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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 04/06/2025 16:24
Por Sebastián Cao y Ramiro Castiñeira (*) El reciente acuerdo con el FMI destaca la necesidad de avanzar con una reforma tributaria que permita reducir la presión impositiva en Argentina, por ser una de las más elevadas del mundo y entre los países emergentes en particular. El objetivo también es simplificar tanto su pago como recaudación, pero que además promueva la competencia fiscal entre provincias. Hoy casi inexistente ante el protagonismo del sistema de coparticipación. El informe del organismo resalta que actualmente existen 155 impuestos en Argentina, pero sólo 10 de ellos explican el 80% de toda la recaudación. IVA, Ganancias y Seguridad Social son los más relevantes a escala nacional, en tanto que Ingresos Brutos lo es a escala provincial. El Estado Argentino en sus tres niveles de Gobierno recauda cerca de 30% del PBI, pero en una economía que cerca de 1/3 se mantiene en la informalidad. Es decir, para el sector formal de la economía la presión impositiva equivale a 40% del PBI, superando con creces el promedio de los países miembros de la OCDE. Peor aún, Argentina suma el impuesto no legislado: la inflación, coronando al país entre los de mayor presión impositiva del mundo. La voracidad fiscal tornó inviable muchos negocios en Argentina que simplemente buscaron otros países para su desarrollo. Chile, Paraguay, Uruguay no tienen retenciones, no tienen impuesto al cheque, no tienen ingresos brutos. Recién ahora Argentina dejó de tener impuesto a la compra de divisas, conocido como impuesto PAIS. En Paraguay en particular, las alícuotas de IVA y Ganancias son ambas del 10%, frente al 21% y 35% respectivamente en Argentina. Dentro del Mercosur cambia notablemente la presión impositiva y muchos negocios se hacen viables con sólo cruzar la frontera. Entre las propuestas de reforma tributaria que usualmente se analizan, una de ellas es que las provincias recauden sus propios impuestos de IVA y Ganancias, favoreciendo la correspondencia fiscal, además de la competencia tributaria entre las provincias. Lo que sigue es un primer análisis de un potencial IVA provincial, además de compararlo contra un impuesto a las ventas finales, tal como se aplica en EEUU. El super IVA En el agregado de las 24 jurisdicciones, casi el 60% de los ingresos fiscales lo explican sólo dos tributos: el IVA coparticipado, y los recursos propios originados por Ingresos Brutos (IIBB). En general se observa que, a menores recursos de origen nacional por coparticipación, mayores son los ingresos provenientes del impuesto sobre los Ingresos brutos. En los extremos, la Ciudad de Buenos Aires se financia casi exclusivamente de los ingresos propios que recauda vía Ingresos Brutos, en tanto que la provincia de Formosa se financia casi exclusivamente de los recursos que gira la Nación vía coparticipación. En los últimos 20 años las provincias elevaron las alícuotas y el alcance del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), quizás el peor de los impuestos de todos nuestros tributos, cuyos efectos distorsivos fueron desarrollados en este informe. Su recaudación prácticamente se duplicó, pasando de 2,4% del PBI en 2004, a 4,1% del PBI el año pasado. Atento a lo distorsivo que es Ingresos Brutos, usualmente surge la propuesta de transferir una parte sustancial de la potestad del IVA a las distintas jurisdicciones. Es decir, que tengan la libertad de fijar la magnitud de la alícuota local, a cambio de que éstas erradiquen el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Al Gobierno Nacional no le generaría inconveniente alguno sobre sus finanzas. Para mantener la recaudación actual luego de la coparticipación, a la Nación le alcanzaría con una alícuota de IVA Nacional del 10%. Ahora bien, en las provincias la situación sería muy dispar, donde las jurisdicciones más beneficiadas por el actual esquema de coparticipación deberían imponer las alícuotas más altas de su IVA provincial, para mantener sus niveles actuales de recaudación provenientes del IVA e IIBB. A modo de ejemplo, mientras que la Ciudad de Buenos Aires podría eliminar ingresos brutos y reemplazarlo