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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/07/2025 00:06
El juez de Garantías N.º 8 de Paraná, Pablo Zoff, ha procesado al exdiputado provincial y actual titular de UPCN, José Ángel Allende, por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, considerándolo autor de ambos delitos. Asimismo, su esposa, Adriana Guadalupe Satler; su exesposa, Diana María Cristina Traverso; y su hijo, Julio Alejandro Allende, han sido procesados como partícipes necesarios en las mismas acusaciones. Su hija, Victoria Allende, fue procesada como partícipe necesaria en el enriquecimiento ilícito de su padre, aunque fue sobreseída en relación a las negociaciones incompatibles. La investigación, que se prolongó durante 13 años, tiene sus raíces en un artículo de la revista ANÁLISIS del 19 de abril de 2012, titulado “Los negocios del diputado”. Este texto hacía alusión al incremento patrimonial injustificado de José Ángel Allende y a su implicación en varios negociados incompatibles con su cargo público, siendo esta nota el punto de partida del expediente: “Copia de nota periodística de fecha 19/04/2012 de la Revista ‘Análisis de la Actualidad’ a foja 1”. En lo que respecta al enriquecimiento ilícito, la acusación detalla un incremento patrimonial desmesurado entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016, periodo en el que Allende ejerció como diputado en la provincia de Entre Ríos. Se estima que el enriquecimiento injustificado asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares, además de otros conceptos no cuantificados. El juez Zoff sostiene que Allende habría utilizado a sus familiares directos como intermediarios para ocultar su verdadero patrimonio y manejar sus fondos y bienes. El vínculo familiar—con su cónyuge, ex cónyuge e hijos—y la falta de ingresos de los coimputados para justificar sus adquisiciones son elementos cruciales en la acusación. Las pericias contables jugaron un papel central en la investigación, aunque los resultados fueron diversos. Los peritos de la defensa y uno oficial, los contadores Diego Saconi y Carolina Calello, afirmaron que la evolución patrimonial de los investigados era coherente con sus ingresos. En cambio, el perito de la fiscalía, Héctor Enrique, concluyó que los orígenes de los fondos declarados “no son suficientes para justificar las aplicaciones de fondos efectuadas”, estimando un enriquecimiento injustificado de 12.031.886,01 pesos. Zoff priorizó la metodología del contador Enrique, quien ofreció un “mayor acercamiento a la verdad real del patrimonio”. El juez observó un “notorio y llamativo apego a las declaraciones juradas de José Allende” por parte de Saconi y Calello, incluso cuando no estaban completamente justificados. También resaltó que el informe de Enrique evidenció una “notoria desproporción entre los valores de adquisición de bienes y los de tasación”, lo que sugiere que la valuación contable de las propiedades y las inversiones podría estar subestimada. Asimismo, se incluyeron gastos no especificados en dinero, como el mantenimiento de numerosos caballos pura sangre y viajes al exterior, que requerían fondos considerables. Respecto a la participación de los coimputados, el magistrado concluyó que: – Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende y Victoria Allende actuaron como intermediarios para ocultar el incremento patrimonial de José Ángel Allende. – Julio Alejandro y Victoria Allende compartieron con su padre la participación en sociedades como Radio La Voz de Entre Ríos S.A., Haras El Machazo S.A., y Cardinal Grydim S.A. – Victoria Allende adquirió varios vehículos sin ingresos registrados en el período, incluso siendo menor de edad en algunas de esas compras. – Julio Alejandro justificó un préstamo de $120.000 a Haras El Machazo S.A. en 2012 y un aporte de $679.863,53 en 2013, así como la compra de terrenos y venta de acciones de “La Sarita S.A.”, aunque su participación en años anteriores sigue sin justificación. En cuanto a las negociaciones incompatibles con la función pública, este cargo recae sobre José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler, en relación con la “Fundación Esperanza”. Se les acusa de haberse involucrado en gestiones administrativas para obtener subsidios no reintegrables que totalizan 984.000 pesos entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011. Allende ocupaba roles como presidente y secretario de la fundación, mientras que Satler asumió la presidencia posteriormente. El juez constató que Satler firmaba las solicitudes como presidenta de la Fundación Esperanza, mientras que Allende lo hacía como diputado provincial y avalista de dichas solicitudes. Ambos también firmaron los recibos por los fondos concedidos. En dos casos específicos, Allende solicitó y rindió personalmente los subsidios como presidente de la fundación. El juez Zoff enfatizó que el bien jurídico protegido en este delito es el “fiel y debido desempeño de las funciones de la administración” y la “imparcialidad”. Argumentó que el hecho de que los subsidios hubieran sido correctamente rendidos o que la Fundación Esperanza hubiera realizado obras beneficiosas no exime a los acusados de la configuración del delito. En este caso, Zoff determinó que: – Allende actuó como autor por su intervención como funcionario público. – Satler es partícipe necesaria por su rol en las solicitudes, cobros y rendiciones, con pleno conocimiento del interés de su esposo. – Victoria Allende fue sobreseída de este cargo debido a la falta de evidencia que indicara su participación en la solicitud o rendición de los subsidios, a pesar de su papel como tesorera de la fundación. El juez concluyó que los procesados actuaron con dolo (intención), lo que significa que eran conscientes de la ilegalidad de sus acciones y buscaban un resultado perjudicial. Se dictó un embargo o inhibición de bienes de 4.000 pesos por cada procesado. Esta decisión destaca la relevancia de la prueba pericial en el caso, si bien subraya que no es vinculante, sino un elemento importante a considerar.
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