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Parana » Informe Digital
Fecha: 04/06/2025 00:48
Con el respaldo de Unión por la Patria (UxP), la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal y un grupo reducido de legisladores radicales, la oposición se alista para discutir y aprobar este miércoles en el Congreso el proyecto de ley que establece la Emergencia en Discapacidad. Su autor, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Daniel Arroyo, conversó con las periodistas de “Soy casta” acerca de los alcances de esta norma y también sobre la nueva ley en discapacidad, que será debatida en un futuro próximo, una vez superada la crisis, tal como adelantó el legislador. El proyecto de ley tiene como objetivo, en primer lugar, actualizar el nomenclador de prestaciones, un parámetro que determina los valores que abonan las obras sociales y prepagas por terapias, traslados y apoyos. “Actualmente, ningún profesional desea trabajar con estas tarifas, y las familias no pueden costear la diferencia“, advirtió durante el programa emitido por Bravo TV de lunes a viernes a las 19. Aparte de ser el autor del proyecto, Arroyo preside la comisión de discapacidad en Diputados. Arroyo enfatizó que el proyecto cuenta con amplio respaldo dentro de la oposición, lo que facilitaría alcanzar el quórum necesario para abrir el debate y votar su aprobación. Sin embargo, el oficialismo intentará obstaculizar el inicio de la sesión para evitar su consideración o, en caso de ser aprobada, el Ejecutivo estaría dispuesto a vetarla. Con el apoyo de varios bloques, el diputado consideró probable que se apruebe la ley y que el Gobierno “no tenga el estómago para vetarla”. El proyecto —que ya cuenta con dictamen en varias comisiones— presenta tres ejes: la recomposición del nomenclador basándose en diciembre de 2023 más inflación; auditorías con criterios claros y “sin revictimización”; y la garantía de acceso real a pensiones por discapacidad. “Un acompañante actualmente gana tres mil pesos por hora y un transportista recibe 541 pesos por litro de nafta. Con estos números, el sistema es inviable”, afirmó. Arroyo también denunció que el Gobierno nacional “decidió maltratar” al colectivo de personas con discapacidad al enviar 300 mil cartas documento exigiendo nuevos estudios, incluso a quienes tienen condiciones congénitas. En Argentina hay cinco millones de personas con discapacidad, de las cuales más de un millón reciben pensiones. El legislador añadió que la idea es superar la crisis en discapacidad para posteriormente avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley que reemplace la actual norma reguladora del sector, que data de 1981. Su articulado tendrá un alcance mucho mayor que el que se discutirá este miércoles. “Antes de debatir una nueva ley estructural hay que frenar la emergencia”, resumió. Finalmente, criticó la reciente auditoría masiva promovida por el Gobierno y la resolución oficial donde se emplearon términos como “idiota” y “débil mental”, que ya ha sido derogada. “No se puede experimentar con personas. No es un laboratorio”, afirmó. “El sistema está quebrado, y el nomenclador es su termómetro más brutal”, insistió. En cada cifra que no se actualiza, en cada sesión que se reduce, en cada familia que ya no llega, se juega la dignidad de miles de personas, según lo tratado en el programa. LB / FPT
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