con un IVA provincial con una alícuota del 11% manteniendo estable la recaudación, la provincia de Formosa debería imponer una alícuota de hasta 49% de su IVA provincial para sostener sus ingresos actuales. La actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires tributaría un IVA total de 21%, compuesto de una alícuota del 10% nacional + 11% provincial, con el beneficio que no existiría más ingresos brutos. Pero en el caso de Formosa, la actividad económica tributaría un IVA total del 59%, compuesto de una alícuota del 10% de IVA nacional + una alícuota de 49% de IVA provincial. Recién con dicha alícuota la provincia erradicaría ingresos brutos y mantendría la recaudación que hoy le envía la Nación vía coparticipación. Por lo tanto, vale advertir que el problema no radica en el IVA provincial, sino en la completa falta de correspondencia fiscal. Es decir, que cada provincia se autofinancie. Son varias las provincias que viven más de los impuestos que se generan en otro rincón del país, que en su propia provincia. El sistema de coparticipación originalmente busca igualar la calidad y cantidad de los servicios públicos en todo el país. Pero su abuso lo transformó en dependencia absoluta y en una forma de vida, con Estados provinciales desproporcionados al tamaño de su propia economía, viviendo de los recursos que se generan lejos de sus propias fronteras administrativas. Sin volumen de negocios en sus provincias para sostener el actual tamaño del Estado, las alícuotas impositivas de un IVA provincial se disparan a niveles irrisorios en un ejercicio de reemplazar los ingresos que hoy llegan vía coparticipación. La sobredimensión de algunos Estados Provinciales es producto del actual sistema de coparticipación de impuestos. Los políticos locales se despreocupan de la vida económica de su propia provincia, total los recursos fiscales caen como un maná del cielo de la coparticipación. Nada es gratis. El que paga el costo de una desproporcionada coparticipación es la Provincia de Buenos Aires, generando un déficit fiscal estructural sobre sus finanzas, que "leyes especiales" no logran subsanar. Recuperar correspondencia fiscal en el país, sería para la Provincia de Buenos Aires recuperar recursos que hoy pierde en la coparticipación y la condena a un déficit estructural. Con correspondencia fiscal, la Provincia de Buenos Aires podría eliminar Ingresos Brutos y reemplazarlo por un IVA provincial del 13%. En el otro extremo, Formosa necesitaría una alícuota del 49% en su IVA provincial para reemplazar los ingresos que hoy le llegan por coparticipación e ingresos brutos. Recuperar la correspondencia fiscal otorgaría a la política local el sano incentivo para tener un Estado que se pueda financiar con recursos propios, en el marco de la competencia fiscal entre provincias que impedirían alícuotas irrisorias en sus tributos. Sales Tax Los problemas de avanzar con un IVA provincial no se limitan a la falta de la correspondencia fiscal en el país como punto de partida. La implementación de múltiples alícuotas provinciales en simultáneo con una alícuota nacional, bajo el sistema de débitos y créditos que plantea el IVA, podría generar una extrema complejidad administrativa que representaría todo un desafío tanto para las jurisdicciones como para los propios contribuyentes. En este sentido el impuesto a las ventas finales o “sales tax” como el que se aplica a nivel estatal en los Estados Unidos, se presenta como una alternativa superadora. Al igual que IIBB, el sales tax grava las ventas sin contemplar deducciones, pero a diferencia de este, sólo al consumidor final, evitando de esta forma el efecto cascada y todo el resto de los desincentivos económicos propios del IIBB. El sales tax es un tributo de administración y recaudación sencilla, que propicia la competencia fiscal entre provincias, y que genera los incentivos correctos para el desarrollo económico de éstas, atrayendo industrias y consumidores. En cualquier caso, más allá del sistema que se adopte, el Gobierno Nacional estará devolviendo a las provincias la potestad fiscal y la responsabilidad para trazar su propio camino de crecimiento económico. (*) Econométrica
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