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Colon » El Entre Rios
Fecha: 04/06/2025 16:30
Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen Un grupo de dirigentes políticos y gremiales denunció penalmente a los interventores del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), en medio del debate legislativo para convertirlo en la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Quienes se presentaron en Fiscalía enumeraron una serie de hechos que, sospechan, podrían encuadrar en delitos de corrupción.Con el patrocinio de los abogados Rafael Mariano Giampaolo y Rubén Pagliotto, los firmantes de la denuncia son Rubén Darío Albarenque, Graciela Susana Benavidez, José Reinaldo Colli, Sergio Daniel Fragazzini y María Angélica Pérez.La denuncia penal recayó contra el interventor Mariano Gallegos, el subinterventor Ricardo García, y el director general de la intervención, Raúl Matías Sánchez.Los supuestos delitos que denuncian son administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona.Sobre este último punto, en la denuncia se hace referencia al “luctuoso caso del Sr. Gustavo Godoy, afiliado a la sazón del Iosper, quien necesitando de urgencia un marcapasos para superar su problema cardiopático, debido a las demoras inexcusables de 12 días internado sin que llegara el aparato, perdió su vida. El marcapasos nunca llegó, trasladando el Interventor la culpa a una empresa que nunca lo envió, incluso, expresando con desfachatez y falta total de empatía que la causa del fallecimiento no se debió a la espera sino a otros motivos”.“En general, la negligencia de una obra social en proporcionar el tratamiento adecuado que lleva a la muerte de un afiliado podría ser considerada como un delito de abandono de persona o incluso como un homicidio culposo, dependiendo de las circunstancias específicas”, se advierte en el escrito que difundió APFDigital.Entre las irregularidades, también se manifiesta que “se ha verificado —con base en documentos públicos y observaciones técnicas calificadas— que convenios, suscriptos durante la intervención del IOSPER, presentan graves y patentes irregularidades, a saber: ausencia de licitación pública como modo de selección de contratistas, pese a que los montos involucrados en los mismos superan ampliamente los umbrales previstos en el Decreto 795/96 MEOSP y sus modificatorias; contratación en dólares estadounidenses sin justificación legal ni base reglamentaria, a pesar de tratarse de insumos en su mayoría nacionales, estando ello prohibido por las normas vigentes en la materia, sometiendo los recursos del IOSPER, que son de los afiliados y aportados por ellos, a las turbulencias macroeconómicas propias de un país con inflación y variabilidad cambiaria”.También mencionan la existencia de “proveedores no inscriptos en el padrón oficial provincial, sin domicilio legal en Entre Ríos ni cumplimiento de la Ley 9353 de Compra Provincial. Este incumplimiento flagrante se visualiza sin ningún esfuerzo, toda vez que la ley citada obliga a los organismos que ingresan a procesos de selección de contratistas que, a precios iguales, incluso que superen los de otras provincias hasta un tope de un 5%, se preferirá (derecho de preferencia) al oferente local, pues se privilegian las fuerzas productivas locales, como factores dinamizadores de la economía, generadores de trabajo y contribuyentes al erario provincial”.También plantean como irregular los pagos efectuados a dos de las cuatro empresas proveedoras de prótesis (MTG GROUP S.R.L – CUIT: 30- 71130163-8 e IPMAG S.A. – CUIT: 30-70802391-0), SIN AUDITORIA POSTERIOR”.En este último ítem, “lo más grosero, sin dudas, lo constituye el hecho irregular de que ninguno de los cuatro proveedores de prótesis de CABA siquiera constituyó domicilio en Entre Ríos, más allá de no estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, careciendo absolutamente de antecedentes y, peor aún, ignorando por qué razón o motivos de un universo tan numeroso de proveedores de prótesis u ortopedias en la República Argentina, resultaron beneficiadas estas cuatro firmas de CABA, de donde casualmente (o causalmente) provienen el señor Interventor y el Director/Gerente Raúl Sánchez, quien en los hechos funge de súper gerente, siendo de hecho un director más de la entidad”. Señalan.Según se argumenta en la denuncia, “las firmas no están inscriptas en la ATER en relación al impuesto a los Ingresos Brutos, por lo tanto deberían tener el alta en la Jurisdicción 908 en su formulario de Convenio Multilateral, con lo cual se incumple, además, con la presentación del certificado de libre deuda para poder percibir un cobro por parte de un organismo autárquico como lo es el IOSPER”.En el caso de García, lo denuncian por haber autorizado una contratación directa por vía de excepción a Hugo Moisés Hillairet, por $980.000, “por servicios de sonido, iluminación y streaming” de un evento que habría tenido lugar el 28 de abril de 2025, haciéndolo además a través del dictado de una resolución que ordena el pago anticipado de la factura Nº 00003-000000369, sin orden de compra previa.
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