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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 19/06/2025 06:50
Los dueños del supermercado denunciaron la maniobra en enero de este año, tras haber reportado pérdidas millonarias Un acuerdo judicial permitirá cerrar el caso de la estafa por 35 millones de pesos en reses que afectó a un supermercado de San Juan, conocido como Un Rincón de Nápoli, por el cual fueron llevados a juicio dos empleados y once cómplices de haber participado de la maniobra fraudulenta. Previo a la celebración del juicio, los abogados de los imputados habrían acordado un proceso abreviado con la Fiscalía a cargo del caso. Asimismo, algunos de ellos se verían beneficiados por la suspensión de la instancia oral, debido a que habrían aceptado cumplir con una probation. En líneas generales, los trece implicados podrían evitar la cárcel y devolver la mayor parte del dinero que habrían estafado al supermercado. No obstante, aún restaría que los acuerdos que habrían arreglado cada uno de ellos sean avalados por el juez de garantías, Sergio López Marti. Según informó Tiempo de San Juan, los dos ex empleados y principales acusados de haber planificado las maniobras delictivas, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré, habrían aceptado su responsabilidad y recibirían una condena de tres años de prisión condicional. La misma pena podría ser aplicada a Jesús Matías Núñez, identificado como ex trabajador de Carnes Aguilera. Los 13 implicados fueron acusados de desviar carnes de res (REUTERS) En el caso también fueron imputados los repartidores Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asis, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea, César Orlando Luna y otros empleados ligados a Carnes Aguilera, Carnes San Agustín y Carnes Parra. Además, fueron involucrados Manuela Nahir Luna Ruiz, de la carnicería Trozadero Mar, y Ángel Ezequiel Romero, dueño de un local minorista. De esta manera, los ocho acusados accederían a una pena de dos años y seis meses de cumplimiento condicional, lo que les permitirá evitar la prisión efectiva. No obstante, los dos comerciantes minoristas pactaron la probation y deberían realizar trabajos comunitarios y abonar una cifra simbólica para cerrar la causa penal en su contra. La última etapa del proceso judicial dependerá de la audiencia final, en la que el juez deberá pronunciarse de forma oficial sobre los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y las defensas técnicas de los trece imputados. Si no hay objeciones, el caso quedará cerrado sin que los principales implicados deban cumplir prisión efectiva o devolver la mayor parte del dinero sustraído al supermercado sanjuanino. El escándalo salió a la luz tras la denuncia presentada por los dueños de Un Rincón de Nápoli el pasado 28 de enero de 2025. Según indicó la Fiscalía, Espejo Salinas y Jofré habrían actuado como piezas clave en catorce maniobras delictivas destinadas a desviar reses y piezas de carne que debían ser entregadas al local ubicado en la calle Rivadavia. Aparentemente, los empleados habrían mantenido un arreglo con trabajadores de al menos tres abastecedoras de carne, lo que les habría permitido extraer parte de la mercadería solicitada para venderla posteriormente en comercios minoristas. Los acuerdos deberán ser aprobados por el juez de Garantías antes de quedar firmes (Gobierno de San Juan) Las maniobras ilícitas habrían sido perpetradas entre el 18 de diciembre de 2024 y el 4 de enero de 2025, lo que habría representado un daño documentado de 35 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía sospecharía que la apropiación ilegal de carne se habría extendido desde hace tiempo y que el monto real podría acercarse a 60 millones de pesos o más, aunque este último dato no pudo comprobarse de modo fehaciente. A raíz de esto, el fiscal Guillermo Heredia y el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, imputaron a los involucrados los delitos de defraudación y defraudación por usurpación de documento en concurso real. En abril, la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para los tres principales acusados, petición que el juez de garantías no concedió y permitió que quedaran en libertad mientras avanzaba el proceso. A medida que avanzaron las negociaciones, se definieron las penas que enfrentarán los trece imputados. La acusación fiscal apuntaría a la confección y utilización de documentación adulterada para simular el ingreso total de reses, facilitando así que parte de la mercadería se vendiera por fuera de los circuitos habituales del supermercado. Por esta razón, indicaron que el armado de los documentos apócrifos y la coordinación entre empleados, repartidores y comerciantes habrían permitido sostener el esquema durante al menos dos semanas, hasta que el local descubrió el faltante y realizó la denuncia.
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