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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 27/06/2025 08:04
El plan de reestructuración impulsado por el Gobierno Nacional ya provocó el cierre de oficinas en Concordia y Paraná. La Bancaria advierte sobre un proceso de vaciamiento para facilitar la privatización del banco y declara el “estado de alerta” en todo el país. En Entre Ríos, crece la preocupación por el impacto en el empleo y la atención financiera. El anuncio del Banco Nación sobre el cierre de 60 sucursales en el marco del “Plan Estratégico 2024-2027” encendió las alarmas en distintos puntos del país, y Entre Ríos no es la excepción. La decisión, que busca generar un ahorro superior a los 1.000 millones de pesos, fue duramente cuestionada por el gremio bancario, que denuncia un proceso de “vaciamiento” de la banca pública. En la provincia ya se sintieron los primeros efectos: la Gerencial Zonal de Concordia y el Centro de Atención PyME de Paraná dejaron de funcionar. Si bien sus trabajadores fueron reubicados en otras dependencias, desde La Bancaria alertan sobre un recorte progresivo que afecta la estructura y el alcance del banco estatal más importante del país. “Es una manera de generar el vaciamiento para así poder realizar su privatización”, advirtió Damián Dumé, secretario de Administración de la seccional Paraná del gremio. En declaraciones a APFDigital, remarcó que “tener más sucursales genera mayores ganancias para la entidad bancaria y fortalece a la banca pública”, rechazando el argumento de la “eficiencia” esgrimido por las autoridades nacionales. El gremio declaró el “estado de alerta” y no descarta medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo y del carácter público del banco. No obstante, Dumé llevó cierta tranquilidad al recordar que un fallo del juez Ramos Padilla, tras el polémico decreto 116/2025 del presidente Javier Milei —que transformó al Banco Nación en Sociedad Anónima—, establece que una privatización requeriría modificar la carta orgánica del banco, algo que solo puede hacer el Congreso Nacional. La situación genera preocupación en Entre Ríos, donde el cierre de sucursales no solo afecta al empleo directo, sino también al acceso al crédito y la atención financiera en regiones donde el Nación cumple un rol clave, especialmente para pequeñas empresas, productores y sectores vulnerables. Desde el gremio insisten en que la banca pública “no debe gestionarse con lógica empresarial” y convocan a legisladores y gobiernos provinciales a pronunciarse contra lo que consideran un “avance sobre un patrimonio estratégico del Estado argentino”.
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