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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 15/06/2025 06:04
Entre 2014 y 2024 la cantidad de estudiantes "integrados" en escuelas comunes pasó de 65.790 a 127.456 en los tres niveles educativos obligatorios. La tendencia de los últimos 15 años marca que cada vez más estudiantes con discapacidad cursan en las escuelas comunes, una estrategia que antes era minoritaria en comparación con la asistencia a escuelas especiales. Pero ¿alcanza con la matriculación en una escuela “común” para garantizar la inclusión plena de estos alumnos? Entre 2014 y 2024 se duplicó la cantidad de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes: pasó de 65.790 a 127.456 en los tres niveles educativos obligatorios (inicial, primario y secundario). Actualmente, 6 de cada 10 alumnos con discapacidad (61,5%) van a una escuela común –la estadística oficial los denomina “integrados”–, mientras los otros 4 asisten a escuelas especiales. La integración viene creciendo de manera sostenida desde principios de la década pasada. Hasta 2020, la relación era inversa: había más alumnos con discapacidad en las escuelas especiales que alumnos integrados. Las escuelas de educación especial tienen un total de 107.516 estudiantes, según los datos de 2024. En esta modalidad, 3 de cada 4 estudiantes (74%) asisten a escuelas estatales, mientras que el restante 26% va a escuelas privadas. En el país hay 1831 escuelas de educación especial, incluyendo las de nivel inicial, primaria y secundaria. La cifra abarca a las escuelas que tienen estudiantes propios y las que ofrecen “integración” en articulación con escuelas comunes; muchas combinan ambas propuestas. En los últimos 10 años se duplicó la cantidad de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes, y desde 2020 superan a los matriculados en escuelas especiales. Más de la mitad de los estudiantes integrados en escuelas comunes tienen discapacidad intelectual (54,6%); en segundo lugar figuran los trastornos del espectro autista (14,8%), que son los que más han crecido en los últimos años. A nivel nacional, hoy 2 de cada 3 escuelas “comunes” (el 64%) tienen al menos un estudiante con discapacidad en su matrícula: son más de 31 mil instituciones educativas en todo el país. “Argentina tiene el mayor promedio a nivel regional de escuelas que reciben estudiantes con discapacidad. Pero la pregunta no es solo dónde están los estudiantes sino cómo están, es decir, cómo se los acompaña”, señaló Guadalupe Padín, funcionaria del Equipo de la Modalidad Educación Especial de la Secretaría de Educación, en el reciente Conversatorio sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad organizado por la Secretaría y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de Tramared. “No alcanza con garantizar el derecho a estar en la escuela. Hay que garantizar el derecho a aprender, a progresar y a ser evaluado. La verdadera inclusión no se mide solo en cifras, sino en las condiciones que aseguramos para cada estudiante. Si no garantizamos los apoyos, si no acompañamos a las escuelas y a los docentes, lo que parece inclusión puede terminar expulsando”, advirtió Mariana Schenone, directora de Tramared, en un informe titulado Más estudiantes con discapacidad en escuelas comunes, pero sin apoyos suficientes. Las leyes y el acceso La normativa internacional y nacional garantiza el derecho de todos los estudiantes a asistir a una escuela común. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en Argentina, exige que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad”. Las leyes nacionales y la normativa internacional garantizan el derecho de todos los estudiantes con discapacidad a asistir a una escuela común. La Ley de Educación Nacional reconoce la educación especial como una de las ocho modalidades del sistema educativo, mientras que la resolución 311 de 2016 del Consejo Federal de Educación (CFE) establece el derecho de los chicos con discapacidad a asistir a la escuela común en todos los niveles y en condiciones de igualdad con el resto de los estudiantes. Aunque las normas favorecieron el aumento de la inclusión, todavía existen limitaciones en el acceso: hay estudiantes que son rechazados por las escuelas. La situación se repite con mayor frecuencia en las escuelas privadas, que “suelen invocar su derecho de admisión y tener mecanismos de inscripción