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Parana » Informe Digital
Fecha: 25/06/2025 00:01
CÓRDOBA.- Luego de que la Justicia ordenara, hace una semana, un embargo preventivo de $167 millones contra Lácteos Vidal a solicitud de operarios de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), el caso ha llegado al Consejo de la Magistratura de la Nación. El abogado de la empresa solicitó que “se investigue” dicha decisión y “se determine si los hechos configuran o no causal de mal desempeño y/o delito”, en relación con los jueces que han intervenido en las diferentes fases del caso. Alejandra Bada Vázquez, propietaria de Lácteos Vidal, expresó a LA NACION que se encuentra “muy angustiada” por la situación actual. “Siento que a nadie le importa cuánto cuesta mantener una empresa a flote”, afirmó. La resolución del juez nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, José Ignacio Ramonet, representa el último hito de un proceso que comenzó hace casi tres años, tras el bloqueo gremial de la planta en Moctezuma (partido de Carlos Casares) y en el centro de distribución de Villa Devoto. Este conflicto resultó en 26 despidos, lo que a su vez provocó un amparo de Atilra. La definición de Ramonet sobre el embargo se conoció horas antes de una audiencia de conciliación en la que la empresa láctea repitió su oferta de pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas por los exempleados. En la audiencia participó el abogado del gremio, Alberto Coronel, pero, según la empresa, el juez Ramonet no estuvo presente, delegando la convocatoria en su secretaria. En 2023, al cumplirse un año del conflicto, se llevó a cabo un acto frente a la planta de Lácteos Vidal. Santiago Filipuzzi – Santiago Filipuzzi En este marco, el apoderado de Lácteos Vidal, Eduardo Darriba, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, en la que se citan diversos aspectos que, desde la perspectiva de la empresa, no corresponden. Por ejemplo, menciona que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo “se arroga la facultad de usar discrecionalmente dicha prohibición, al pretender decidir qué recursos conmueven la inapelabilidad legalmente establecida, y lo peor de todo es que lo mencionan expresamente una y otra vez. Los jueces no están facultados para decidir cuándo aplicar un artículo de una norma procesal y cuándo no, especialmente si no declaran la inconstitucionalidad del mismo, y menos aún lo hacen de manera diferenciada según la parte del proceso”. La presentación apunta contra los jueces de esa sala, Álvaro E. Balestrini y Roberto C. Pompa. “No estamos denunciando el contenido de las sentencias ni las decisiones de los jueces, sino que lo hacemos porque no se aplicó la ley que debería haberse aplicado al caso, y cuando se aplicó, fue para perjudicar únicamente a una de las partes”, aclara el texto. La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) mostró su solidaridad con Lácteos Vidal este martes: “Se ha visto casi cercenada de su legítimo derecho a defenderse en sede judicial y continúa siendo objeto de injusticias, como ocurre con la última resolución judicial”. La entidad hizo mención al “hostigamiento constante de Atilra contra Lácteos Vidal SA, buscando perjudicar a la empresa por todos los medios posibles, y nos preocupa cómo algunos miembros de la Justicia (como en este caso) están desconectados de la realidad y del derecho, sin tener en cuenta las consecuencias directas de sus acciones, que han puesto en jaque a Lácteos Vidal SRL y que aún sigue sufriendo”. La firma demandó que se investigue la actuación de los jueces. Santiago Filipuzzi – Santiago Filipuzzi Asimismo, señaló que la empresa está “embargada por una exorbitante y millonaria suma, que de manera ‘arbitraria’ el magistrado Ramonet impone sin respetar el estricto cumplimiento de la ley, de la norma procesal y de las formas, de forma tal que la seguridad jurídica, como se verifica, no existe en este caso”.
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