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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 23/06/2025 09:24
“El recorte del gasto púbico es directamente proporcional al aumento de la conflictividad”, aseguró el jefe de fiscales de la provincia, Jorge Amílcar García. Además, los datos expuestos por la AJER y la palabra de Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia. Lunes, 23 de Junio de 2025, 6:03 Por Luciano Peralta El recorte en los fondos públicos destinados a la administración de justicia tiene múltiples consecuencias: obras paralizadas -como los nuevos juzgados de Paraná y Gualeguaychú-, falta de personal idóneo, sueldos desactualizados y un sistema que no da abasto en un marco de agudización de la crisis económica y, como consecuencia, creciente conflictividad social. Hace tiempo que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Leonardo Portela, viene reclamando más fondos a “la política”, entiéndase el Poder ejecutivo y el Poder Legislativo de Entre Ríos. Es de público conocimiento que, según el Presupuesto de 2025, el STJER debería recibir una partida de 1.000 millones de pesos mensualmente (había solicitado 1500 millones de pesos), pero, en la actualidad esas partidas no superan los 350 o 380 millones de pesos. Este recorte afecta directamente al funcionamiento de la justicia entrerriana y, consecuentemente, a la sociedad toda. Por eso, EL ARGENTINO dialogó con tres actores fundamentales del sistema judicial, como los son el propio Portela, el procurador general y jefe de fiscales, Jorge Amílcar García, y el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, para conocer de primera mano la situación. Paralización de obras y salarios deprimidos La falta de recursos para el Poder Judicial se traduce en la paralización de prácticamente todas las obras en inmuebles del Poder Judicial, se trate de adecuaciones, ampliaciones, salas de audiencias, equipamiento para la oralización de los procesos en todos los fueros o de los edificios centrales que han quedado como esqueletos de hormigón en Gualeguaychú y en Paraná. Recién ahora comenzaron a producirse acuerdos para la construcción de Juzgados de Paz en localidades pequeñas. “Nos estamos dedicando a las obras chicas, estamos haciendo Juzgados de Paz, que cada uno sale alrededor de 250 millones de pesos, porque son modulares. Por ejemplo, en Alcaraz estamos haciendo el Juzgado de Paz en un terreno municipal que nos fue donado”, contó a EL ARGENTINO el presidente del STJER, Leonardo Portela. Al tiempo que adelantó que en Villa Elisa probablemente se pueda comenzar la construcción del Juzgado de Paz antes de fin de año, inmueble que se sumaría a los cerca de 100 que debe mantener el Poder Judicial a lo ancho y a lo largo de la provincia. Respecto al nuevo juzgado en Gualeguaychú, Portela recordó que “cuando se planeó la obra, se proyectaron tres etapas: la primera etapa ya está finalizada; la segunda está en proceso y tiene que ver con un estudio de factibilidad respecto a las cargas internas del edificio, el revestimiento, etcétera. Ese estudio se está haciendo ahora -fue presupuestado en 216 millones de pesos-, y está a cargo del estudio que ganó la licitación. Una vez que tengamos eso vamos a poder encarar la tercera etapa, que, a números del año pasado, eran cerca de $14.000 millones”. En tanto, el nuevo edificio de Tribunales de Paraná se encuentra en la misma etapa. Y, por los tiempos de la obra, la tercera etapa se deberá licitar en 2026, por lo que deberá estar contemplada en el Presupuesto del año que viene. Por otro lado, José María Segura, titular de AJER, se refirió, entre otros puntos sensibles, a la actual situación salarial de los trabajadores judiciales. “Los salarios en el PJER (Ley 10.068) se actualizan por un índice automático que actúa como mecanismo de aplicación del principio de independencia del Poder Judicial. Este índice es el aumento que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) otorga al personal de la justicia federal. Pero, desde diciembre de 2023, y bajo la imposición del gobierno nacional de no permitir ningún aumento que equipare la inflación en ninguna actividad, ni pública ni privada, los aumentos de la CSJN han sido un 31% menos que la inflación, siendo la reducción salarial más alta de al menos la última década”, cuestionó. La obra de los nuevos Tribunales de Gualeguaychú tiene tres etapas: la primera fue finalizada; la segunda está en proceso y fue presupuestado en 216 millones de pesos “A la pérdida de ingresos actual se suma la pérdida que sufrimos por la Ley de Emergencia del gobierno de (Gustavo) Bordet -julio de 2020 a junio 2021-, que aplicó descuentos en nuestros sueldos y una deuda del 25.6% de la que se nos devolvió, más de dos