más discrecionales y menos transparentes”, explica la guía Ir a la escuela es un derecho, elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pionera en la lucha por la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad. Más allá de que el paradigma actual promueve la inclusión en la escuela común, muchas familias prefieren que sus hijos vayan a una escuela especial –y, en ese sentido, la normativa actual también sostiene que el sistema debe dar respuesta a todos los estudiantes–. Ahí se pone en juego la libertad de elegir: desde la Secretaría de Educación están trabajando junto con los referentes de educación especial de las provincias en un nuevo marco normativo que llevarán al CFE y que reconoce este derecho de las familias. “El documento marca la importancia de actualizar el marco ético, político y pedagógico de la modalidad. También destaca la necesidad de enriquecer el modelo de las escuelas de educación especial, poniendo el foco en la responsabilidad pedagógica y en la libertad de elección de las familias”, explicó Alfredo Vota, subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, en el conversatorio coorganizado con el BID. “La perspectiva no es ‘escuela común o escuela especial’, sino ‘escuela común y escuela especial’”, señaló Vota. Y aclaró que la idea es “acompañar a cada jurisdicción desde el modelo que haya adoptado, considerando que no hay respuestas únicas para avanzar en procesos de inclusión”. El acceso es un primer factor clave. A nivel nacional, la oferta de educación especial se concentra sobre todo en el nivel primario (con 1345 escuelas), mientras que el inicial (762) y la secundaria (899) aún figuran bastante más atrás, si bien el nivel secundario fue expandiendo su cobertura en los últimos años. Estas cifras sugieren un reto básico: ampliar la oferta educativa, sobre todo en nivel inicial, para asegurar que todos los estudiantes con discapacidad tengan una escuela especial cerca. Desafíos clave para la inclusión Los especialistas advierten que, más allá de los avances en la integración, aún hay varios desafíos para lograr una verdadera inclusión que garantice aprendizajes para todos: entre otros, faltan recursos humanos y materiales, infraestructura adecuada, formación docente de calidad, sistemas de información capaces de captar las trayectorias reales y mayor articulación intersectorial (por ejemplo, entre las áreas de educación y salud). El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la apertura del Conversatorio sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, junto con Tamara Vinacur y Eduardo Arraiza del BID. El aumento en la cantidad de estudiantes integrados no se acompañó con un incremento proporcional en los recursos. Entre 2015 y 2024, la cantidad de cargos docentes de la educación especial a nivel nacional creció un 18%: pasó de 52.397 a 61.865. En ese mismo período, aumentó 88% la cifra de alumnos integrados y bajó 16% la matrícula de las escuelas especiales. Uno de cada cuatro estudiantes integrados (24%) no cuenta con ningún “apoyo a la inclusión”, según los datos oficiales (y la cifra asciende al 41% en nivel inicial). Tres de cada diez (31%) cuentan con apoyo privado; el restante 45% –menos de la mitad– recibe apoyo estatal. La situación actual es crítica, según denuncian familias, organizaciones sociales y escuelas privadas, cuyo reclamo motivó la media sanción de la ley de emergencia en discapacidad. La Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) denunció la “persistente falta de actualización del nomenclador nacional de prestaciones y el incumplimiento en los pagos a los prestadores de servicios, lo que ha llevado al sistema a un punto de colapso sin precedentes“. En un comunicado firmado por su secretario ejecutivo, Norberto Baloira, desde Coordiep afirmaron que los recortes “comprometen severamente el acceso a la salud, la educación y el desarrollo integral de las personas con discapacidad”. Y advirtieron: “El hecho de que las personas con discapacidad pierdan el espacio educativo o terapéutico que requieren, el acompañamiento en la escuela común en inclusión educativa y la continuidad de sus terapias, provoca un grave e irreparable perjuicio en sus vidas, impidiéndoles construir autonomía y alcanzar la calidad de vida a la que tienen derecho”. Apenas el 28% de las escuelas del país tiene la infraestructura adecuada para que las