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Parana » Bicameral
Fecha: 03/07/2025 08:08
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado se reunió este miércoles para fijar audiencias públicas para fiscales auxiliares de la Justicia, al mismo tiempo que se comenzó con el estudio del proyecto de reforma de ley del Consejo de la Magistratura. En el seno de la Comisión se comenzó a analizar el proyecto que reforma la ley del Consejo de la Magistratura, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo y cuenta recientemente con media sanción de la Cámara de Diputados. El senador Cosso estableció una agenda de trabajo que incluye la invitación a representantes de distintos sectores involucrados en el tema, con el fin de escuchar sus opiniones sobre el articulado. Con cinco títulos y 47 artículos, se establece entre otras cosas que el Consejo de la Magistratura es un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo provincial, con competencia exclusiva para proponer, mediante concursos públicos y ternas vinculantes, la designación de los Magistrados y Funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial. Se dispone que estará integrado por once miembros y todo lo relativo a su funcionamiento, recursos, personal y Escuela Judicial, en este sentido se crea el Fondo de Financiamiento del Consejo de la Magistratura, y la Escuela Judicial, como espacio de formación y capacitación. El debate en Diputados Cabe recordar que la iniciativa tuvo un tratamiento complejo en Diputados. El proyecto estuvo en el orden del día de una sesión pero volvió a comisión tras un cruce con el peronismo, que sin embargo no terminó acompañando algunos artículos en particular. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, fue la encargada de defender la reforma. “Este proyecto de ley nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”, dijo. Por su parte, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) informó el acompañamiento de su bloque a este proyecto en general, con discrepancias en particular. Como argumentos, mencionó el proceso histórico del CMER, creado en 2003 por el entonces gobernador Jorge Busti y luego incluido en la reforma constitucional de 2008. “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, expresó, antes de mencionar su desacuerdo con el cambio en la integración del organismo porque “se deja afuera a la Universidad Nacional de Entre Ríos”; la modificación del mecanismo de elección de la representación de los trabajadores judiciales y los concursos anticipados, entre otros puntos. Tal como adelantó Bicameral a principios de año, el nuevo proyecto consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”. Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abría un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía.
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