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Caseros » Genesis 24
Fecha: 29/06/2025 07:14
Los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos tienen un manejo discrecional de viáticos, de nombramientos sin concurso y nadie le pone límite a las ausencias que ellos mismos disponen. Entre 2022 y lo que va de 2025, Susana Medina de Rizzo estuvo 191 días hábiles ausente del Poder Judicial. Este año ya no estuvo 32 días. O sea que en tres años y medio, prácticamente no trabajó un calendario completo (el año judicial tiene no más de 205 días), pero cobró puntualmente su sueldo de casi 15 millones de pesos, según una investigación de ANALISIS. Entre los 9 vocales, en ese mismo período, gastaron en viáticos el equivalente a un total de 260.767.232 pesos. En dólar oficial de hoy serían 217.306 dólares. Pero también nombraron sin concurso a más de 300 personas (muchas de ellas por bajas producidas), entre ellas a una refugiada política siria, por pedido expreso de Claudia Mizawak y a un integrante de una fuerza de seguridad extranjera, perteneciente a una embajada, que estaba amenazado de muerte en Buenos Aires, que solamente permaneció unos meses en Paraná, por exigencia de Susana Medina. Daniel Enz De ANÁLISIS La cúpula del Poder Judicial entrerriano tiene una particularidad: es un lugar cerrado, casi hermético, donde poco y nada se ignoran los movimientos de casi todos sus vocales. No se conoce casi nada de las decisiones institucionales que toman, a quienes nombran y sus fundamentos y el contenido de los Acuerdos de todos los martes se conoce generalmente años después de que se realizan. No se sabe cuánto gastan en viáticos; se desconocen -por lo general- los motivos de los viajes que hacen fuera de la provincia y si realmente se cumplen esos destinos y menos aún se tiene conocimiento de las licencias con goce de haberes que se toman en cada año. Es información que solamente manejan entre ellos o algunos de sus colaboradores directos. Aunque, además, no siempre se sabe qué hace cada uno de ellos y ni siquiera se lo preguntan, por más que estén pared de por medio en sus oficinas. Es la auténtica hoguera de las vanidades, donde para fuera demuestran una cosa y para adentro hay distancias, pujas de poder, egoísmos, envidias y zancadillas diplomáticas entre unos y otros, de las que nadie se quiere hacer cargo cuando se conocen públicamente, aunque ello constituye la nada misma, de todo lo que sucede semanalmente o a diario puertas adentro. “Cada cual en lo suyo”, repiten por lo bajo cuando alguien se los pregunta. Ese silencio del devenir del Superior Tribunal de Justicia ha sido propicio para que en los últimos tres años y medio sucedieran demasiadas cosas bajo la más absoluta reserva y sin que nadie del poder político se anime un instante a advertir lo que pasa. Los hombres y mujeres de la política hace ya un buen tiempo que tratan de no ser para nada críticos de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Mantienen distancia, lo que es también una demostración de cierto temor o recelo, para, si es necesario, no tener las puertas cerradas a la hora de pedir por algún favor. Lo que también se maneja bajo absoluta confidencialidad son los pactos entre los vocales. Nadie devela un llamado, un correo electrónico o un simple mensaje desde la Casa Gris a Tribunales. Es más: hasta se desconocen, cuando se sabe perfectamente que hay vínculos casi semanales entre los hombres y mujeres del poder político y la cúpula del Poder Judicial. Desde uno y otro partido mayoritario. Incluso, hasta se formaron parejas de personas de cierta importancia en el poder político, en las últimas décadas y dos actuales vocales del STJ. Y ese no control de nadie desde el poder político (ni siquiera el control contable, ya que la oficina del Tribunal de Cuentas en el Palacio judicial es como un apéndice tribunalicio, por los años que llevan en ese mismo lugar las mismas personas) provoca desprolijidades, abusos de poder y ciertos actos de audacia de parte de un grupo mayoritario de vocales. Por ejemplo, para que se nombraran, sin concurso previo, a más de 300 personas en diferentes lugares del Poder Judicial, por disposición absoluta de un vocal del STJ y en los últimos tres años y medio. Que se ascienda de categoría a un empleado, sencillamente porque hizo “determinado favor particular” a esa vocal o a algún familiar directo que disfruta de esos placeres. O que se perjudique a otros con cambios de funciones, horarios o destinos, sólo porque no es lo suficientemente complaciente con ese o esa vocal. Ese marco de poder puede hacer también que una vocal haga ingresar a trabajar a Tribunales a una militante política siria por un pedido expreso solidario de su hija (más allá de los derechos