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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 04/06/2025 17:33
El reciente intento del oficialismo local de destituir al concejal Lesik no fue otra cosa que una demostración de torpeza política e institucional. El expediente presentado ante el Honorable Concejo Deliberante por el concejal oficialista Roko, es ilegal e ilegítimo. Es violencia institucional querer remover, quitar de su lugar a un miembro del poder legislativo bajo la frase de inhabilidad moral, que, además, en los hechos, ya había sido abordado y resuelto por la Justicia de Faltas. No se trató de un “se archiva y acá no pasó nada”, como algunos quieren instalar. Lo que ocurrió fue grave: el oficialismo intentó forzar un procedimiento improcedente, violando principios básicos de la división de poderes y del debido proceso democrático. El concejal Lesik fue procesado, cumplió con las sanciones correspondientes y, por lo tanto, no hay argumento jurídico válido para removerlo de su cargo. Sin embargo, para el intendente Davico —guiado, según parece, por el asesoramiento errático y torpe de Luciano Garro— resulta intolerable aceptar una derrota política que, además, fue provocada por su propio espacio. Esta situación no es más que una señal de debilidad: cuando un poder ejecutivo intenta presionar a un cuerpo deliberativo para obtener resultados políticos a cualquier precio, no está respetando las instituciones democráticas. La votación que determinó el archivo del pedido fue contundente: no sólo votaron en contra del oficialismo los concejales del peronismo, sino también dos del propio oficialismo y representantes de La Libertad Avanza. Esa diversidad de voces expresando un límite común habla de una democracia saludable, que no se deja arrastrar por caprichos o revanchismos personales y/o internas políticas partidarias. La viceintendenta Julieta Carraza, abogada de profesión, insiste en remarcar el dato de la alcoholemia del concejal en el siniestro que dio origen al caso. ¿Acaso ignora que esa contravención ya fue juzgada y resuelta por el juez competente? ¿Desconoce que no es facultad del Concejo Deliberante avanzar sobre hechos juzgados ni destituir a un edil por causas que exceden su competencia? La insistencia en ese punto no sólo es errónea, sino que revela una peligrosa concepción del derecho y la institucionalidad. Y en medio de este escenario, cabe preguntarse con qué criterio el concejal Roko utiliza con tanta soltura la palabra "casta", cuando ha sido precisamente él quien, desde hace aproximadamente 25 años ininterrumpidamente, ha ocupado distintos cargos políticos vinculados al Estado. Consiguió adscripciones, bancas y cargos, algunos de los cuales ni siquiera cumplía con regularidad. Aún hoy, como concejal oficialista, su presencia y compromiso están lejos de ser ejemplares. Si hablar de “casta” implica señalar privilegios, acomodos y doble vara, sería sano empezar por revisar el propio espejo. La democracia se ejerce con votos, con responsabilidad y con respeto institucional. Cualquier intento de manipularla o forzar sus límites, tarde o temprano, se vuelve en contra de quienes la quieren domesticar. Nuestra responsabilidad es con la ciudadanía, con la legalidad y con el respeto a las instituciones. La democracia se ejerce con votos, no con operaciones ni presiones. MARÍA SIRA GHISI CONCEJAL MAS PARA ENTRE RÍOS GUALEGUAYCHÚ
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