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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 03/06/2025 11:43
Por Osvaldo Bodean (*) Fue un error, pensé. Siendo así, ni bien lo adviertan, lo van a enmendar. Errar es propio de la condición humana. Si lo sabremos los periodistas, tan humanos que somos, tan falibles, expuestos a equivocarnos a diario y, encima, en público. También son humanas nuestras autoridades, me dije, y al error le seguirá la corrección. Pero pasaron las horas, pasaron los días, y la equivocación sigue allí, publicada en el sitio oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. ¿De qué hablamos? La semana pasada el gobierno de Entre Ríos hizo llegar a los periodistas un durísimo comunicado en el que el Ministro Néstor Roncaglia denunciaba haber sido víctima de una “información falsa” que lo había afectado en su “honorabilidad”. Hasta allí, nada que reprochar. Replicar una noticia que se valora como errónea o falaz es un derecho que le asiste a todo ciudadano. Es más, también cabe la posibilidad de que el injuriado por una “fake news” recurra a los tribunales y denuncie al autor, confiando en que las instituciones judiciales dirimirán la cuestión y condenarán o absolverán según corresponda. De eso se trata el Estado de Derecho. Pero la réplica del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, que hasta este lunes seguía publicada en su página oficial, fue mucho más lejos que la identificación del medio y del periodista. ¡También incluyó su dirección postal y hasta su número de teléfono celular! Y esto sí que es un exceso. ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué? ¿Es legal tal comportamiento? ¿Es legítima defensa o sería más bien exceso de legítima defensa? La Policía de Entre Ríos, que depende del Ministro Néstor Roncaglia, a diario envía a los medios de comunicación detalles de los operativos, en los que son apresados presuntos autores de delitos de toda calaña: robos, abusos sexuales, estafas, violaciones, etc. En algunos casos, esas “gacetillas” ni siquiera revelan nombre y apellido del detenido. En otros, el aprehendido es identificado, pero jamás he visto que la información policial incluyera el número de teléfono celular de alguno de ellos. ¿Por qué las fuerzas de seguridad y la Justicia NO dan a conocer datos privados, dirección, teléfono, de los acusados? Muy simple. Porque no corresponde desde ningún punto de vista, empezando por el legal, atento a que hay una categoría de datos que son personales, privados, constitucionalmente protegidos. Entonces, ¿por qué si la policía y la justicia tienen tal recaudo, a contramano de ello, el Ministerio de Seguridad y Justicia ha dado a publicidad –y sigue dando a publicidad- datos privados de un periodista, presuntamente autor de una información falsa? A quien crea que esta nota de opinión constituye una defensa corporativa, nada más alejado de ello. Los medios y los periodistas cometemos errores y estamos expuestos a que se nos cuestione por ello, a que quien se sienta afectado replique o nos denuncie en los tribunales. Y, si en efecto hemos faltado a los principios de veracidad de tan hermosa profesión -que nos aprestamos a celebrar el próximo 7 de junio-, que caiga sobre nosotros todo el rigor de la ley. Pero acá estamos frente a algo muy distinto, tan distinto que ni siquiera se le aplica a presuntos violadores: la publicación de datos privados de un “acusado” efectuada por un Ministerio que es responsable de la Seguridad y de la Justicia. ¿Han medido las consecuencias? ¿Qué pasaría si este periodista, en un contexto signado por la invitación presidencial a odiar más, resultara atacado por alguien que procese esa “data” como una incitación a hacer justicia por mano propia? Uno se resiste a pensar que este exceso de fuerza en la legítima defensa por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia –por definirlo de alguna manera- pretenda disciplinar a todo el periodismo entrerriano. No sería una actitud propia de un gobierno provincial que se ha mostrado respetuoso del trabajo periodístico y que incluso ha impulsado y aprobado una ley de acceso a la información pública. Tampoco le conocemos al gobernador Rogelio Frigerio reacciones contrarias a las libertades y derechos fundamentales. Es más, nos consta que ha llegado al gobierno enarbolando las banderas de la república, entre las cuales están la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y también el derecho a la privacidad. ¿Se explica lo ocurrido –otra vez aparece la condición humana en juego- por un ataque de furia, por el enojo de una persona que se sintió agraviada, aunque no pueda ser validado como justificativo? De ser así, pasada la “calentura”, haría bien el gobierno en revisar lo hecho y borrar del sitio oficial los datos privados. Sería un gesto que nos invitaría a pensar que algo así no se repetirá. Lo que está mal, me enseñaban mis padres, lo está siempre, con independencia de quién lo haga. Dicho de otro modo, lo que está mal, está mal. Punto. Sufrimos los escraches a periodistas efectuados por el kirchnerismo. Aquello sí que estuvo mal. Los enfrentamos. También está mal, salvando las distancias, lo ocurrido con este desafortunado comunicado del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Ojalá sepan las autoridades ponderar este ejercicio de crítica bien intencionada, respetuosa y absolutamente frontal, con firma al pie, sin ningún parecido con el anonimato de los ejércitos de trolls que denigran a diestra y siniestra. (*) Publicado en El Entre Ríos de Colón.
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