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» Santo Tome al dia
Fecha: 08/06/2025 08:43
La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que el presidente Javier Milei no incurrió en el delito previsto en la ley Ética de la Función Pública al difundir el proyecto “Viva la Libertad Project” y su criptoactivo asociado $LIBRA desde su cuenta personal en la red social X (ex Twitter) el 14 de febrero de 2025. La decisión, firmada por Alejandro Melik, titular de la OA, organismo que depende del Ministerio de Justicia, se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto, que generó repercusiones económicas y judiciales. La resolución, fechada el jueves 5 de junio, se centra en determinar si la publicación de Milei constituyó un acto oficial o una actividad privada, y si implicó el uso de recursos públicos o la promoción indebida de intereses particulares. El análisis se realizó en el marco de una investigación paralela en la Justicia Federal, donde la causa principal tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. “Dado que no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor Presidente de la Nación al respecto”, dice la resolución firmada por Melik. Además, destacó que “dicho posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada que no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas de ninguna naturaleza”. ¿Qué motivó la investigación? El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta personal de X un mensaje celebrando el lanzamiento de un proyecto privado que buscaba “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos” mediante el uso de la criptomoneda $LIBRA. El mensaje incluía enlaces al sitio web del proyecto y a la dirección del token en la plataforma Solana. Tras la publicación, la cotización del criptoactivo experimentó una suba abrupta y posterior caída, generando sospechas de maniobras especulativas y motivando denuncias de presunta estafa. La repercusión mediática y las denuncias judiciales, entre ellas la realizada por el ex diputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, llevaron a la OA a iniciar un expediente para determinar si existieron infracciones éticas por parte de funcionarios públicos. La OA recabó información de fuentes abiertas, declaraciones juradas patrimoniales, registros de audiencias públicas y respuestas de organismos estatales. Se analizaron los vínculos entre los funcionarios y las empresas o personas asociadas al proyecto, como KIP Protocol, Kelsier Ventures, Tech Forum SRL, y otros actores del ecosistema cripto. El expediente también examinó la situación de Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). ¿Cuáles fueron los argumentos principales de la OA? La OA sostuvo que la publicación de Milei en su cuenta personal no constituyó un acto oficial ni implicó el uso de recursos públicos. Citó doctrina comparada y fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la distinción entre actos personales y oficiales en redes sociales. Según la OA, “las cuentas personales —aunque utilizadas por funcionarios públicos— se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión, siempre que no comprometan recursos del Estado ni impliquen anuncios gubernamentales”. En este caso, concluyó que “la publicación sobre el proyecto 'Viva la Libertad Project' desde la cuenta en 'X' @JMilei no implicó una actividad gubernamental”. Además, la Secretaría de Comunicación y Medios informó que “no gestiona, maneja ni genera contenidos para la cuenta personal del Sr. Presidente”. La OA también verificó que no existían antecedentes de acciones de gobierno vinculadas al proyecto. ¿Qué se resolvió sobre otros funcionarios? Respecto de Sergio Daniel Morales, la OA determinó que no se apartó de las instrucciones sobre ética pública y conflicto de intereses durante su desempeño en la CNV. No obstante, recomendó a la CNV analizar la viabilidad de iniciar actuaciones administrativas para verificar si Morales utilizó información reservada en beneficio de intereses privados. ¿A quiénes afecta la decisión? La resolución afecta principalmente al Presidente Javier Milei, despejando cuestionamientos sobre su conducta ética. También involucra a Sergio Daniel Morales y a la CNV. ¿Por qué se tomó esta decisión? La OA fundamentó su decisión en la ausencia de actos administrativos, uso de recursos públicos o vínculos patrimoniales con el proyecto. Subrayó la importancia de distinguir entre la esfera personal y oficial en el uso de redes sociales. La investigación administrativa se mantendrá abierta a eventuales novedades que surjan de la causa penal en trámite en la justicia federal.
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