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» Santo Tome al dia
Fecha: 02/06/2025 03:19
El estado de las rutas nacionales volvió al centro de la discusión pública tras los recientes reclamos de varios gobernadores por la falta de obra pública. Según el último Informe de Siniestralidad Vial del Gobierno Nacional, durante 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales ocurrieron en rutas nacionales. En este contexto, mandatarios provinciales demandan al Ejecutivo acciones urgentes para la reparación y mantenimiento de caminos clave para la circulación de personas y mercaderías. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, expresó: “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”. A través de sus redes sociales, denunció el mal estado de rutas como la 22, 23, 40 y 151 y cuestionó el destino de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles. Desde Santa Fe, Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, también señaló deficiencias en baches, iluminación y desmalezado. “Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, afirmó en declaraciones radiales. Mientras tanto, el Gobierno nacional impulsa un plan para cerrar Corredores Viales S.A. y privatizar cerca de 14 mil kilómetros de rutas. Bajo la Dirección Nacional de Vialidad, ya se iniciaron audiencias públicas para concesionar 9.342 kilómetros de caminos, incluyendo tramos estratégicos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Entre las provincias que avanzaron con soluciones propias, Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo, firmó un acuerdo para hacerse cargo del mantenimiento de 235 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo sectores de las rutas 7, 143 y 40. El convenio le permitirá a la provincia financiar las obras a través de peajes o reclamando reembolsos al Estado nacional. La estrategia de privatización del Gobierno plantea que las concesiones se otorguen sin subsidios estatales, en un intento por cambiar el esquema de financiación anterior considerado deficitario. El resultado de las audiencias y el proceso de licitación definirán un nuevo escenario para la infraestructura vial en el país.
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