internacionales y humanos que le asistan a toda deportada refugiada) o que otra magistrada del STJ pida lo mismo para un integrante de una fuerza especial extranjera, por requerimiento no formal de un embajador amigo, ante amenazas de muerte sufridas por esa persona en Buenos Aires y la necesidad de sacarlo de dicha ciudad para resguardarlo. Pero claro: sin dejar ningún papel asentado en la estructura. Alcanzaba y sobraba (porque el hombre estuvo solamente un par de meses resguardado) con la comunicación a los vocales, en una reunión cerrada, de parte de quien era por entonces alguien con cierta ascendencia en el cuerpo. Nadie se animó a objetarle nada, pese a la gravedad institucional que ello podría haber determinado para la provincia, por las características del forastero y los protocolos que exigen esas situaciones, donde debe tomar intervención Cancillería Argentina, la embajada de marras, el gobierno nacional y el provincial. Pero nada de eso existió. Porque no quedó asentado en ningún lado. Todas estas cosas -corroboradas por ANÁLISIS en una prolongada investigación periodística, que comprendió requerimiento de informes documentales y diversas consultas con conocedores en detalle del tema en cuestión- suceden, sucedieron y no se le pone límites, más allá de algunos intentos aislados de modo interno o externo. No se quieren modificar resoluciones, reglamentos ni actitudes de la historia reciente del STJ “porque las cosas siempre se hicieron de la misma manera y no hay por qué variarlas”, según explican. Lo cierto es que en medio de una situación de grave crisis económica y de ajustes permanentes en los últimos cuatro años, el nivel de gasto del alto cuerpo es algo vergonzoso y demasiado ostensoso, cuando deberían dar el ejemplo en estos aspectos, en función de contar con los sueldos más altos del Estado entrerriano. Cada vocal cobra de sueldo entre 12 y 15 millones de pesos por mes (de acuerdo a su antigüedad) y entre 2022 y 2024, los vocales German Carlomagno, Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Susana Medina de Rizzo y Gisela Schumacher -en ese orden-, percibieron entre 500.000 y 1.400.000 de pesos (a valores actualizados) mensuales cada uno, en concepto de viáticos por viajes al interior de Entre Ríos y fuera de la provincia, en especial a Capital Federal. Hubo instancias donde requirieron viáticos hasta dos veces en la misma semana. Para determinar tales montos se tomó el valor actualizado para considerar el “valor real” de los viáticos pagados en años anteriores. Cabe señalar que en la actualidad, el monto que se paga como viático dentro del territorio entrerriano es 164.044 pesos por día, mientras que el de fuera de la provincia es 246.074 pesos. Y para viajar al exterior el monto llega a 369.111 pesos por día. Este dinero se paga a los vocales del Superior Tribunal, aunque sólo estén por algunas horas realizando tareas propias de la función, y aunque la movilidad territorial sea adentro de la propia provincia, vale decir, en el territorio en el que cumplen su función. Así, cada mes, cuando los vocales organizan la realización de los acuerdos en distintas localidades de la provincia, perciben ese viático que hoy alcanza los 164.044 pesos como “extra” a su sueldo. Eso pese a que la actividad no les insume ningún gasto personal, son llevados hasta la puerta de los juzgados con los lujosos autos del organismo, manejados por choferes, y vuelven a dormir en sus casas esa misma noche. Sólo algunos de los vocales advierten un problema ético en el cobro de ese sobresueldo por la realización de su propio trabajo, dentro del territorio sobre el que tienen jurisdicción. Los propios integrantes del STJ definen la tasa de actualización y lo ajustan cada dos o tres meses. Y ello tiene una particularidad: ningún vocal está obligado a rendir cuentas en qué se gasta cada peso de ese viático que se lo dan antes de emprender el viaje. Tampoco hay que entregar constancia alguna de que ese desplazamiento se concretó realmente. No se duda un instante en la concreción del viaje, por más que ese periplo no tenga ninguna repercusión pública. Sucede que durante años, no pocos funcionarios de los diferentes gobiernos de la provincia requerían viáticos para viajes a Buenos Aires, fundamentalmente y se quedaban en sus domicilios de Paraná o Concordia. Y por ende, el viático era un mecanismo perverso e inmoral de ingreso extra al sueldo. “Si un vocal pidió viáticos, no viajó y se quedó en su casa, debe saber que está cometiendo un fraude”, se acotó. No hay un mecanismo de control para los vocales del STJ. Nadie le va a golpear la puerta de la casa para controlar tal situación. El abuso de los viáticos que se constató en años anteriores, generó que se dictara una reglamentación, por