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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 17/06/2025 11:21
La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la denominada Causa Vialidad ha marcado un nuevo hito en la historia judicial y política argentina. Sin profundizar en los aspectos técnicos de la causa, ampliamente descriptos en las últimas semanas, resulta inevitable analizar las repercusiones de este fallo en la sociedad y su proyección a futuro. Un sector significativo de la opinión pública celebra la decisión con una efusividad que trasciende lo estrictamente judicial. Para muchos, ver a Cristina condenada es un triunfo esperado, una especie de reparación simbólica ante años de sospechas de corrupción que han marcado su gestión y su legado político. Sin embargo, este entusiasmo pocas veces se detiene en los detalles del fallo ni en el proceso que llevó a la condena, un proceso que ha sido seriamente cuestionado por juristas y periodistas de investigación, quienes advierten inconsistencias y una preocupante escasez de pruebas concluyentes que determinen con certeza su culpabilidad. En lugar de apoyarse en evidencias irrefutables, el fallo parece cimentarse en una presunción de culpabilidad que muchos ya daban por hecha. Este clima de certeza emocional sobre la culpabilidad de la expresidenta no se limita a esta causa en particular; más bien, es una sensación extendida en la sociedad: Cristina es culpable, sin importar de qué se la acuse ni cuántas pruebas haya o falten. El problema es que la Justicia no puede depender de percepciones ni de climas sociales, sino de pruebas firmes y de procesos transparentes. De lo contrario, cualquier fallo -actual o futuro- siembra dudas. Incluso en el escenario en que la solidez del caso fuera indiscutible, los antecedentes de los jueces involucrados proyectan algunas sombras sobre la imparcialidad de sus fallos. No son pocas las fotos, videos y publicaciones que exponen sus vínculos con el macrismo y con sectores del poder que históricamente han sido opositores al kirchnerismo. Las dudas y sospechas en torno a la independencia del tribunal son el bastión de quienes defienden a la exmandataria, exigiendo la revisión del fallo y proclamando su inocencia. En este escenario, la condena no hace sino revivir una de las fracturas fundamentales de la historia argentina: la lucha entre peronismo y antiperonismo. Incluso podríamos remontarnos a la década del 30 y a la figura de Hipólito Yrigoyen para recordar cómo los liderazgos populares han sido recurrentemente enfrentados por los poderes económicos y conservadores. Argentina, fiel a su tradición política, parece estar escribiendo un nuevo capítulo de esa eterna confrontación. A esto se suma el papel de ciertos periodistas, quienes han demostrado que el análisis crítico y objetivo cede cada vez más lugar a la militancia mediática. Tal como se mencionó en una columna anterior, la actitud de muchos comunicadores recuerda más a la de jefes de hinchadas que a la de profesionales que buscan esclarecer los hechos. La condena a Cristina no solo fue informada, sino festejada como una victoria en una batalla política, dejando a un lado la responsabilidad de poner en cuestión los procedimientos y garantizar el equilibrio de voces en el debate público. Lo ocurrido pone en evidencia, una vez más, la urgencia de que los máximos representantes de la justicia en Argentina sean personas de trayectoria intachable, que su nombramiento no dependa de simpatías políticas, sino de una capacidad indiscutible de imparcialidad y rigor en su labor. La confianza en el sistema judicial es un pilar fundamental de cualquier república, y su deterioro arrastra consigo la credibilidad democrática. Y en este sentido, sería bueno que estos mismos jueces que no dudaron en condenar a una expresidenta tampoco demoren en ocuparse de las causas que involucran a otros exmandatarios como Mauricio Macri, Alberto Fernández o incluso al actual presidente, Javier Milei. Solo así, será Justicia.
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