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Concordia » 7paginas
Fecha: 02/07/2025 15:44
Con esta decisión, Smaldone optó por someterse a un juicio abreviado, lo que implicaría el reconocimiento parcial o total de los hechos que se le imputan a cambio de una reducción en la pena. La audiencia de tratamiento del recurso había sido suspendida tras conocerse su postura. La causa, una de las más resonantes en la historia reciente de la provincia, investiga el presunto pago de sobornos por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de la firma Relevamientos Catastrales S.A., a funcionarios del gobierno de Urribarri. Las pruebas reunidas incluyen planillas, correos electrónicos, testimonios, expedientes y registros contables que evidencian una red de pagos ilegales —conocidos como PLM— distribuidos entre políticos y empresarios. Entre los múltiples datos revelados por la Fiscalía, se detallan sumas millonarias abonadas tras contrataciones del Estado provincial a empresas del grupo Cardona. En el caso de Smaldone, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano le atribuyen haber recibido $1.800.000 en concepto de coimas, en el marco de la Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo. Las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal: Sergio Urribarri: 10 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000. Diego Cardona Herreros: 9 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua, multa de $540.000. Guillermo Smaldone: 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000. Carlos Marcelo Haidar: 6 años de prisión, multa de $540.000. Luis Alfonso Erbes: 5 años de prisión, multa de $360.000. Miguel Ángel Ulrich: 4 años y 6 meses de prisión, multa de $360.000. José Humberto Flores: 3 años de prisión condicional, multa de $90.000. La estrategia de Smaldone representa un giro en su defensa. Hasta ahora, venía denunciando supuestas violaciones al debido proceso y criticando duramente la actuación del juez de Garantías Julián Vergara, quien había rechazado su pedido de sobreseimiento por considerar que la decisión no generaba un «gravamen irreparable» que habilitara una apelación. En su recurso de queja, Smaldone había argumentado que el rechazo de la apelación era un caso de “denegación de justicia” y que la causa estaba “viciada en su origen probatorio”. Sin embargo, optó por abandonar esa vía para negociar un abreviado, posiblemente en busca de una resolución más rápida y con una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. El juicio oral y público de esta megacausa, que involucra contratos millonarios, dádivas, sobreprecios y compras de objetos personales con fondos estatales, se encamina a ser uno de los procesos más emblemáticos del poder judicial entrerriano. La figura del exgobernador Urribarri, ya condenado en otra causa por corrupción, vuelve a estar en el centro de una trama que desnuda los vínculos entre negocios privados y decisiones públicas durante su gestión. El caso sigue su curso, mientras crece la expectativa por el desarrollo de los juicios y las definiciones que podrían marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Entre Ríos. Con información de Entre Rios Ahora Redaccion de 7Paginas
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