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Parana » Vorterix
Fecha: 19/06/2025 01:01
El abogado Patricio Cozzi, integrante del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, rechazó las acusaciones del ministro Roncaglia sobre el presunto ingreso de celulares por parte de abogados en la Unidad Penal de Paraná. El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresó su “profunda preocupación” y “enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, quien deslizó que algunos abogados estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a la Unidad Penal Nº1 de Paraná. En diálogo con la prensa, el abogado Patricio Cozzi calificó los dichos del ministro como “muy desafortunados” y aseguró que generaron “una afectación directa a la imagen pública de los abogados penalistas de toda la provincia”. Cozzi remarcó que el rol de la defensa penal es uno de los pilares del sistema democrático y que ese tipo de acusaciones generalizadas “siembran sospechas” y “desprestigian” a la profesión. “Nosotros ejercemos esta tarea con dignidad y ética. Si el ministro, la jueza o el gobernador tienen conocimiento de algún hecho concreto, que lo denuncien e individualicen. Pero no se puede generalizar”, subrayó Cozzi. El abogado también recordó que la unidad penal está bajo vigilancia permanente del propio Estado y que el ingreso de elementos ilegales ya se ha dado en otros contextos, en los que hubo intervenciones adecuadas por parte del Servicio Penitenciario. El letrado también hizo alusión a antecedentes recientes de tensión institucional, como la falta de convocatoria al Instituto en el tratamiento de la reforma del juicio por jurado. “A veces se nos deja afuera. Somos insistentes, pero es complejo que se nos escuche, incluso cuando lo que defendemos no son intereses propios, sino de mayor participación democrática”, expresó. Finalmente, Cozzi reiteró que lo preocupante es que “si no hay un hecho concreto que fundamente esas declaraciones, la gravedad es aún mayor”. Por eso, llamó a la reflexión de los funcionarios públicos y exigió que en adelante se eviten expresiones que lesionen injustamente la labor profesional del colectivo de abogados penalistas.
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