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CABA » Plazademayo
Fecha: 01/07/2025 12:53
En una nueva escalada dentro del proceso judicial que enfrenta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes el beneficio de prisión domiciliaria que había sido otorgado por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, y reclamaron que la líder política cumpla su condena en una cárcel común. Pese a que CFK tiene 72 años, fue víctima de un intento de magnicidio en 2022 y ha permanecido siempre a derecho, los fiscales insisten en desconocer estos argumentos humanitarios y de seguridad. En un escrito de 33 páginas, solicitaron que se revoque la medida y que la expresidenta sea trasladada a una unidad penitenciaria, cuestionando el criterio del tribunal que consideró que su vida correría riesgos en una prisión ordinaria. “Jamás existieron motivos reales para conceder el arresto domiciliario”, sostienen Luciani y Mola, quienes transformaron los alegatos del juicio Vialidad en una exhibición mediática más que jurídica. Además, los fiscales argumentan que el cumplimiento de la pena en el domicilio de Fernández de Kirchner “desvirtúa” la pena y genera un supuesto “impacto social negativo”, desconociendo tanto su edad avanzada como el antecedente de un atentado contra su vida que aún conmueve a la sociedad. El 17 de junio, el TOF N°2 había otorgado la domiciliaria precisamente tras evaluar que el ataque del 1° de septiembre de 2022 ponía en evidencia la falta de garantías de seguridad en un establecimiento carcelario, una decisión que ahora Luciani y Mola intentan revertir. En su presentación, incluso relativizan la gravedad del intento de magnicidio, al sostener que ser alojada en un pabellón individual “no equivale al aislamiento”, e insisten en que no se han demostrado “tratos inhumanos” en el sistema carcelario. La ofensiva judicial de los fiscales no termina ahí: también acusan al tribunal de haber dado un “trato especial” a Cristina Kirchner en comparación con otros ocho condenados en la causa, quienes sí fueron enviados directamente a prisión. La decisión ahora está en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que previamente confirmaron la condena a la expresidenta. Esta nueva embestida judicial vuelve a instalar en el centro del debate la gravedad de la persecución política y judicial que desde hace años denuncia el kirchnerismo, y pone en cuestión el funcionamiento del Poder Judicial y sus estándares de imparcialidad.
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