la cual los vocales se impusieron un límite de cuatro viáticos por mes. Son los únicos funcionarios del Poder Judicial que necesitaron regimentar este límite. Pero si tal mecanismo requiere más días pagos como viáticos, se debe consignar en el motivo que se trasladan “en representación del STJ” y con eso alcanza y sobra. Con ese artilugio desaparecen automáticamente los límites. De hecho, la mayoría de los vocales mencionados muchas veces cobraron viáticos por más de cuatro instancias al mes, exprimiendo así al máximo el cupo y fuera de esas limitaciones. En algunos casos el viático pasa a ser algo así como entre un 10 o un 15 por ciento más de ingreso al sueldo. Porque, además, se debe tener cuenta que sólo deberían cobrar viáticos cuando realizan viajes oficiales. Y en esos casos o bien viajan con sus choferes, en autos oficiales o bien se les paga el pasaje aéreo hasta el lugar que requieran. Si viajan con chofer, éste también cobra viáticos diarios (aunque menores montos y con restricciones horarias) y la nafta la paga también el Estado. Y no son pocos los vocales que tienen departamentos propios en Capital Federal, que es donde por lo general se hospedan cuando van a ese lugar, como sucede en la mayoría de los viajes de los miembros del STJ. Por ende, el viático diario les queda casi íntegramente. Y si van en sus autos particulares, también se les reconocen los gastos del viaje. Sería algo así como el 30 por ciento del monto de viático a Buenos Aires que se les asigna. Hoy eso sería equivalente a unos 80 mil pesos. Alguna vez le recriminaron a un vocal del STJ que viajaba a Buenos Aires, para acompañar a un familiar que se encontraba internada y retiraba viáticos para hacerlo. Y en los argumentos de la planilla consignaba: “Motivos inherentes a la Vocalía”, que es la frase que se usa en un 80 por ciento de los casos. Y no es necesario anexar algo más. Con eso suficiente y nadie puede decir nada. Cuando uno de los vocales más recientes propuso consignar en detalle en la planilla, de qué se trataba el viaje, lo cortaron de modo terminante: “No doctor. Esto que se hace lleva ya muchos años y sería muy problemático modificarlo”. La propuesta del vocal tuvo cero consensos y siguió todo como estaba. Gastos y más gastos En febrero de 2022 asumió Susana Medina de Rizzo como presidenta del STJ. Había sido designada por sus pares en noviembre de 2021. Su figura había cobrado fuerza después de la denuncia por violencia de género que le hizo al extitular del cuerpo, Emilio Aroldo Castrillón, quien evitó un juicio político acogiéndose a la jubilación en mayo de 2021. La denuncia periodística de ANÁLISIS en semanas previas, derivó en una presentación del periodista Tirso Fiorotto ante la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, en base a lo consignado en el artículo de esta revista. Medina de Rizzo reemplazó al vocal concordiense Martín Carbonell en la presidencia del STJ pero no fue a su despacho hasta tanto terminaran las refacciones que había ordenado. Entre otras cosas, hizo pulir de punta a punta el piso de la Presidencia. Como estricta mujer de ideas de ultraderecha (aunque en Buenos Aires hace años trata de vender una imagen progresista que nunca tuvo) y siempre ligada a las fuerzas armadas, a personajes de la exSide y a la Policía de Entre Ríos, lo primero que dispuso, mediante resolución, fue que todos los empleados dependientes del STJ y en especial las mujeres, usaran un estricto uniforme para ir a trabajar. En realidad, impartió la orden para todos los empleados tribunalicios, pero solo los del tercer piso (además de los de Intendencia, Maestranza, Mantenimiento o choferes, al igual que sus asistentes personales o los integrantes del Instituto Alberdi, que ella comanda hace ya más de diez años) hicieron lugar a su petición, además de algunos pocos temerosos por su reacción autoritaria, que es algo que históricamente la ha caracterizado. Las mujeres tenían que llevar pantalón negro o azul y si optaban por un vestido, tenía que llegar a las rodillas, tal como suelen usar las agentes femeninas de la Policía entrerriana. Se prohibieron el uso de botas para las damas y solo podían utilizarse zapatos bajos. No tenían que estar con el rostro pintado y era una exigencia que fueran con el pelo atado a trabajar. Es más: cada una de las empleadas del alto cuerpo tenían la posibilidad de ir a tres negocios optativos del centro de Paraná, a medirse y retirar la ropa (pantalón, camisa blanca y saquito), que terminaría abonando el Poder Judicial. Y las que no cumplían -en particular las mujeres, sobre las que Medina tiene una obsesión para exigirles más que a cualquiera- iban directo a la sanción, al seguimiento diario (en cuanto a qué hora llegaban a qué hora se iban, si