personas con discapacidades motrices puedan circular por sus propios medios. Los desafíos de la inclusión abarcan también la infraestructura. Por ejemplo, un estudio del ex Ministerio de Educación nacional mostraba en 2020 que apenas el 28% de las escuelas en todo el país estaba preparada para que las personas con discapacidades motrices pudieran circular por sus propios medios. En cuanto a la formación docente, a nivel nacional existen 158 carreras en los institutos, y la mayor matrícula está en los profesorados relacionados con discapacidad intelectual. En este ámbito, los nuevos lineamientos curriculares aprobados en 2024 por el CFE incorporaron una materia o taller sobre educación inclusiva para todos los profesorados (y no solo para los futuros docentes de educación especial). Este cambio, que busca fortalecer una mirada “transversal” sobre la inclusión, ya debería impactar en quienes comiencen a cursar carreras de formación docente en 2026. Para poder garantizar la inclusión efectiva y el seguimiento de la diversidad de trayectorias de los estudiantes, también hay desafíos relacionados con los sistemas de información educativa: falta información precisa y actualizada que permita tomar decisiones a tiempo, pero además distintas fuentes oficiales consideran nociones diferentes de discapacidad, lo que dificulta un abordaje integral sobre el tema. En el reciente conversatorio sobre educación inclusiva, Marcela Jáuregui, de la Dirección de Información Educativa de la Secretaría de Educación, explicó que en 2023 se sumaron los datos de la modalidad de educación especial a la Base Nacional Homologada (BNH), la base de datos nacional que integra la información de los estudiantes de cada provincia (creada en 2021). Sin embargo, aún hay provincias que no cargaron sus datos de educación especial en la BNH. Profundizar la articulación intersectorial también es un desafío clave para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad. “La escuela sola no puede. Se necesita una comunidad de aprendizaje que involucre equipos directivos, docentes, familias, supervisores y organizaciones sociales”, señaló Schenone. Y destacó la necesidad de “una política pública activa que coordine niveles y modalidades del sistema educativo y que integre acciones desde diferentes sectores del Estado”. Los modelos de las provincias A nivel federal las provincias implementan distintos modelos de inclusión educativa: hay jurisdicciones donde las escuelas comunes tienen al menos un docente de educación especial para acompañar las trayectorias de los estudiantes con discapacidad; algunas donde los docentes de educación especial están en el aula y coenseñan con el docente; otras donde las escuelas especiales tienen un radio de injerencia en el que articulan con las escuelas comunes. A nivel federal, las provincias implementan distintos modelos de inclusión educativa y asignan diferentes roles a las escuelas especiales. (Andina) El caso que más se distingue es el de La Pampa, donde las escuelas especiales ya no tienen estudiantes porque todos están incluidos en la escuela común. “En La Pampa la inclusión educativa es una política de Estado que se mantiene desde hace 20 años, más allá de los cambios de gobierno”, señaló Ana Guerra, responsable de la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva, en el conversatorio del BID y la Secretaría de Educación. Esta política se profundizó a partir de un decreto provincial de 2018 que estableció que las escuelas especiales se reconvirtieran en “escuelas de apoyo a la inclusión”, que trabajan de manera articulada con las escuelas comunes y ofrecen actividades en contraturno. En total, estas escuelas acompañan a 6500 estudiantes con apoyos específicos. Guerra reconoció que “fue un cambio muy importante para todo el sistema educativo”, que requirió de modificaciones en la normativa pero también inversión en recursos, creación de cargos docentes y transporte escolar. Otra resolución de 2018 habilitó la titulación para las personas con discapacidad –una opción que la educación especial tradicional muchas veces no ofrece–. Los resultados de la política recibieron una evaluación positiva del programa EuroSocial, de la Unión Europea, orientado al intercambio de “buenas prácticas” con América Latina. Sin embargo, la decisión del gobierno de La Pampa de eliminar las escuelas especiales ha sido cuestionada por algunos