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Parana » Informe Digital
Fecha: 25/06/2025 11:54
La secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, María Julia Tonero, junto al secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, han sido designados por el gobernador Maximiliano Pullaro para representar a la provincia en la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia con Anses, que tendrá lugar este miércoles. Ambos funcionarios realizarán una presentación técnica en respuesta a la decisión de la provincia de solicitar una medida cautelar relacionada con un artículo del DNU 280 de 2024, que puso fin a los giros automáticos mensuales de la ANSES hacia Santa Fe, los cuales se utilizaban para ayudar a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. La audiencia, programada para este miércoles a las 11, reunirá a Santa Fe y Anses. Si no se alcanza un acuerdo, la Corte, presidida por Horacio Rosatti, deberá emitir un pronunciamiento en las próximas semanas. El gobernador Pullaro aún no ha decidido si tomará la palabra durante la audiencia; su decisión dependerá del desarrollo de la misma. Este miércoles por la mañana, se reunirá con Tonero y Boasso para definir la estrategia a seguir por Santa Fe. En agosto del año pasado, la provincia presentó una medida cautelar ante la Corte solicitando la restauración de los anticipos mensuales automáticos que ANSES entregaba a la Caja de Jubilaciones de los estatales santafesinos. Si las partes no logran un acuerdo durante la audiencia, será la Corte la que tendrá la última palabra en las semanas siguientes. La delegación de Santa Fe, que asistirá a la audiencia en los Tribunales porteños, estará integrada por los exgobernadores y actuales diputados provinciales, Omar Perotti y Antonio Bonfatti. Santa Fe ha cuestionado judicialmente la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, el cual implementó de manera “inconsulta e intempestiva” la suspensión de pagos anticipados. La provincia exige que se restablezca una medida cautelar que garantice dichas transferencias, basándose en acuerdos que datan de más de tres décadas con el Gobierno Nacional, respecto a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. En la década de 1990, el Gobierno Nacional redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias, a cambio de asumir el control de las cajas de jubilaciones provinciales. Sin embargo, algunas provincias, como Santa Fe, decidieron no ceder sus cajas, aunque se vieron afectadas por la disminución de presupuestos. Los acuerdos firmados en ese entonces estipulaban que el Estado Nacional debía cubrir los déficits de las cajas que no habían sido transferidas. A este panorama se suma el decreto 280/2024 que, en su artículo 18, dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Estos artículos establecían que ANSES debía transferir, antes del día 20 de cada mes, a las provincias que no habían cedido sus regímenes previsionales, un adelanto equivalente a la doceava parte del último déficit anual, ajustado según el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De acuerdo con el recurso interpuesto ante la Corte en agosto de 2024, para cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería abonar como anticipos, de 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha tenido que reducir las partidas disponibles para áreas críticas como Salud, Seguridad y Educación, entre otras.
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