salían en tiempo de trabajo, etcétera) o al sumario administrativo. Es decir, un típico mecanismo similar al utilizado por jóvenes del Opus Dei, el movimiento de la Iglesia fundado por Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, sacerdote español, que Susana Medina venera cada día en su despacho, donde tiene un cuadro del cura fallecido en 1975. Cuando fue nombrada fiscal por Jorge Busti, en 1988 -en tiempos en que era abogada y dirigente de la UCedé de Paraná- lo primero que hizo fue poner el cuadro en su oficina y siempre lo fue trasladando con ella en sus escritorios de Tribunales, tanto como jueza o luego como vocal del STJ. A la vez, fue ubicando a su alrededor -también como históricamente lo hizo- a personas formadas en la Policía. Fueron varios los que optaron por pedir la baja en la institución de seguridad, con el compromiso de Medina, quien los fue ubicando en diferentes lugares cercanos a su jurisdicción. Una de las más polémicas designaciones fue la de un joven suboficial, que tuvo un gesto con un perrito, en el acceso a Tribunales y Medina lo quiso premiar llevándolo a un lugar de su confianza, en cercanías de su despacho. Se sorprendió cuando desde una dependencia oficial de Género le dijeron que el hombre tenía denuncias judiciales por golpizas a su mujer y por ende no podía estar allí. Medina resistió las críticas y advertencias por algunos meses, hasta que se convenció que le podía hacer de boomerang en algún momento, en su intento de proyección política nacional y en especial al buscar instalar esa imagen de defensora de los derechos de las mujeres, cuando toda su vida hizo exactamente lo contrario desde las posiciones de poder que viene ocupando. La vocal del STJ era de intervenir directamente en el armado gastronómico de los catering de algunos actos oficiales, donde hasta antes de su mandato, de alguna manera se habían recortado ciertos alimentos, en función de la crisis. Con Medina retornó, por ejemplo, el jamón crudo y algunas otras particularidades para el deleite de los invitados. Tampoco escatimaba en gastos a la hora de organizar pomposas cenas, contratar los principales hoteles de la capital entrerriana para sus invitados o entregar souvenirs para quienes eran reconocidos en alguna ceremonia. Lo mismo hacía cuando era el cumpleaños de algún vocal del STJ, decidiendo costosos regalos con dinero del presupuesto judicial. Medina de Rizzo hacía cotizar llaveros o lapiceras de plata como regalo especial para tales instancias. Por eso fue que a mediados de año de 2022 ya se había licuado todo el presupuesto asignado a la Presidencia del STJ y hubo por ende que ampliarlo. También gastó la totalidad de la denominada caja chica. Y eso que tanto Castrillón como Carbonell habían dejado números superavitarios, tal como venía incluso pasando con otros expresidentes anteriores. Medina nunca se acobardó en torno a los gastos, pese a la crisis nacional y provincial. No le importaba demasiado que en el primer semestre de 2022 hubo en Argentina un 36.5% de pobreza, mientras que el segundo semestre registró un 39.2%, lo que implicaba que 18.1 millones de argentinos vivíeran bajo la línea de pobreza, según el Indec. Instrumentó como nadie la reunión de Acuerdos en diferentes lugares de Entre Ríos, donde los vocales llegaban, una vez por mes, en ocho o nueve vehículos oficiales que llevaban a cada uno de ellos, más los autos de Ceremonial y Prensa. La excepción podían ser Daniel Carubia-Germán Carlomagno, que, como viejos amigos, iban juntos en un mismo auto. O también, a veces, Claudia Mizawak-Gisela Schumacher, también siempre juntas, como cuando estaban en su antiguo estudio jurídico o en la Fiscalía de Estado en el tercer mandato de Jorge Busti. Entre marzo y diciembre de 2022 hicieron 13 encuentros. O sea que gastaban más de 1,5 millones de pesos en viáticos por encuentro -los vocales-, a lo que había que sumarle lo que había que abonar a los choferes, Ceremonial, Prensa y gastos de nafta. Siempre, tomando como referencia los costos de viáticos actuales. El único que no requirió viáticos para esos encuentros dentro de la provincia fue el vocal Miguel Angel Giorgio. O sea, una decisión lógica, cuando eran -en un 90 por ciento- encuentros en el horario en que deben estar trabajando. Incluso sorprendían los pagos de viáticos completos por viajes a Crespo, Villa Libertador San Martín o Diamante, porque llegaban de retorno después del mediodía. Daniel Omar Carubia Y Medina dejó de percibirlo a mediados de año, después de un informe de la periodista Natalia Buiatti, en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral). A la vez, puso en marcha el desarrollo de dos balcones jardín de importantes dimensiones en las inmediaciones del segundo y tercer piso, con