docentes y por familias que reclaman tener la posibilidad de elegir una institución especializada para que sus hijos reciban un acompañamiento adecuado. En la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la matrícula del país, el modelo es diferente. Allí la modalidad de Educación Especial tiene unos 100.000 estudiantes con discapacidad distribuidos en 648 escuelas, según indicaron a Infobae. El 40% de los alumnos asiste a escuelas especiales, y el restante 60% está “integrado” en instituciones de nivel inicial, primario y secundario. “El principio de inclusión educativa rige para todos los estudiantes, realicen su trayectoria en los niveles (escuela común) o en las sedes (escuela especial), a diferencia de los planteos de otras jurisdicciones que consideran que la inclusión plena sucede cuando los estudiantes con discapacidad están ‘incluidos’ en los niveles”, explicaron desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Garantizar la transversalidad de la perspectiva inclusiva en el sistema educativo y fortalecer la corresponsabilidad entre escuelas comunes y especiales se perfilan como dos desafíos cruciales. (Andina) En CABA están trabajando en “un nuevo marco para profundizar la política de educación inclusiva” de manera transversal a todo el sistema educativo, como parte del plan Buenos Aires Aprende. En la ciudad, la modalidad de Educación Especial cumple dos funciones: por un lado, “brinda una oferta educativa en escuelas propias de la modalidad“ a un total de 4.500 estudiantes en el sector estatal y a otros 4.000 en el privado. Por el otro, tiene un rol transversal de “apoyo a las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal”. Según informaron desde el Ministerio de Educación porteño, actualmente más de 15.000 estudiantes en escuelas estatales cuentan con “diversas configuraciones de apoyo” para fortalecer sus aprendizajes. El nuevo marco, que se encuentra en proceso de consulta con la comunidad educativa, se propone “fortalecer las condiciones para la educación inclusiva a nivel territorial, institucional y áulico para llegar al abordaje singular”, explicaron a Infobae. En Córdoba las escuelas especiales tienen una triple función, según mencionó Adriana Cali, directora de Educación Especial del Ministerio de Educación de esa provincia, en el conversatorio. Por un lado, reciben a estudiantes con discapacidad que cursan allí su escolaridad, pero también trabajan con estudiantes en escuelas comunes (por medio de equipos de apoyo a la inclusión), y además acompañan las propuestas educativas de los municipios para la primera infancia. Entre las principales “tensiones” actuales, Cali mencionó que “aún predomina el enfoque de la integración y no el de la inclusión”, reconoció que “los marcos legales son claros, pero tienen un impacto disímil en las prácticas educativas”, y planteó que “la formación docente en inclusión educativa aún es insuficiente”. También resaltó dos desafíos: “transversalizar” la perspectiva inclusiva y “garantizar estrategias pedagógicas que aseguren el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes”. En Santa Fe se contemplan tres tipos de trayectorias: la cursada íntegra en escuelas “de nivel”, en escuelas especiales, o la combinación entre ambas modalidades, según explicaron a Infobae desde el Ministerio de Educación santafesino. En la provincia hay 26.025 estudiantes con discapacidad, para quienes rige un nuevo “decreto de inclusión educativa” que establece la “corresponsabilidad entre niveles y modalidades”. El sistema educativo tiene 1.651 docentes de educación especial y 486 profesionales de equipos interdisciplinarios en toda la provincia, que trabajan bajo “un enfoque integral que reconoce y valora la diversidad”. “Transversalidad” y “corresponsabilidad” son dos conceptos clave que se repiten en las reflexiones de especialistas y funcionarios. Ambas nociones apuntan a reconocer que la inclusión es un derecho –y una obligación– que involucra a todo el sistema educativo: los docentes, los equipos directivos, los gabinetes y equipos de orientación escolar y, por supuesto, las familias. Pero también a las organizaciones sociales, a los organismos –públicos y privados– de salud y a las áreas de desarrollo social. La inclusión, coinciden los expertos, no es una cuestión de voluntarismo: la escuela sola no puede.
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