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Parana » Informe Digital
Fecha: 08/06/2025 07:50
El juez penal contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Casas, sobreseyó a su colega del mismo fuero, Karina Andrade, quien se vio envuelta en una fuerte controversia tras haber liberado de manera “expedita” a más de 110 personas detenidas durante las manifestaciones de los jubilados en el área del Congreso, el 12 de marzo, donde también participaron barras de fútbol y militantes políticos. Mediante el abogado Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, el Gobierno había denunciado penalmente a Andrade por la supuesta comisión de delitos como “prevaricato, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. A Andrade se la acusaba de “haber inventado” un procedimiento propio el pasado 12 de marzo, al hacerse “arrogar la facultad de entrometerse en las atribuciones del fiscal, sin conocer el caso y sin tener habilitada la jurisdicción por una controversia entre las partes, otorgando la libertad de los detenidos en flagrancia”. En su dictamen, el fiscal Maximiliano Vence acogió el pedido de la defensa y afirmó que la decisión tomada por Andrade “no obstruyó en nada a la fiscalía para continuar con la investigación respecto a los responsables de los hechos ocurridos”. Finalmente, en el fallo al que accedió PERFIL, el magistrado porteño Casas respaldó lo dictaminado por la fiscalía, determinando el sobreseimiento de Andrade, el archivo de la causa, y aclarando que la formación del caso no afecta la reputación y honor de la jueza. Precisamente ese día, en que la jueza decidió liberar a las 114 personas implicadas en los desmanes de la zona del Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo sufrió una herida en la cabeza provocada por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por un efectivo de Gendarmería Nacional. El impacto del objeto le causó a Grillo una cortadura en la cabeza, con fractura de cráneo, y lo mantuvo casi tres meses en terapia intensiva. Por este incidente, se inició una causa penal en Comodoro Py por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la dirección de la jueza María Romilda Servini. La familia de Grillo es representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como querellante en el expediente. Esta semana, cuando el fotógrafo fue dado de alta tras casi tres meses en terapia intensiva, sus abogados solicitaron a la Justicia que cite a declarar como imputado al gendarme Héctor Jesús Guerrero por los delitos de homicidio agravado por abuso funcional y el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
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