bancos acordes a la decoración pertinentes, lo que generó un importante gasto. “Es para que los jueces y abogados puedan salir a fumar un rato, sin tener que ir a planta baja”, fue su explicación. A la vez, hizo una compra directa de dos automóviles cero kilómetros Taos para la Presidencia, a la firma Haimovich, por la suma total de 21.660.000 pesos. O sea, gastó algo más de 120 mil dólares, de acuerdo al valor de la moneda extranjera, que rondaba los 170 pesos. Los automóviles eran para todos los vocales, pero en realidad era ella quien más lo usaba. Y ordenó la compra de otro Taos a fines de su mandato, en 2023. El uso y abuso de los viáticos de parte de varios de los vocales del STJ ha sido una constante en los últimos años y en particular en el período 2022/2023, que Susana Medina presidió el cuerpo (ver recuadro aparte). Entre principios de 2022 y hasta mayo de 2025, los vocales insumieron, a valores de hoy, un total de 260.767.232 pesos. En dólar oficial de hoy serían 217.306 dólares. Los movimientos constan en la partida de servicios personales, inciso 3, del presupuesto del Poder Judicial, que no está dentro de los rubro sueldos. El mayor gasto fue en el primer año de Medina, el 2022: un monto equivalente a 63.814.476 pesos de hoy. La mayoría de los periplos semanales o quincenales fueron a Buenos Aires, de parte de casi todos los vocales. Bajó en el 2023, a 51.675.268 y descendió aún más en el 2024, cuando asumió Leonardo Portela. Fue de 33.876.166 pesos. Y en la actualidad, se van gastando 11.401.322 pesos. Los dos años de Medina no solo tuvieron altos gastos en inversiones, catering, viajes y viáticos, sino que también constituyeron una fuerte apuesta política de la vocal. En especial en 2022, cuando jugó a fondo por la figura de Alejandro Cánepa al frente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, con nombramientos sin concurso y ascensos en diferentes lugares de la provincia y particularmente de jueces de Paz. El objetivo era claro: había que tener más gente para votar la lista oficialista y eso también le costaba al Poder Judicial. Incluso, el día de la votación los convocó a un encuentro en Paraná, con gastos pagos, para que todos pudieran emitir su voto. Las licencias de la discordia Susana Medina de Rizzo también tuvo la particularidad de ser, en los últimos años, la vocal que más licencias con goce de haberes se tomó. El Poder Judicial tiene, por lo general, entre 200 y 210 días hábiles al año, tomando en cuenta los recesos mensuales por las vacaciones de enero, julio y los feriados. La vocal Medina, entre 2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025, estuvo 191 días hábiles ausente del Poder Judicial. O sea que en entre años y medio, prácticamente un año no trabajó, pero cobró puntualmente su sueldo de casi 15 millones de pesos. En la estructura judicial no existe ningún punto de comparación con funcionario o juez alguno. En la grilla la siguió Miguel Giorgio (165 días); Claudia Mizawak (110); Gisela Schumacher (99); Daniel Carubia (60); Germán Carlomagno (49). Finalmente aparecen Leonardo Portela (42); Laura Soage (18) y Carlos Tepsich (32). En el 2022, Susana Medina se tomó 30 días de licencia: 13 por compensación de feria, 2 por capacitación y el resto por “otros motivos”. Los vocales no tienen que hacer constar otro dato; con eso que señalan alcanza y sobra. En 2023 pasó a 43 días hábiles de licencia. Fueron 32 por compensatoria de feria, 15 días por capacitación y el resto por “otros motivos”. Fueron los dos años de su presidencia en el STJ. Hay quienes sostienen que al no renovársele el cargo de máxima autoridad, Medina se enojó mucho con sus colegas y que incluso dejó de concurrir a trabajar a diario, como rechazo a lo sucedido. Hay quienes sostienen que la vocal solamente concurre los martes a la reunión de Acuerdo del STJ y luego tiene concurrencias fugaces. Prefiere quedarse en su casa (vive a 450 metros de distancia, hasta donde siempre la va a buscar su chofer oficial) o bien viajar por Buenos Aires o lugares del mundo, para participar de congresos internacionales. Por eso fue quizás que en 2024 tuvo 82 días de licencias con goce de haberes: fueron 47 días de capacitación y el resto por “otros motivos”. Y en lo que va del 2025 se tomó 32 días de licencia: 15 por capacitación y el resto por “otros motivos”. No obstante, en el registro de ausencias de 2022 (ver recuadro aparte), quien más se tomó licencias fue el vocal Miguel Giorgio. Fueron 51 en total, pero tuvo 14 por “matrimonio” porque contrajo enlace con su esposa y el resto por “motivos personales”. Luego se ubicó Claudia Mizawak (43 días); Susana Medina (30); Gisela Schumacher (28 días) y Susana Medina (21). En el 2023 Medina pasó a liderar las estadísticas. Sumó 