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» Noticias del 6
Fecha: 17/06/2025 14:40
A través de un Proyecto de Declaración, el bloque del Partido Agrario y Social (PAyS) manifestó su enérgico rechazo a los reiterados intentos de desalojo que se registran desde 2023 en el «Barrio Chacra 190 del Barrio Laurel». de Posadas, contra familias que residen en el lugar desde hace más de veinte años y cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar (CVF) del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En el documento, que lleva las firmas de los diputados Cristian Castro y Blanca Alvez, se indica que días atrás se produjo un nuevo intento de desalojo en dicho barrio y se precisa que la persona afectada fue, nuevamente, Teresa Alvez Ferreyra, quien reside en el lugar desde hace 28 años, cuenta con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP y acredita su residencia mediante boletas de servicio. “En los últimos dos años, esta vecina ha sufrido tres intentos de desalojo, impulsados por un supuesto propietario, exfuncionario de una empresa estatal. Pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten”, se expresa en el proyecto. Seguidamente, se refiere que hace dos semanas hubo una nueva intervención del Poder Judicial: “La situación es preocupante por tratarse de una persona de edad avanzada que atraviesa problemas de salud. La mujer sufre un permanente estado de nerviosismo y angustia, no solo por el accionar judicial, sino también por intimidaciones constantes por parte del abogado del supuesto propietario”. Se agrega que en dos ocasiones se ha retirado el medidor de luz a la familia, interrumpiendo temporalmente el servicio de energía eléctrica. Y se consigna que, ante estas circunstancias, la familia contrató a una abogada particular, cuyos honorarios mensuales son abonados de manera comunitaria, a través de fondos que los vecinos obtienen mediante la venta de empanadas y pastelitos en el barrio. “Se debe dejar en claro que no se trata de ‘usurpadores’, sino de familias que accedieron a los lotes de buena fe mediante compras a terceros que vivían en el lugar, en operaciones que se produjeron hace ya casi tres décadas. En ese sentido, Teresa cuenta con un pagaré que data del 13 de octubre de 1998”, se observa en el proyecto ingresado a la Cámara de Representantes desde el bloque del PAyS. Antecedentes La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Misiones. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar. Las familias del Barrio Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación. En el proyecto de Declaración se enfatiza que estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina: “Estas familias poseen una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias. Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022”. Asimismo, se aclara que la aplicación de este artículo es de «orden público», lo que significa que es de cumplimiento obligatorio y que ninguna otra norma o contrato privado puede ir en contra de esta disposición. El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado por el Decreto N° 358/17, es un instrumento de reconocimiento de la posesión emitido por el Estado Nacional. Sirve para acreditar el domicilio de la familia ante cualquier autoridad pública (nacional, provincial, municipal) o empresa privada que lo solicite. “Es preciso que, como legisladores, velemos por el cumplimiento estricto de las leyes vigentes y actuemos en defensa de las familias más humildes de los barrios populares de Misiones, en su legítimo derecho a la vivienda”, expresaron los diputados Cristian Castro y Blanca Alvez.
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