años después, alrededor del 15% real”, cuestionó Segura. “La suma de ambas acciones sobre nuestros ingresos ha producido los sueldos más bajos en muchísimo tiempo. Hoy, un escribiente sin antigüedad, que es el primer escalafón de la carrera administrativa, cobra en mano alrededor de $ 950.000, es decir por debajo de la canasta básica”, ejemplificó el secretario general del gremio. Falta de personal Otro aspecto sensible de la situación actual es la falta de personal en la administración de Justicia, sobre todo en las ciudades más grandes y conflictivas, como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. “El año pasado se crearon por ley 150 cargos nuevos de empleados para el PJER, pero todavía no tienen asignación de partidas para ejecutarlos. Por lo que la drástica reducción del presupuesto del PJER, impuesta por el actual gobierno provincial, ha generado la imposibilidad de designar esos 150 cargos, que ya de por sí son mucho menos que los que se necesita para dar una respuesta acorde a la demanda de la sociedad”, apuntó Segura. En este sentido, cabe destacar que el PJER cuenta con 1.800 empleados y 700 funcionarios y magistrados, con los que debe atender la demanda de los 17 departamentos y los 19 Juzgados de Paz en pequeñas localidades del territorio provincial. “Se necesitan un Juzgado de Familia en Paraná y uno en Concordia. Además, hay muchos juzgados de familia, civiles, laborales y multifuero de otros lugares de la provincia trabajando a destajo, lo que afecta la calidad del servicio de justicia”, aseguró el titular de la AJER para este informe. En esta línea, el procurador general de la provincia, Jorge García, expresó: “Hay restricciones nacionales de importantes sumas que se deben a las provincias, sumas que tienen que ver con la coparticipación, con los aportes de la Caja de Jubilaciones, con lo que le corresponde a la provincia por Salto Grande, una cantidad de cosas que, inclusive, están reclamadas por la Provincia. Pero mientras eso no llegue, las necesidades son cada vez más”. “Trabajamos en las condiciones que existen, en término de eficiencia en el trabajo de los fiscales y del personal en general la situación no es óptima, pero es muy buena. Lo cierto es que necesitamos más fiscales especializados para reforzar la parte de narcotráfico, sobre todo en ciudades como Paraná y Concordia”, aseguró el funcionario que, a su vez, fue muy elogioso del trabajo hecho por la Fiscalía de Gualeguaychú, aunque reconoció que se necesitan “dos o tres fiscales más, aunque sean fiscales interinos”. El problema de la falta de recursos para dar un real combate al narcotráfico colisiona de lleno con el discurso sostenido por el gobernador Rogelio Frigerio. Un ejemplo es descriptivo de esta realidad: de los 400 kilos de cocaína incinerados el mes pasado en Gualeguaychú -presentada como “la mayor quema de droga de la historia de Entre Ríos-, más de 350 kilos fueron decomisados tras el aterrizaje de emergencia, por un desperfecto técnico de la avioneta que los transportaba, no por el accionar de una investigación judicial, ni mucho menos. La droga cayó del cielo, literalmente. “También necesitamos mayores aportes, que en otro momento existieron, para los laboratorios”, explicitó, por otro lado, García. Y profundizó: “las licencias de los aparatos tecnológicos que analizan los celulares, por ejemplo, se van venciendo y esas actualizaciones hay que ir pagándolas”. Respecto al equipamiento recibido desde el gobierno nacional en materia de laboratorio, lo último fue durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, es decir, diez años atrás. Los gobiernos siguientes ya no giraron este tipo de tecnología a Entre Ríos. Más recorte, más conflictividad “La cuestión presupuestaria para nosotros siempre es poca, sobre todo en el ámbito penal, porque los conflictos que no pueden resolverse socialmente o políticamente terminan reflejándose en el ámbito penal. Y allí siempre son escasas las partidas presupuestarias”, aseguró García. En esta línea, consideró que “todo el recorte en el gasto público va a generar problemas en lo penal”. Y ahondó: “aquellos sectores de baja especialización que quedan sin trabajo muchas veces terminan siendo soldaditos de los narcotraficantes, lo que termina en graves problemas penales”. “Cuando se habla de la reiterancia como condicionante a la prisión preventiva, hay que saber que no hay alternativas a la prisión, las prisiones están absolutamente acinadas, no tenemos pulseras electrónicas, entonces tenemos que administrar esta realidad en la justicia penal”, explicó el funcionario judicial. Y concluyó: “El recorte del gasto púbico es directamente proporcional al aumento de la conflictividad”.
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