. Esa situación fue parte de la auditoría interna explosiva de 2016 y muestra colusión con un broker local, aunque fuera de Entre Ríos. Dentro de la provincia, casi todas las contrataciones de seguros públicos se hacen sin intermediarios (productores) porque IAPSER opera directamente. De hecho, el Directorio del IAPSER aprobó en 2019 una normativa interna indicando que “todos los organismos públicos de la provincia de Entre Ríos deben realizar la contratación directa con el IAPS, sin intermediarios”, salvo solicitud expresa en contrario del titular del organismo. No obstante, hubo excepciones por gestiones particulares: un caso resonante fue el de Concordia (2020–2023), donde el intendente Enrique Cresto designó a un productor asesor de seguros de confianza, Ignacio Caprarulo, para que intermedie en los seguros municipales con IAPSER. Aunque se lo nombró “ad honórem”, investigaciones periodísticas revelaron que cobró millonarias comisiones pagadas por el IAPSER (es decir, con fondos provinciales) durante esos años. Esto generó quejas de otros brokers locales (excluidos de ese negocio) y planteos sobre la innecesariedad de un intermediario cuando la propia ley obliga a contratar con IAPSER directamente. Tras un pedido de acceso a la información, en 2024 el nuevo intendente anuló la intermediación y el IAPSER comunicó que dejaría de pagarle comisiones a Caprarulo, reconociendo que, dado el espíritu “ad honórem” de su cargo, no correspondía remunerarlo por comisiones. Este episodio evidencia cómo vínculos personales o políticos (Cresto es del mismo signo político que Bordet) permitieron excepcionalmente la participación de un broker con lucro en seguros públicos, contradiciendo el régimen general. Investigaciones y antecedentes relevantes No consta que se hayan presentado denuncias judiciales específicas ni causas penales exclusivamente sobre las pólizas de seguro aeronáutico de la Policía entrerriana entre 2017 y 2023. Sin perjuicio de ello, la situación general del IAPSER y sus contrataciones sí estuvo bajo la lupa en varios frentes: Por un lado, la Justicia de Entre Ríos investigó al ex gerente general Martín Fernández (mencionado antes) por enriquecimiento ilícito. La causa se originó en 2016 y avanzó lentamente; recién en mayo de 2021 Fernández fue citado a indagatoria por el Ministerio Público Fiscal. En la denuncia periodística inicial se aportó una “memoria anónima de una auditoría interna del IAPSER” que detallaba diversas irregularidades: convenios millonarios con San Juan y San Luis firmados sin transparencia; un “contrato secreto” con una gerenciadora de riesgos; el rol ilegal de Moisés Lara como doble agente; e incluso que IAPSER habría pagado sumas extraordinarias al propio Gioja (por ejemplo, una indemnización de $1 millón y gastos de rehabilitación tras un accidente aéreo que sufrió). Mucha de esta información salió a la luz en Página Judicial y Análisis, generando un fuerte revuelo en 2017. Si bien esos hechos involucraban a otra provincia, mostraban un modus operandi cuestionable del IAPSER que repercutió en Entre Ríos: por ejemplo, tras aquellos escándalos, el entonces gobernador Bordet ordenó en 2017 la remoción de Lara como representante en San Juan y dispuso una reestructuración interna (incluyendo la normativa de 2019 para limitar intermediarios). La causa Fernández continúa formalmente abierta, aunque al día de hoy no se ha informado de un desenlace condenatorio. (mencionado antes) por enriquecimiento ilícito. La causa se originó en 2016 y avanzó lentamente; recién en mayo de 2021 Fernández fue citado a indagatoria por el Ministerio Público Fiscal. En la denuncia periodística inicial se aportó una “memoria anónima de una auditoría interna del IAPSER” que detallaba diversas irregularidades: convenios millonarios con San Juan y San Luis firmados sin transparencia; un “contrato secreto” con una gerenciadora de riesgos; el rol ilegal de Moisés Lara como doble agente; e incluso que IAPSER habría pagado sumas extraordinarias al propio Gioja (por ejemplo, una indemnización de $1 millón y gastos de rehabilitación tras un accidente aéreo que sufrió). Mucha de esta información salió a la luz en Página Judicial y Análisis, generando un fuerte revuelo en 2017. Si bien esos hechos involucraban a otra provincia, mostraban un que repercutió en Entre Ríos: por ejemplo, tras aquellos escándalos, el entonces gobernador Bordet ordenó en 2017 la remoción de Lara como representante en San Juan y dispuso una