43 días, seguida por Giorgio (46); Mizawak (36) y Schumacher (23). Ya en 2024 Medina se mantuvo al tope con 82 ausencias, seguida por Giorgio con 64 días. Luego se ubicaron Schumacher (27) y Mizawak (23). Y en lo que va de este año sigue al frente Medina de Rizzo con 32 días de ausencias y Schumacher tiene 21 días. Medina no solamente es la que más días de licencia se tomó en los últimos años, sino que, además, es quien más morosidad tiene en su despacho, en la Sala Laboral del STJ. Las estadísticas indican que tiene un retraso en las causas de poco más de un año, lo que genera serios problemas a la estructura judicial y a quienes se encuentran litigando. Uno de los casos más sonados, que se vieron demorados por la inacción de Medina, fue el caso de la cadete de la Escuela de Oficiales de Policía, que resultó víctima de violencia de género institucional, y fue expulsada de la institución tras su denuncia. El Superior Tribunal de Justicia -con el voto en contra de Medina- ordenó la reincorporación de la cadete y la implementación de medidas para prevenir la violencia de género en la escuela. La vocal del STJ tuvo más de un año planchado el expediente en su despacho y por la demora estuvo a punto de perder la condición de cadete para continuar la carrera. Acotemos que Medina es una de las dos vocales del STJ que no redacta sus sentencias, Se la hacen sus Relatores (hay tres por Sala y cobran un sueldo similar al de un juez de primera instancia) y ella solamente las supervisa luego. El documento completo de las licencias de los vocales del STJ: Los ingresos extranjeros En la gestión de Medina también existieron otras decisiones polémicas. A principios de su mandato, en 2022, les manifestó a sus pares que por pedido de un embajador extranjero había decidido darle lugar en Tribunales a un agente especializado de una fuerza de seguridad del exterior, que estaba cumpliendo funciones en esa embajada, con sede en Buenos Aires y había sido amenazado de muerte. Al parecer, porque se determinó que fue él quien ventiló un dato por la desaparición ilegal de armamento en una dependencia del Ejército Argentino y que ello había sido trasladado a la Triple Frontera. Medina dispuso que sea guarecido en Paraná, en un lugar no determinado del Poder Judicial y solamente se los comunicó a los vocales. “Es un favor especial que pide el embajador” (cuyo nombre no trascendió), les dijo. No fue lo único. En el 2023, Medina hizo lugar a un pedido especial de la vocal Claudia Mizawak. Según consta en la resolución 742/23 del 19 de octubre de 2023, se ubicó en el cargo de auxiliar principal técnico de la Intendencia del STJ a la señora S.A.R., residente transitoria de nacionalidad Siria, que fue reconocida como refugiada por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Ingresó al país, junto a su familia, en abril de 2022 y se contactó con la hija mayor de Mizawak, que cumplía funciones en el Congreso de la Nación, quien convenció a su madre del dicho acto humanitario. O sea -más allá del gesto, lo que Mizawak también podría haber concretado en ámbitos empresarios a los que está ligado- optó por ingresarla a Tribunales y pasó por alto las restricciones legales que existen para nombrar a extranjeros. Lo extraño del caso fue que nadie del STJ le comunicó tal situación al entonces gobernador Gustavo Bordet ni a su ministra de Gobierno, Rosario Romero, tal como debería haber sucedido. Tampoco hubo comunicación al respecto con el ministro de Justicia, Néstor Roncaglia. Pero los movimientos sin control existen (quizás cambiaron algunas cosas en la actual presidencia de Portela) y en tiempos de Medina fueron una constante. No fue casual que en 2022, la entonces presidenta del STJ, nombrara sin concurso a 64 personas como interinas, suplentes o temporarios o para equipos técnicos y a 28 empleados para personal de Maestranza del Poder Judicial. Y que en 2023, ese número llegara a 99 para interinas y a 34 de Maestranza. Medina, que no dejaba de recorrer despachos de la justicia y de Casa de Gobierno en Capital Federal, para autopostularse a la Corte Suprema, antes y después de Javier Milei, se sentía ligada estrechamente a las fuerzas del cielo y que era su hora para el ascenso final. Entendía que nada ni nadie podía ser un escollo. Y que todo se subordinaría a sus pies. Pero está visto que hasta ahora no le alcanzó. Viáticos y viajes En el 2022, los vocales Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Claudia Mizawak (quienes ocupaban lugares preponderantes en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales) fueron los que más gastaron en viáticos. Por encima de la entonces presidenta, Susana Medina de Rizzo, con mandato hasta febrero de 2024. Aunque suena increíble, cada uno de los poderes