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Paraná » La Bitacora radio
Fecha: 05/06/2025 12:54
Una contundente denuncia penal ha sido presentada este miércoles 4 de junio de 2025 contra la actual intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), señalando a Mariano Gallegos, Ricardo García y Raúl Matías Sánchez como responsables de graves irregularidades que van desde la administración fraudulenta y malversación de caudales públicos hasta el abandono de persona. La acusación, que llega en un momento clave ante el inminente debate legislativo para transformar el IOSPER en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), expone un esquema de supuestas contrataciones directas con sobreprecios, a proveedores de Buenos Aires sin domicilio legal en la provincia ni cumplimiento de la Ley de Compre Provincial. La denuncia, patrocinada por los abogados Rafael Mariano Giampaolo y Rubén Pagliotto, destaca el «luctuoso caso» de Gustavo Godoy, un afiliado que falleció tras 12 días de espera por un marcapasos que nunca llegó, atribuido a «demoras inexcusables». Este hecho es señalado como un posible delito de abandono de persona, sumándose a las irregularidades en la contratación de cuatro proveedoras de prótesis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin licitación pública ni auditorías posteriores, cuyos precios duplican el valor habitual. Los denunciantes, Rubén Darío Albarenque, Graciela Susana Benavídez, José Reinaldo Colli, Sergio Daniel Fragazzini y María Angélica Pérez, han aportado documentación que incluye cuadros comparativos y cotejos de precios. Detalles de las Acusaciones contra la Intervención del IOSPER La denuncia penal, que recayó formalmente sobre el interventor Mariano Gallegos, el subinterventor Ricardo García y el director general de la intervención, Raúl Matías Sánchez, detalla una serie de supuestos delitos que reflejan un patrón de irregularidades en la gestión de la obra social. Entre los ilícitos señalados se encuentran la administración fraudulenta (art. 173° inc. 7 del Código Penal), malversación de caudales públicos (art. 260°), peculado (art. 261°), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265°), abuso de autoridad (art. 248°), violación de los deberes de funcionario público (art. 249°) y abandono de persona (art. 106°). El Caso Godoy: Un punto central de la denuncia es el «luctuoso caso del Sr. Gustavo Godoy», un afiliado del IOSPER que, según el escrito, perdió la vida tras 12 días de internación esperando un marcapasos que necesitaba con urgencia. La denuncia acusa a la intervención de «demoras inexcusables» que derivaron en la muerte de Godoy, y critica la «desfachatez y falta total de empatía» del interventor al trasladar la culpa a una empresa y argumentar que la causa del fallecimiento no se debió a la espera. El escrito subraya que «la negligencia de una obra social en proporcionar el tratamiento adecuado que lleva a la muerte de un afiliado podría ser considerada como un delito de abandono de persona o incluso como un homicidio culposo, dependiendo de las circunstancias específicas». Contrataciones Irregulares y Perjuicio al Patrimonio Público La denuncia detalla que se han verificado «graves y patentes irregularidades» en convenios suscriptos durante la intervención del IOSPER. Entre ellas, se destaca la ausencia de licitación pública para la selección de contratistas, a pesar de que los montos involucrados superan ampliamente los umbrales legales. Asimismo, se denuncia la contratación en dólares estadounidenses sin justificación legal ni base reglamentaria para insumos mayormente nacionales, exponiendo los recursos del IOSPER a la volatilidad cambiaria. Particularmente, se señala la existencia de «proveedores no inscriptos en el padrón oficial provincial, sin domicilio legal en Entre Ríos ni cumplimiento de la Ley 9353 de Compre Provincial». Esta ley, que busca privilegiar a los oferentes locales para dinamizar la economía y generar empleo, habría sido «incumplida flagrantemente». La acusación pone el foco en cuatro proveedores de prótesis de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de los cuales dos son MTG GROUP S.R.L. e IPMAG S.A., que habrían recibido pagos «sin auditoría posterior». Se destaca que estas firmas «carecen absolutamente de antecedentes» en la provincia y que, «casualmente (o causalmente)», de CABA provienen el señor Interventor y el Director/Gerente Raúl Sánchez. Además, se argumenta que estas firmas no estarían inscriptas en la ATER en relación al impuesto a los Ingresos Brutos en Entre Ríos. Contratación Directa Cuestionada Otro punto de la denuncia es una contratación directa por vía de excepción autorizada por el subinterventor Ricardo García a Hugo Moisés Hillairet, por un monto de $980.000, para «servicios de sonido, iluminación y streaming» de un evento que habría tenido lugar el 28 de abril de 2025. Esta autorización se habría realizado mediante una resolución que ordenó el pago anticipado de la factura, sin orden de compra previa. Impacto en la Salud Pública y Respaldo a la Denuncia Los abogados Giampaolo y Pagliotto, quienes ya habían anticipado acciones legales y no les «temblaría el pulso en denunciar a la actual administración», han enfatizado que la mala gestión del IOSPER no solo afecta a los afiliados directamente, sino que puede «repercutir en el sistema sanitario en general», provocando el colapso de las guardias hospitalarias cuando la obra social no cumple con sus prestaciones. La denuncia ha sido respaldada por un número significativo de jubilados, trabajadores y beneficiarios del IOSPER, quienes han manifestado su preocupación por la situación actual y denunciaron haber sufrido intentos de intimidación. Este acto judicial se produce en un momento de tensión, mientras el Poder Ejecutivo provincial busca aprobar la ley para transformar el IOSPER en la Obra Social de Entre Ríos (OSER), tras un proceso de intervención iniciado en diciembre. (Fuentes Varias)
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