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» Data Chaco
Fecha: 13/06/2025 13:36
La Justicia Federal de Resistencia procesó con prisión preventiva al exsuboficial mayor de la Dirección de Investigaciones Gabino Manader y al excomisario general Eduardo Wischnivetzky, ambos integrantes de la Policía del Chaco. Ambos están acusados por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos contra los militantes de las Ligas Agrarias Carlos Aníbal Páez y Aureliano Villan, hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad. La resolución fue firmada por la jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger y se enmarca en la ampliación de la causa conocida como Sacerdotes–Ligas Agrarias II. En ella, la magistrada sostiene que el 14 de abril de 1974, Páez y Villan, "ambos conocidos militantes políticos, fueron detenidos y alojados en la Alcaidía de Sáenz Peña donde los torturaron, incluso con picana, y fueron amenazados para que aporten datos relacionados con la militancia política y las Ligas Agrarias, por considerarlos parte de ellas". Según la jueza, está acreditado que los imputados "actuaron en el marco de un plan sistemático ejecutado desde el aparato estatal", y que al momento de los hechos tenían funciones dentro de la fuerza policial. En otro tramo de la resolución, la magistrada señaló que los hechos investigados "presentan una plena conexidad temporal y espacial –todos los hechos se remontan al año 1974 en la Comisaría y la Alcaidía de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña–, además de una clara conexidad objetiva y subjetiva, encontrándose toda la prueba existente integrada en un plexo probatorio común". La jueza también afirmó que "la descripción de los padecimientos sufridos por Páez y Villan exhiben efectivamente las características de hechos de violencia física y psicológica de significativa intensidad, los cuales se corresponden con la definición normativa de tormentos". Y concluye que "se acreditó con el estándar propio de la instancia que Páez y Villan –quienes eran referentes de la militancia política de la época, de las Ligas Agrarias– fueron sometidos a sesiones de tortura durante los interrogatorios realizados con el fin de obtener información". Detalles del caso: las detenciones de Páez y Villan Carlos Aníbal Páez, de 17 años, y Aureliano Villan fueron detenidos el 14 de abril de 1974 en las ciudades de Sáenz Peña y Quitilipi, respectivamente, en el marco del mismo operativo en el que también se apresó a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, referentes de las parroquias de Quitilipi y Machagai. Todos fueron trasladados a la Alcaidía de Sáenz Peña y alojados en oficinas alejadas de los pabellones. Allí fueron sometidos a torturas sistemáticas durante dos semanas, en interrogatorios dirigidos por una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. La comisión estaba encabezada por los comisarios Carlos Alcides Thomas y Wenceslao Ceniquel, el suboficial Gabino Manader y el agente José María Cardozo. También se sumó en determinado momento el comisario Wischnivetzky. La reconstrucción de los hechos se apoya en testimonios de las propias víctimas y de otros detenidos, como los sacerdotes Núñez y Testa, así como en declaraciones de religiosas como Nuria Puiggros Sampere, Ruth Ligia María Rodríguez, Epifanía Ceferina Neira y María Luisa Wagner. También se incorporaron documentos judiciales e informes médicos de la época. Según la investigación, Páez fue en un momento retirado de la alcaidía y llevado a un descampado, donde fue atado a un árbol y sometido a simulacros de fusilamiento. Debido al deterioro de su salud, debió ser internado durante tres días en el hospital de Sáenz Peña antes de ser trasladado a la Alcaidía de Resistencia. Antecedentes judiciales: la persecución a las Ligas Agrarias El 25 de junio de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó condenas a cuatro expolicías y exmilitares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra militantes de las Ligas Agrarias en la provincia del Chaco. El tribunal impuso la pena de prisión perpetua al exteniente coronel Tadeo Bettolli por el homicidio agravado del dirigente campesino Raúl Eduardo Gómez Estigarribia, y al exagente policial Alcides Sanferraiter por el homicidio agravado con alevosía de Carlos Picolli. Por su parte, los excomisarios José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky fueron condenados a 4 y 18 años de prisión, respectivamente, por encubrimiento, privación ilegítima de la libertad y tormentos. En los fundamentos de esa sentencia, el tribunal reconoció el papel político del movimiento rural: "Las Ligas Agrarias –desarrolladas en las provincias del nordeste– en particular, se apoyaban en el factor de marginalidad que poseían los pequeños productores, campesinos y trabajadores rurales en el contexto de la sociedad capitalista vigente. Las Ligas Agrarias representaron entonces un gran sector de productores rurales, tanto colonos como campesinos, que viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los años 70 colocando al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años". Asimismo, los jueces remarcaron el rol del Ejército en la represión ilegal: "El Ejército Argentino, como parte de su pregonado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ (1976–1983), movilizó efectivos al interior de Chaco, incluidos también los cuadros de la Policía provincial, que por normativas de facto vigentes a la época les estaban subordinados. En lo que se conoció como lucha contra la subversión y en la persecución de los considerados elementos hostiles –de suyo, en la práctica así fueron considerados los miembros de Ligas Agrarias–, se ejecutaron operaciones que implicaron el hostigamiento, la represión, desaparición y muerte de parte de trabajadores rurales, pequeños productores, sus militantes y dirigentes". En distintos juicios orales, el mismo tribunal condenó a los responsables de crímenes contra dirigentes y militantes de las Ligas Agrarias en causas emblemáticas como la Masacre de Margarita Belén (2011), Caballero I (2010), Caballero II (2018) y Caballero III (2021). Por su parte, en 2021, el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a militares del Batallón 601 en la causa Contraofensiva, por la desaparición de militantes, entre ellos los referentes de las Ligas Agrarias del Chaco Hugo Vocouber, Luis Alberto Fleitas y Armando Molina, ocurridas en 1980. Notas Relacionadas
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