tribunalicios de las provincias deben solventar los gastos de los viajes de sus referentes, para hacer política judicial, cuando bien podrían hacerlo cada entidad, con aportes de socios u otras organizaciones que apoyan estas iniciativas. Carlomagno gastó el equivalente a 16.978.962 pesos (a valores de hoy), por 78 días de viáticos, en 51 viajes fuera de la provincia y 27 en Entre Ríos. Un promedio de 1.414.913 pesos mensuales. La mayoría de los viajes fuera del territorio entrerriano se hicieron a Capital Federal (14 veces), además de Mendoza, San Antonio de Areco, Sunchales, San Juan, Rosario y Bariloche. Por los viajes en Entre Ríos, se le pagaron el equivalente a 4.429.188 pesos. Carubia no estuvo tan distante. Percibió 14.272.115 pesos por 69 días de viáticos en 2022. O sea, por 36 viajes fuera de Entre Ríos (casi 9 millones) y 33 en la provincia (unos 5,4 millones). Hizo 9 viajes a Capital Federal, San Antonio de Areco, Ushuaia, Sunchales y Bariloche. Claudia Mizawak, por su parte, cobró 52 días de viáticos (17 en Entre Ríos, 35 fuera de la provincia y uno a Montevideo, Uruguay). Hizo 6 viajes a Buenos Aires y transitó además por Mendoza, Salta, La Rioja, Santiago del Estero y San Juan. A valores de hoy, percibió un total de 11.401.000 pesos en el año y 950.111 por mes, aproximadamente. Algo parecido sucedió con Susana Medina: percibió el pago de 47 días de viáticos (17 en la provincia y 30 fuera del territorio), por 10.170.968 pesos de hoy. Fue 10 veces a Capital Federal, además de a Santiago del Estero, Santa Fe, Rosario y Neuquén. Es decir, un promedio de 847.580 pesos por mes. Luego se ubicaron la vocal Gisela Schumacher, Miguel Giorgio y Leonardo Portela (ver detalle en las planillas publicadas). En el 2023, Carlomagno fue también quien más viáticos cobró: 13.698.000, por 58 días. Hizo 51 viajes fuera de la provincia y 51 en Entre Ríos. Tuvo un promedio mensual por viáticos de 1.141.506 pesos. Viajó 10 veces a Capital Federal, Mar del Plata (2 veces), Tucumán (3), Córdoba, rosario, Santiago del Estero y San Juan. Carubia también repitió el segundo lugar: cobró el equivalente a 12.467.712 por 53 días de viáticos (7 dentro de Entre Ríos y 45 fuera del territorio e incluso viajó a Asunción (Paraguay). Estuvo 9 veces en Capital Federal, Mar del Plata (2), Santiago del Estero, San Juan y Tucumán. En tercer orden se ubicó Susana Medina. Cobró 41 días de viático: 9.268.000 pesos en el año (un promedio de 772 mil por mes). Hizo 31 viajes a Capital Federal (uno de ellos sin viáticos). Hubo instancias en que viajó dos veces en la misma semana, por ejemplo, como en mayo, julio o en diciembre. Eran tiempos en que había acelerado sus tiempos para lograr una supuesta candidatura para la Corte Suprema, buscando cierta alianza de poder con allegados a Javier Milei, lo que todavía sigue realizando, aunque quizás con menos intensidad. Claudia Mizawak siguió en la grilla de gastos de viáticos. Cobró 33 días de viáticos en el año: 5 en la provincia y 28 fuera de Entre Ríos. Fueron el equivalente a 7.710.292 pesos en el 2023 y un promedio de 642.524 por mes. Fueron 5 veces a Capital Federal, Rosario (4 viajes), Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y Tucumán. Para un viaje a Rosario y el otro a Santa Fe no pidió viáticos. Luego siguieron Laura Soage, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Miguel Giorgio. En el año 2024 -en que asumiera Leonardo Portela como presidente del cuerpo- bajaron de modo importante los gastos de viáticos. Siguieron liderando el ránking de gastos Carlomagno y Carubia. El vocal oriundo de Concepción del Uruguay cobró 40 días de viáticos: 37 fuera de la provincia y solamente dos en Entre ríos, por una jornada del fuero laboral en Victoria. Percibió el equivalente a 9.678.900 pesos. Es decir, unos 806.575 pesos por mes. Fue cinco veces a Capital Federal y dos a Santa Fe. Además, a Mar del Plata, Córdoba, Resistencia (Chaco), Jujuy, Catamarca y un viaje a San Juan y Mendoza. El vocal más antiguo (está desde 1988), Daniel Carubia, cobró 37 días de viáticos. Todos fuera de la provincia. No hizo viaje alguno al interior de Entre Ríos. Cobró algo menos que su colega: el equivalente a 9.104.738. O sea que tuvo un viático mensual de unos 758.728 pesos. Viajó tres veces a Buenos Aires; dos a Santa Fe; y una vez a Mar del Plata, Chaco, Jujuy, Sunchales, Catamarca, Córdoba y San Juan/Mendoza. A posteriori se ubicaron Claudia Mizawak y Leonardo Portela, pero tuvieron una actitud diferente. Mizawak hizo solamente viajes fuera de Entre Ríos y percibió 20 días de viáticos. Fueron 4.921.480 pesos. O sea, 410.123 por mes. En los registros figuran que Mizawak hizo cinco viajes a Capital Federal, uno a Santa Fe, Chaco y Catamarca, donde estuvo cinco días. Y