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Concordia » El Heraldo
Fecha: 06/06/2025 05:57
La legisladora entrerriana considera que la creación de un nuevo régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad incorpora más estructura al sistema por lo que complica la posibilidad de resolver el estado de retraso permanente en los montos de las prestaciones. En contraposición, describió el proyecto presentado por el PRO que tien “un dictamen más razonable”. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa aprobada fue presentada por el legislador Daniel Arroyo de Unión por la Patria. De los 71 votos en contra que tuvo, uno perteneció a Nancy Ballejos que a través de una gacetilla explicó los motivos del rechazó al dictamen de mayoría que tuvo el respaldo de 149 legisladores. “El dictamen de mayoría propuesto por los diputados de Unión por la Patria, implica mucho más que la declaración de emergencia en discapacidad. Crea un nuevo régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad, sin mencionar de dónde se van a sacar los recursos para poder financiarlas”. Por lo que sostuvo que “lejos de solucionar el problema estructural, este dictamen incorpora más estructura al sistema, alejando aún más la posibilidad de solucionar el estado de retraso permanente en los montos de las prestaciones.” Además, Ballejos indicó que, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por las nuevas altas de estas Pensiones no contributivas se prevé una ampliación de la demanda que se incrementa de entre 500.000 a 950.000 los nuevos beneficiarios con un impacto fiscal equivalente al 0,42% del PBI. “Para tomar una dimensión de la desproporcionalidad de esa cantidad de pensiones por invalidez, ¡ni siquiera son números comparables a una guerra! En Ucrania, según datos publicados por la ONU, la Comisión de Expertos Médicos y Sociales de ese país otorgó en 2023 alrededor de 145.000 certificados de discapacidad por heridas de guerra2. Con este proyecto, se pretende otorgar ¡entre 3 y 6 veces esa cantidad! ¿Cuál sería la catástrofe que atravesó nuestro país para tener esos números de pensiones por invalidez?”, se pregunta. Debido a estas críticas, Ballejos mencionó que el PRO (Bloque al que pertenece) presentó “un dictamen más razonable” que consiste en una actualización del nomenclador de discapacidad por IPC (Índice de Precios del Consumidor) conforme a los datos publicados por el INDEC. Además, cuenta con un sistema agilizado de pagos para evitar retrasos burocráticos. Otros de los puntos que resalta la diputada entrerriana es que “se adapta el lenguaje de las leyes nacionales de discapacidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y facilita el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a través de trámites más ágiles de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”. Además, la iniciativa propone un régimen de fomento a la inclusión laboral “estableciendo más incentivos impositivos para los empleadores, porque creemos que es fundamental para el desarrollo de todas las personas poder acceder a un empleo digno y en igualdad de condiciones”. Por otra parte, Ballejos remarcó que el PRO exige la reglamentación del art. 26 de la ley 26.816 sobre empleo protegido, pendiente desde 2013. “Estos incentivos laborales tienen que ver con que sólo el 13% de las personas con discapacidad mayores de 14 años tiene empleo. Sin autonomía no hay dignidad, y sin trabajo no hay autonomía”. ¿De qué se trata el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados? Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos. También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816). Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”. En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”. Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”. Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.
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