reestructuración interna (incluyendo la normativa de 2019 para limitar intermediarios). La causa Fernández continúa formalmente abierta, aunque al día de hoy no se ha informado de un desenlace condenatorio. Por otro lado, organismos de control locales intervinieron en lo que les correspondía. El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos recibe las rendiciones de los pagos efectuados (como quedó asentado en cada decreto, art. 3º). Sin embargo, no trascendieron objeciones ni dictámenes del Tribunal señalando sobreprecios en estas pólizas específicas. Es posible que dado el marco legal (obligatoriedad con IAPSER), el órgano de control se limitara a verificar la documentación y el cumplimiento formal, sin entrar a juzgar la razonabilidad del monto versus mercado. Tampoco se conocieron denuncias administrativas de proveedores, ya que otras aseguradoras prácticamente no tuvieron chance de ofertar debido al monopolio legal. intervinieron en lo que les correspondía. El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos recibe las rendiciones de los pagos efectuados (como quedó asentado en cada decreto, art. 3º). Sin embargo, no trascendieron objeciones ni dictámenes del Tribunal señalando sobreprecios en estas pólizas específicas. Es posible que dado el marco legal (obligatoriedad con IAPSER), el órgano de control se limitara a verificar la documentación y el cumplimiento formal, sin entrar a juzgar la razonabilidad del monto versus mercado. Tampoco se conocieron denuncias administrativas de proveedores, ya que otras aseguradoras prácticamente no tuvieron chance de ofertar debido al monopolio legal. En el ámbito legislativo y periodístico, sí hubo repercusiones. Medios como NoticiaUno y Análisis Digital publicaron informes críticos (citados arriba) que probablemente motivaron consultas de la oposición en la Legislatura. De hecho, a fines de 2023 tras el cambio de signo político en el gobierno (asumió Rogelio Frigerio, opositor), se empezó a revisar la situación del IAPSER y otros entes. Tras asumir, la nueva gestión anunció la revisión de nombramientos políticos realizados en el último tramo de la gestión anterior, entre ellos en IAPSER, donde se detectó una “catarata” de ingresos de familiares y allegados hacia finales de 2022 y 2023. Frigerio anticipó que daría de baja muchos de esos contratos para reducir el gasto y despolitizar los organismos como el Instituto del Seguro. Asimismo, en la Legislatura entrerriana ingresó (o se retomó) el mencionado proyecto para modificar la Ley 5058 y quitar el privilegio monopólico del IAPSER, buscando introducir mayor competencia y transparencia en las contrataciones de seguros públicos. Es temprano para evaluar los resultados de estas medidas, pero indican un reconocimiento oficial de que el esquema previo presentaba falencias en términos de eficiencia y gobernanza. En conclusión, las contrataciones del IAPSER para asegurar las aeronaves de la Policía de Entre Ríos (2017–2023) estuvieron respaldadas por la normativa provincial vigente pero exhibieron signos de irregularidad: precios muy superiores a referencias de mercado, ausencia de competencia, y posibles conflictos de interés por la presencia de familiares de funcionarios en la conducción del Instituto. Si bien no se ha judicializado específicamente este tema en Entre Ríos, sí existen antecedentes de denuncias relacionadas con el IAPSER (por sobreprecios en otras provincias, enriquecimiento de directivos, etc.) que aportan un contexto preocupante. La nueva administración provincial parece dispuesta a revisar estos contratos y el marco legal que los facilitó, con el objetivo de evitar sobreprecios y mejorar la transparencia en el futuro. DECRETO-4109-2021-MGJ DECRETO-4467-2023-MGJ DECRETO-4576-2017-MGJ DECRETO-1045-2019-MGJ DECRETO-3452-2019-MGJ DECRETO-3817-2022-MGJ Fuentes: Boletín Oficial de Entre Ríos (decretos de contratación directa 2017–2023); Ley 5058 y Dec. 2376/00 (marco normativo)diariojunio.com.ar; Noticia Uno (investigación sobre costos – “seguro aeronáutico que en el mercado cuesta cinco veces menos”)noticiauno.com.ar; Análisis Digital y Confirmado (datos sobre directorio de IAPSER y relaciones familiares)confirmado.ar; Infobae y Página Judicial (caso Gioja/IAPSER en San Juan, auditoría interna)infobae.cominfobae.com; Diario Junio (informes sobre obligatoriedad de IAPSER y comisiones a intermediarios)diariojunio.com.ardiariojunio.com.ar; entre otros.
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