cuando indicó el motivo, siempre puso lo mismo: que eran reuniones de la entidad Jufejus y la de Reflejar, que ella ha presidido. Portela hizo 20 viajes fuera de la provincia (por los que cobró viáticos) pero también tuvo actividades oficiales en Victoria (dos veces) y Gualeguaychú (de donde es oriundo), en tres instancias. Pero por ello no percibió un peso. Fue además a Santa Fe, Córdoba (2 veces); Jujuy, La Plata y Buenos Aires (tres veces). Susana Medina aparece luego en la grilla y fue el año más bajo por viáticos. Pidió viáticos por 10 días. Una jornada en Rosario del Tala y el resto en Capital Federal (por 6 días) y en Catamarca. Pero viajó otros 5 días a Buenos Aires y tres jornadas a Catamarca, para lo cual no requirió viáticos. Cobró el equivalente a 2.378.710 pesos. Es decir, unos 198.225 por mes. A posteriori se ubicaron en gastos de viáticos Laura Soage, Federico Tepsich y Gisela Schumacher, pero ninguno pidió viáticos para viajes que hicieron al interior de la provincia. Solo solicitaron para algunos pocos viajes fuera de la provincia. Giorgio no hizo viaje alguno. Ya en lo que va del 2025, Claudia Mizawak se encuentra al tope de gastos en viáticos. Pidió por 17 días (14 fuera de la provincia y 3 en Entre Ríos). Mizawak viajó tres veces a Buenos Aires y a Mendoza. También a Concordia y Gualeguaychú, donde el 16 de abril se hizo una reunión de Acuerdo del STJ, convocada por el anfitrión Portela. A Mizawak le pagaron 3.937.168 pesos; un promedio de 328.097 pesos. Daniel Carubia aparece luego: 9 días fuera de la provincia y 7 en Entre Ríos. También hizo tres viajes a Buenos Aires, dos a Gualeguaychú y uno a Concordia. Cobró 2.362.974 pesos de viáticos (280.247 por mes de promedio). Germán Carlomagno -que por primera bajó del liderazgo de viáticos- pidió 11 días de viáticos: 7 fuera de Entre Ríos y 4 en la provincia. Estuvo dos veces en Buenos Aires; uno en Rosario, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Le pagaron 2.378.894 pesos en el año (198.224 por mes). Y luego se ubicó Medina de Rizzo, con 3 días de viáticos a Buenos Aires, entre el 19 y el 22 de febrero de este año, en la apertura del Instituto de Capacitación Reflejar. Le pagaron un total de 738.222 pesos de viáticos por esos días. Ausencia de controles Mientras el Poder Ejecutivo y el Legislativo han incorporado sus operaciones al sistema integrado de administración financiera, el Poder Judicial entrerriano continúa autoexcluido de esta herramienta clave para la transparencia del gasto público. En la provincia de Entre Ríos, dos de los tres poderes del Estado —el Ejecutivo y el Legislativo— han incorporado sus movimientos financieros al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), una herramienta informática y normativa que permite centralizar y controlar las operaciones presupuestarias, contables y financieras del sector público. Sin embargo, el Poder Judicial se mantiene al margen de este sistema, pese a que su uso es obligatorio según lo establece la Ley Provincial de Administración Financiera. El SIAF no solo facilita la eficiencia operativa del Estado, sino que garantiza mayor transparencia y acceso a la información sobre el uso de los recursos públicos. La no incorporación del Poder Judicial a este mecanismo representa una excepción llamativa que plantea interrogantes tanto desde lo legal como desde lo institucional. Se ha advertido que los registros contables del Poder Judicial no sólo no se integran al sistema, sino que además permanecen bajo un fuerte resguardo: los accesos están “blindados”, con claves y usuarios restringidos a un pequeño grupo de funcionarios. Esta estructura cerrada impide no solo el control ciudadano, sino también limita las funciones de fiscalización externa que podrían ejercer otros órganos del Estado. En un contexto donde se exige mayor apertura y transparencia, la falta de visibilidad sobre cómo se administran los recursos del Poder Judicial contrasta con la creciente publicación de datos presupuestarios que sí realizan los otros poderes del Estado. Especialistas en administración pública advierten que esta situación no solo vulnera principios elementales de publicidad de los actos de gobierno, sino que mina la confianza pública en las instituciones. “Cuando un poder del Estado maneja fondos públicos sin integrarse a los sistemas de control se erosiona la legitimidad de sus decisiones y se debilita la democracia”, apuntó un experto consultado. Quizás se debería anotar la crítica en la cúpula del Superior Tribunal de Justicia. Y el gobernador Rogelio Frigerio quizás debería recordárselo a sus autoridades. Por eso de la transparencia y la vara alta que quiere imponer el primer mandatario. Análisis
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