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» Comercio y Justicia
Fecha: 05/06/2025 09:40
Por Consultora CIMA – Asuntos Públicos El 12 de noviembre de 2023, durante el segundo debate en la carrera presidencial, se encontraron cara a cara a los dos sobrevivientes de la primera vuelta electoral, y allí Javier Milei, el popularizado outsider de la política argentina, ratificó -a viva voz- la desregulación como el motor de su futura política económica. Al cumplirse un año de iniciada su gestión, el Presidente ratificaba su promesa electoral: celebraba haber combatido una economía maniatada de regulaciones, eliminando más de dos normativas en cada día de su primer año de mandato: así, “abrimos los cielos, desregulamos el transporte terrestre, eliminamos los precios máximos y las prohibiciones de exportación; derogamos la ley de góndolas, eliminamos los excesos de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) y las sociedades de gestión colectiva; habilitamos Internet satelital y aumentamos la competencia en el sector de medicamentos”, expresaba desde el sillón presidencial, acompañado de sus ministros. Al amplio catálogo de medidas, y políticas reglamentarias, impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las que se incluyen el dictado del DNU 70, le siguió también un centenar de proyectos de ley presentados por legisladores oficialistas y afines, con la vocación de avanzar en algún aspecto de la prometida desregulación. Entre tanta algarabía desregulatoria, la presentación del proyecto de ley de la diputada nacional Marcela Pagano, avanza aún más: propone eliminar la obligación de pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales, y contribuciones obligatorias que abonan los profesionales, reabriendo un debate hace ya mucho tiempo saldado en nuestro país, sobre la legitimidad, y potestad de los colegios profesionales en la Argentina. Con el objetivo de liberar a los profesionales de cargas económicas restrictivas para su libertad de trabajo, el proyecto de ley se enfrenta no sólo a una pacífica atribución de cientos de colegios profesionales sino también a una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema, que ya en 1957 -en el caso “Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción (Santa Fe) v. M.S.”- reconoció como facultad de las provincias que podía ser delegada en los colegios. El espíritu del proyecto es sin duda económico, pero no esconde su tenor ideológico, y esto queda en evidencia con la pública denuncia que hace sobre el alto costo de matrículas y la afectación al derecho de los trabajadores, presentando a los colegios, como barreras al desarrollo de miles de profesionales. El debate, en números Para entender el impacto del proyecto, es útil mirar las cifras. En Argentina hay aproximadamente 2,8 millones de profesionales universitarios activos. En Córdoba, esa cifra alcanza 180 mil profesionales, distribuidos en más de 30 colegios, consejos y asociaciones, entre los que se destaca el Colegio de Abogados de Córdoba, con más de 20 mil matriculados activos, seguido por el Colegio de Médicos de la Provincia, que reúne a unos 18 mil profesionales; el tercer lugar lo ocupa el Colegio de Arquitectos, con alrededor de nueve mil inscriptos. Los colegios cumplen una función pública, una función estatal, delegada por ley, regulan, fiscalizan, sancionan, garantizan la formación continua, y en algunos casos, hasta ofrecen seguros para sus profesionales. Eliminar la matrícula obligatoria atenta contra su capacidad de control y de financiamiento, pero también deja indefensos a miles de trabajadores. Este proyecto se presenta en contra del modelo argentino de organización profesional, que históricamente ha delegado en estas entidades el control del ejercicio, el aseguramiento de buenas prácticas y la defensa del interés público. Sin embargo, desde la perspectiva de muchos profesionales jóvenes, y trabajadores independientes, especialmente del interior del país, el modelo actual se percibe como oneroso, burocrático y centralizado. La matriculación no se traduce en beneficios concretos, y se adicionan reclamos por mayor transparencia institucional, perpetuación de autoridades, falta de transparencia, e indiferencia ante problemáticas reales. En estos argumentos encuentra fuerza y legitimidad este proyecto de ley, y se presenta como una respuesta a la crisis de legitimidad y atrofia burocrática que presentan estas instituciones, más interesadas en el cobro de aportes, que en la defensa de la profesión. Mirar para adelante ¿Desaparecen los colegios profesionales? No. Pero sí se abre una oportunidad, y una advertencia, que debe ser aprovechada, por profesionales, y por colegios, para generar nuevas y más creativas soluciones. La legitimidad de muchas instituciones se ve debilitada por la dinámica de los tiempos actuales. El debate está servido, y es una gran oportunidad para que los colegios, los profesionales, y el Estado, se sienten a construir un nuevo pacto profesional, más justo, más abierto y más democrático. El diálogo entre lo público y lo privado adquiere más vitalidad y vigencia que nunca, en un debate que involucra la libertad, las buenas intenciones y las deudas institucionales.
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