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Parana » Informe Digital
Fecha: 04/07/2025 04:20
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 dictó hoy una sentencia de 13 años y 6 meses de cárcel para Marcelo Sebastián D’Alessio, un abogado falso, tras hallarlo culpable de ser parte de dos asociaciones ilícitas que operaron entre mediados de 2016 y febrero de 2019. Una de estas asociaciones se dedicaba a actividades de inteligencia ilegal y extorsiones, mientras que la otra estaba involucrada en operaciones internacionales de lavado de activos por montos millonarios. También se condenó a otros cinco acusados, entre ellos dos exagentes de inteligencia, con penas que varían entre 9 años y 6 meses y 3 años de prisión en suspenso. El juicio, que duró un año y diez meses y comenzó el 12 de septiembre de 2023, tuvo la participación de Marcelo Colombo, fiscal general N°8 ante los TOCF de la Capital Federal, y su auxiliar Miguel Yivoff. El tribunal estuvo compuesto por las juezas Sabrina Namer (presidenta) y Gabriela López Iñiguez, junto al juez Nicolás Toselli. Siguiendo la solicitud del Ministerio Público Fiscal, el TOCF 8 condenó a D’Alessio (55 años) por delitos de asociación ilícita (como miembro) y violación de la Ley de Inteligencia Nacional (como participe primario). Asimismo, fue considerado miembro de otra asociación dedicada a maniobras de lavado de activos, y hallado culpable de extorsión (coautor), cuatro intentos de extorsión, coacción (coautor) y tenencia ilegal de armas, por la posesión de un revólver Smith & Wesson calibre Magnum .357 en su hogar. D’Alessio fue absuelto únicamente por el delito de encubrimiento debido a la prescripción de la acción penal. La fiscalía había solicitado una condena de 15 años de prisión para él. Actualmente, D’Alessio está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y ya había recibido una condena anterior en 2021, impuesta por el TOCF N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, de 4 años de prisión por tentativa de extorsión contra el empresario Gabriel Traficante. Los exagentes de inteligencia R.O.B y R.H.B., cuyos nombres se mantienen bajo protección de la Ley de Inteligencia, fueron condenados a 9 años y 6 meses y 6 años de prisión, respectivamente. Se les consideró coautores de asociación ilícita y de violación de la Ley de Inteligencia Nacional. A R.O.B. se le sumaron los cargos de coautor en extorsión y coacción, mientras que a R.H.B. se le probó el delito de extorsión como coautor en grado de tentativa, en dos ocasiones. En el caso del intento de extorsión de D’Alessio, el periodista Daniel Santoro fue sobreseído. Por otro lado, el licenciado en sistemas Pablo Leonardo Bloise (58), el comerciante Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti (60) y el empresario Aldo Eduardo Sánchez (54) recibieron 3 años de prisión en suspenso como coautores de asociación ilícita dedicada al lavado de activos. El tribunal también dispuso que todos los condenados abonaran el máximo de la multa según el artículo 22 bis del Código Penal. Finalmente, el excomisario de la policía bonaerense Aníbal Degastaldi (70), el oficial de la Prefectura Naval Argentina Franco Leandro Pini (45) y el boxeador Mariano Rubén Díaz (43) fueron absueltos. El TOF ha dispuesto que los fundamentos de esta resolución se conocerán el 15 de septiembre de 2025. En cuanto a las actividades delictivas, se demostró que la primera asociación ilícita se dedicaba a realizar labores de inteligencia ilegal, en flagrante violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Estas actividades incluían la obtención, producción y almacenamiento de datos personales mediante fuentes públicas y bases de datos restringidas, con la ayuda de agentes estatales de diversas instituciones. La información recopilada era utilizada para intimidar a las víctimas, exigiéndoles dinero bajo la amenaza de influenciar sobre causas judiciales o medios de comunicación, perjudicándolas o beneficiándolas en esos procesos. Para llevar a cabo sus propósitos, la organización estableció una red de contactos con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad, periodistas y empresarios, las cuales eran mostradas a las víctimas para crear credibilidad sobre su poder de influencia y daño. El tribunal acreditó trece delitos asociados a estas maniobras, que incluían inteligencia ilegal, extorsiones, coacción y tenencia ilegal de armas. En la primera audiencia de alegatos, el fiscal Colombo describió esta organización como un “binomio de espionaje ilegal y extorsión”, señalando que contaban con “socios voluntarios” y “involuntarios”, principalmente en medios de comunicación y en la justicia federal. Afirmó que D’Alessio usaba la prensa y el sistema judicial como palancas para llevar a cabo sus extorsiones. Simultáneamente, la investigación reveló una segunda asociación ilícita conocida como el “Grupo Buenos Aires”, que incluía a D’Alessio, R.O.B., Bloise, González Carthy de Gorriti y Sánchez, y funcionó al menos entre marzo y diciembre de 2018. Colombo indicó que sus integrantes crearon una ingeniería financiera para mover dinero de origen ilícito entre jurisdicciones, eludiendo controles necesarios. El juicio, que se inició el 12 de septiembre de 2023, incluyó 106 testimonios y 30 teras de información digital, gracias a la colaboración técnica de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación. Durante el desarrollo del juicio, se interrumpió durante tres meses para realizar un estudio pericial sobre las extracciones forenses de los teléfonos de D’Alessio, a solicitud de las defensas, resultando que la evidencia digital no fue adulterada. La investigación se originó a partir del caso del empresario Pedro Etchebest, quien en enero de 2019 fue extorsionado con la exigencia de 300 mil dólares a cambio de no ser implicado en el caso conocido como “Cuadernos”. Para llevar a cabo la extorsión, D’Alessio afirmaba tener contactos con funcionarios judiciales. A consecuencia de las intimidaciones, Etchebest entregó 14.700 dólares en dos locales gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires, suma que el tribunal ordenó restituirle a la víctima.
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