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» El litoral Corrientes
Fecha: 04/06/2025 05:06
Por JORGE EDUARDO SIMONETTI Jorgesimonetti.com "Nos vamos haciendo cargo de más responsabilidades, pero con menos recursos" Gustavo Valdés, Gobernador de Corrientes Resulta necesario aclarar que la coparticipación que se distribuye a las provincias a través de índices establecidos por ley, no se trata de una concesión graciosa de la nación para con los estados locales. La Coparticipación Federal es un sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal, en virtud de una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir. En otros países, como por ejemplo Brasil, el recaudador es el estado local, quién le envía al estado federal su porción. Es decir, exactamente al revés. Obviamente, esta metodología es marcadamente más federal que la nuestra, dónde nuestro estado nacional maneja dichos recursos como si fueran propios. Se conoce como “coparticipación primaria”, la distribución entre estado nacional y provincias. La ley establece que el 56.66% corresponde a los estados locales, recursos que se remiten diariamente y en forma automática a los mismos. El 42,34% se los queda la nación y el 1% restante conforma el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que son discrecionales y que los distribuye el gobierno federal. La “coparticipación secundaria” es la que define los porcentajes que le toca a cada provincia del 56.66% que les corresponde en conjunto. “La Provincia de Corrientes es altamente dependiente de los recursos por coparticipación federal. La baja de los mismos, produce gran preocupación” Existen varias leyes que en la práctica modificaron el esquema general, mediante la creación de nuevos impuestos o fondos complementarios. Cierto es, nobleza obliga a reconocerlo, que en los últimos años las finanzas provinciales estuvieron bastante acomodadas, no sucedió lo propio en el nivel nacional. Obviamente ello amerita una explicación de sus causas que es materia para otro análisis. Independientemente de la justicia en la asignación de los porcentajes a cada provincia, lo cierto es que es un sistema casi imposible de modificar, porque necesita del acuerdo de todas a través de sus respectivas legislaturas. Y, lógicamente, sacarle porcentajes a algunas y fortalecer a otras es un campo minado. De igual modo, un parámetro a considerar es el monto promedio por habitante, que favorece a provincias con menor población y perjudica a las de mayor número de habitantes. La contrapartida de ello es que, la conformación geopolítica y económica de nuestro país, ha devenido en una nación con un cinturón central de provincias prósperas y con un norte pobre y alejado de los beneficios de una actividad económica privada activa. La consecuencia de ello es que las provincias centrales, y las petroleras y carboníferas, tienen una menor dependencia de los recursos por coparticipación federal, ya sea por una fuerte recaudación propia o por regalías. Esto así, provoca que los estados del norte, especialmente los del nordeste, son altamente dependientes de los recursos de coparticipación federal, por lo que va de suyo que cualquier movimiento en dichos ingresos, afecta grandemente a la administración y consecuentemente a la población. Vale señalar, particularmente, que las provincias norteñas son altamente dependientes de los recursos coparticipables, en una proporción promedio de 80%, contra un 20% de recaudación propia. Formosa es el caso más paradigmático, con un 90%. Corrientes, se estima, recauda sólo un 15% y el restante 85% viene de nación. Así las cosas, cualquier movimiento en el rubro “coparticipación federal” nos impacta fuertemente. Y como el hombre es el “yo y su circunstancia”, las administraciones provinciales no pueden escapar al contexto en que se desarrollan. Por poner un ejemplo: hoy en nuestra provincia los dineros destinados al pago de haberes públicos, magros por cierto, estimativamente apenas superan el 50% de los recursos totales. “Menos recursos impone un recorte de gastos, en sueldos o en obras y servicios. El postergado incremento salarial nos da una pauta del lado presupuestario en que se producirá” En los noventa, sobre todo en el segundo lustro, como consecuencia del 1 a 1, la nómina salarial equivalía al 130% del total de recursos, por lo que debió emitirse cuasimoneda para hacer frente a las obligaciones, lo que finalmente derivó en la crisis del 2001. Si bien la economía es la ciencia de la escasez, los gobernadores no escapan a esa lógica y deben administrar sus jurisdicciones con la inteligencia de una justa distribución, pero también de acuerdo a las necesidades de sus distritos. Hoy, y hace mucho tiempo, nuestra provincia paga en término los exiguos salarios públicos. También se advierte, en particular en esta administración, la realización de obras pequeñas y medianas, especialmente en la capital provincial. Sin embargo, sonó fuerte la campana de la disminución de los ingresos por coparticipación. Comparando mes contra mes de 2025 y 2024, la caída es de un 25% promedio. Un trabajo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) estima una caída promedio de la recaudación de un 4% para todo 2025, lo que representa una pérdida de casi $ 2.5 billones, equivalente al 0,3% del PBI. Los gobernadores se reúnen para analizar el impacto que tendrá esa baja sobre las cuentas provinciales. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) considera que la baja en la coparticipación neta estaría explicada por "el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias y el descenso de recaudación de IVA", dos tributos cuya recaudación está asociada a la actividad económica y el consumo y que caen mucho cuando se reduce la inflación, tal como está ocurriendo este año”. “Comienzan a verse los resultados de la política libertaria. Menos consumo trae menor recaudación. Las provincias afectadas por la disminución de la recaudación por IVA y Ganancias” Comienzan a verse en los distritos, las consecuencias de las políticas nacionales, que afectan el nivel de consumo de la gente, y consecuentemente la recaudación. A los gobernadores les queda la tarea de realizar los recortes necesarios para hacer frente a la baja de los ingresos, la fijación de prioridades. La tarea de Valdés será decidir si el recorte lo hace en función de los deprimidos salarios provinciales, la disminución del ritmo de obras, el “parate” de obras no indispensables, la mengua en la ostentosidad de fiestas y festivales, o de cualquier gasto que pueda evitarse con el menor daño posible. Ya resultó sintomático que el preanunciado aumento salarial de hace más de un mes, se venga postergando, y que el gobernador haya dicho con todas las letras que deben hacer más cosas con menos recursos. El otro tema que está en juego, que como producto de la política del “déficit cero”, la nación no invierte un solo peso para arreglar las rutas, lo que impacta en el movimiento de las provincias. También se tratará en la reunión de gobernadores. Como era de imaginar, el libertarismo gobernante atribuye la reunión en el CFI, a razones electorales. Debería caminar un poquito las provincias, sobre todo las de esta parte del país. Lo que extrañó fue el anuncio de Valdés de que no asistiría a la reunión porque debe participar de una fiesta en una localidad del interior. ¿Es temor por enojar a Milei?
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