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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 06/06/2025 13:23
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dialogó con RADIO CHAJARI, a propósito de las 174 cesantías que se concretaron en la administración pública provincial. En tanto, casi 300 expedientes están en proceso. Explicó que la provincia tiene un Régimen General, con el estatuto del empleado público enmarcado en la Ley 9755. En tanto, hay otros regímenes particulares, como el de Vialidad, Docentes y Policía. “Si hay algún tipo de incumplimiento de esos estatutos, la autoridad de nombramiento dispone iniciar el sumario administrativo. Una vez que termina, esa autoridad establece la sanción que correspondiere”, indicó. Dijo, además, que el gobierno de Rogelio Frigerio “le ha puesto especial atención a ese tema” y por eso se conocieron los datos sobre cesantías, exoneración y sumarios. Sobre los cesanteados, Rodríguez Signes comentó que “el 90 por ciento son por inasistencia al lugar de trabajo. Diez inasistencias injustificadas son causal de cesantía”. Hubo casos que superaron las 100 ausencias injustificadas. El cesanteado puedo, eventualmente, reingresar a la administración pública. Eso marca la diferencia con el exonerado, instancia que se produce cuando hay algún incumplimiento grave, como lo es un delito contra la administración pública. En este caso, queda vedado la posibilidad de volver a trabajar en el ámbito público. Admitió que “la autoridad de control falló también” y que en esos casos “se establece otro sumario a quien no controla”. El fiscal de Estado consideró que “los cambios de gobierno desnaturalizaron el ejercicio del poder disciplinario”. Al respecto, repasó los distintos gobiernos provinciales con relación a este tema. “A lo largo de todos estos años ese ejercicio de poder disciplinario ha sido oscilante. (Sergio) Montiel inició una determinada cantidad de sumarios, fue intenso en materia disciplinaria. (Jorge) Busti indultó a gran cantidad de agentes cesanteados en la primera época. (Mario) Moine aplicó una política que fue la de emergencia, despidió gente, se despidió gente por sumario. Luego, Busti retrocedió sobre los pasos de Moine, ablandó el ejercicio el poder disciplinario”, detalló. Aclaró que la Fiscalía sólo es la responsable del procedimiento. “No es la que inicia el sumario y dispone la sanción”, remarcó. “Hay un proyecto de reglamento de sumario administrativo nuevo donde se ordena esta cuestión. Creo que la Legislatura debe intervenir (…) Y cancelar la posibilidad de que el próximo gobierno revise lo que ha hecho el anterior en materia disciplinaria, sino se desnaturaliza. Es una injusticia, hay gente que trabaja y mucho y hay gente que no trabaja”, expresó. Por otra parte, reconoció que “la decisión administrativa siempre es revisable judicialmente”. No obstante, “el sumario le da derecho (al empleado) a defensa, a producir pruebas, es difícil que sea revertido judicialmente”. “Debe haber 300 expedientes. Este gobierno ha intensificado. Los Ministerios han decidido iniciar los sumarios, apuntó al respecto y resaltó que “las diez faltas injustificadas son causal de cesantía. No es una arbitrariedad ni una ocurrencia del actual gobierno. Está en la ley”, concluyó Rodríguez Signes.
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