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Parana » Radio Nacional
Fecha: 27/06/2025 10:03
A partir de una reciente resolución judicial, se dará inicio a un juicio oral y público en ausencia contra diez acusados, siete iraníes y tres libaneses, vinculados al atentado de la AMIA ocurrido en 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos. Esta decisión, posible gracias a una ley aprobada en febrero y convertida en norma hace pocas semanas, permite avanzar con la causa pese a que los imputados permanecen prófugos. Luis Czyzewski, padre de Paola –una de las víctimas– dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó que esta decisión "es absolutamente trascedente", al señalar que esta modalidad representa una herramienta que equipara el derecho de las víctimas al del victimario, al tiempo que habilita que el Estado y la sociedad accedan al desarrollo completo del proceso judicial. "El juicio en ausencia tiene un concepto que va más allá de lo jurídico. Antes de que exista esta ley, no había equivalencia entre el derecho del victimario y el derecho de la víctima. Si el victimario lograba profugarse o no comparecer, el victimario tenía ventajas sobre la víctima, el juicio no podía avanzar y la víctima no podía tener la reparación que merece tener. Ahora la ley puso en un pie de igualdad el derecho del victimario frente al derecho de la víctima", expresó. Desde una mirada histórica, el expediente estuvo marcado por múltiples irregularidades. El primer juicio, iniciado en 2001 contra la llamada “conexión local”, terminó en 2004 con absoluciones y condenas por encubrimiento a jueces, fiscales y funcionarios estatales. En 2019, quienes habían encubierto el atentado fueron sancionados, dejando en evidencia fallas institucionales. A partir de 2006, se ordenaron capturas contra siete iraníes –entre ellos ex ministros y diplomáticos iraníes– y tres libaneses, presuntos miembros de Hezbolá, pero nunca fueron extraditados. La nueva ley provincial, sancionada por el Senado en febrero, introduce el juicio en ausencia para imputados prófugos que tienen órdenes de captura por delitos graves como terrorismo o lesa humanidad, y no se presentan tras cuatro meses de orden vigente. Está inspirada en mecanismos similares aplicados en países como Francia, Italia e incluso en tribunales históricos como Nuremberg. Las reacciones a la medida fueron variadas. Organismos como la DAIA y varias querellas familiares respaldan la iniciativa, mientras que agrupaciones como Memoria Activa advierten que el proceso sin presencia de los acusados puede no aportar al esclarecimiento. El Gobierno apoyó la medida y resaltó su valor para llevar adelante una causa que lleva más de tres décadas estancada.
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